El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años a la que la sanidad pública ha quitado la vida, marca un antes y un después en la historia reciente de España.
No estamos ante un caso aislado. Estamos ante la evidencia de un sistema que ha fallado en lo más básico: proteger a quien más lo necesitaba. La muerte de Noelia no es solo una tragedia personal, es el reflejo de una legislación que ha abierto la puerta a que el Estado abandone a los más vulnerables en lugar de cuidarlos.
Se ha querido presentar su eutanasia como un triunfo de la libertad. Pero ¿qué libertad puede haber cuando una persona con un grave historial psiquiátrico no recibe tratamiento y, aun así, se le ofrece la muerte como solución? ¿Qué libertad hay cuando el sistema no garantiza todas las alternativas de ayuda antes de dar el paso irreversible?
La realidad es mucho más incómoda. Lo que este caso ha puesto sobre la mesa es un modelo que prioriza eliminar el sufrimiento eliminando a quien sufre. Un modelo que, lejos de reforzar la protección, normaliza el abandono.
Noelia tenía una discapacidad reconocida por enfermedad mental antes de su caída. Su problema era, ante todo, psiquiátrico. Sin embargo, no estaba recibiendo tratamiento. Y aun así, el sistema consideró que podía morir. Este hecho, por sí solo, debería hacernos reflexionar profundamente sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad.
Pero este caso ha abierto además un debate aún más inquietante: el de la relación entre eutanasia y donación de órganos. En el proceso de Noelia, la propia médico que tramitó la eutanasia era coordinadora de trasplantes, y fue ella quien dejó por escrito la voluntad de donar órganos en la solicitud. Aunque finalmente esa donación no se llevó a cabo, lo ocurrido ha puesto en cuestión las garantías reales de separación entre ambos procesos y ha encendido todas las alarmas sobre posibles conflictos de intereses en decisiones de vida o muerte.
Más grave aún es comprobar cómo las garantías del sistema pueden reducirse, en la práctica, a un único informe. Cómo decisiones de esta magnitud pueden depender de procesos en los que no siempre se asegura una valoración real, completa y directa del paciente. Cuando esto ocurre, ya no estamos ante un sistema garantista, sino ante un mecanismo que puede fallar.
Y cuando un sistema que debe proteger la vida falla, las consecuencias son irreversibles.
Sin embargo, este caso también ha dejado una consecuencia jurídica de enorme relevancia. Por primera vez, los tribunales han reconocido que la familia puede recurrir una eutanasia. Hasta ahora, la ley solo permitía recurrir cuando se denegaba, pero no cuando se concedía. Hoy sabemos que la decisión de morir no es solo individual, que afecta profundamente al entorno más cercano, y que los familiares tienen derecho a defender la vida de los suyos en los tribunales.
Han intentado convencernos de que esto es progreso. De que esto es compasión. Pero no lo es. La verdadera compasión consiste en acompañar, en tratar, en cuidar, en no rendirse ante el sufrimiento ajeno.
Lo que hemos visto en este caso es justo lo contrario.
España se enfrenta ahora a una decisión moral de enorme calado. O seguimos avanzando hacia un modelo en el que la muerte se convierte en respuesta a la vulnerabilidad, o recuperamos el compromiso con la vida, con la dignidad y con el deber de proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos.
El caso de Noelia ha despertado conciencias. Ha hecho que muchos se pregunten si realmente este es el camino que queremos seguir.
Y quizá ahí resida su mayor trascendencia.
Porque su historia no puede quedar en el olvido. Porque su muerte no puede ser en vano.
Es el momento de decir basta. De exigir garantías reales. De reclamar una legislación que no abandone, sino que proteja.
Es el momento de defender, sin complejos, el derecho a la vida.
POLONIA CASTELLANOS
Presidenta de Abogados Cristianos
