Se ha colado en la agenda pública la propuesta relativa a la creación de una red de supermercados públicos. En las declaraciones formuladas a los medios, justifican su iniciativa en la necesidad de atajar la subida de precios de la cesta de la compra de la que responsabilizan, principalmente, al presidente de Mercadona, Juan Roig. Consideran que ha configurado una suerte de oligopolio, especulando así con los precios de los alimentos.
Dejando a un lado tanto el clásico debate sobre la eficiencia y competencia que genera el sector privado como el rechazo que la propuesta ha causado en los actores del sector alimentario, en términos regulatorios la creación de una cadena pública de supermercados no plantea, a priori, objeciones. El concepto de empresa pública asociado a muy diversos sectores de la actividad económica desde el transporte, la energía o los propios medios de comunicación no es novedad, como tampoco lo es el caso de establecimientos alimentarios. Ya se han conocido en otra época experiencias de centros como los valencianos Jobac, en manos de Mercasa, o la cadena Dirsa, gestionada —eso sí, durante un breve periodo de tiempo— por Tabacalera.
Ahora bien, toda acción administrativa requiere una motivación y explicación. Sin entrar en sofisticados argumentos técnicos, la creación de una empresa pública, en cuanto que supone un modo de intervención de la Administración en la economía, tiene como fin primordial suplir necesidades de interés público y garantizar determinados productos o servicios. La constitución de una empresa pública no está orientada, sin más, a combatir los supuestos pingües beneficios que está obteniendo una determinada compañía privada. La Administración tiene otros mecanismos jurídicos para evitar posiciones dominantes de mercado, si fuera el caso. Los precios de los alimentos y la inflación de costes es una cuestión de enorme calado y preocupación para la sociedad que exige de un conjunto de medidas legales y económicas articuladas. El problema no puede resolverse con acciones tendentes a la demonización de un concreto empresario.
JESÚS AVEZUELA CÁRCEL
Director general de la Fundación Pablo VI
