A primera impresión da la sensación de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha metido en un buen berenjenal. El fiscal general, que se sepa, es el encargado de vigilar que se cumple la ley. Y hete aquí que aún presume de haberla violado.
Es tremenda la declaración de la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid subrayando que recibió una orden directa de García Ortiz –es decir, de su jefe supremo en el Ministerio Fiscal– para que filtrara los datos fiscales del novio de la presidenta Ayuso, sabiendo que era un acto ilícito. No hay que ser muy listo ni muy malpensado para concluir que, a su vez, al fiscal general esa orden le llegó del Gobierno, al que debe el cargo. Se supone que Ortiz lee la prensa y, por lo tanto, conocía de antemano el quilombo en torno a este tema.
¿Objetivo? Poner políticamente contra las cuerdas a la bestia negra de Pedro Sánchez, esto es, Isabel Díaz Ayuso. Dos cuestiones saltan inmediatamente. La primera, que el Gobierno está dispuesto a todo en su favor político y a la hora de destruir a sus adversarios. La segunda, que nada menos que tenemos todo un fiscal general utilizando su cargo para favorecer políticamente a la persona que le ha nombrado.
¿Se imaginan algo similar en Francia, Alemania o Estados Unidos? ¿Qué confianza puede tener el ciudadano normal en esa institución, si su titular actúa presuntamente delinquiendo? ¡Un auténtico escándalo! Se supone que si la cuestión se confirma y García Ortiz es sentado en el banquillo por el Tribunal Supremo, Europa se enterará de ello y tomará cartas en el asunto, más que nada para comprobar cómo funciona la Justicia en un país miembro bajo el mandato de un presidente y un partido concretos.
Jamás, en casi medio siglo de ejercicio profesional ininterrumpido, había visto algo similar. Y empecé mi carrera como periodista cuando la democracia ya había echado raíces en España. O eso creía…
GRACIANO PALOMO
Publicado en OKdiario el 16.6.2024
