Obtener la nacionalidad española de la mano de Pedro Sánchez se ha puesto muy barata. Mientras Europa mira de reojo la triquiñuela electoral del Gobierno, los consulados y las dependencias administrativas estatales están colapsados ante la avalancha de peticiones que se han acercado al millón y medio. Lo que es perfectamente descriptible es la intención gubernamental de inflar exageradamente el censo y, lo que es más sospechoso, «a toda prisa y sin consenso». A estas alturas, tras conocer el pelaje en los antecedentes del sanchismo, ¿alguien está dispuesto a conceder el beneficio de la duda?.
La impresión general es que la «magnitud» de las nacionalizaciones con plazos superajustados conlleva gato encerrado. Sin más. Sobre todo, cuando es la propia Policía Nacional, a través del sindicato JUPOL, la que denuncia un «fraude masivo» en la regularización de migrantes. Y añaden: «Las mafias han hecho su agosto… Estamos ante un proceso apocalíptico…». El llamado «efecto llamada» está funcionando a velocidad de crucero. Conceder y adquirir la nacionalidad de un Estado concreto es algo particular, personal, ad hominem, con nombres, apellidos, historial y antecedentes. El resto es sumamente peligroso, como viene apuntando la propia Unión Europea. Y esa deriva «masiva» es, justamente, lo que preocupa a unos y a otros. No solo a la Policía, que ha puesto el dedo en una llaga sangrante. También diplomáticos y expertos juristas en materia de regularizaciones.
Pregunta inocente. ¿Qué «empresas externas» están llevando a cabo la gestión de la ley de nietos? Porque la mera sospecha podría quedarse corta si se tiene en cuenta los avales con los que acreditan la gestión «limpia» (sic) del Gobierno sanchista, en un asunto, además, que crea descriptible alarma social. Desde hace mucho tiempo, un pequeño grupo de expertos en estas materias lleva alertando sobre la malicia de un cambio abrupto en el censo al que se incorporarán no menos de tres millones de nuevos votantes. Lo alarmante no puede ser la sospecha fundada, sino los hechos fehacientes y a la vista. Esto me recuerda aquella corrupción en los casos de Ábalos, Cerdán, Zapatero, la SEPI y un largo etcétera.
Se lo tomaban a chacota los sanchistas entre carcajadas. Visto lo comprobado, ¿cómo podemos fiarnos de estos tipos? Por qué han enviado a Argentina como agente electoral a Paco Salazar, o a un desconocido senador que ejerce de la misma guisa que el anterior en la isla de Cuba.
Los españoles no tenemos nada contra los migrantes; todo lo contrario. Pero regularizados, en orden, trabajando y pagando impuestos. Nadie entendería otra cosa. Mero sentido común.
GRACIANO PALOMO
Publicado en OKdiario el 4.7.2026
