El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy presentar este recurso al Tribunal Constitucional.
En su escrito, el Gobierno autonómico considera que hasta 11 apartados de 8 artículos y una disposición final van contra la Constitución Española.
El Ejecutivo regional estima que la nueva norma en vigor se extralimita en la interpretación de la jurisdicción del Estado en la materia.
Además, se recalca como defensa de sus intereses una excesiva regulación estatal o su definición sobre zonas tensionadas.
19 de julio 2023.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido, en su reunión de hoy, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional -TC- contra la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno central este año y que entró en vigor en mayo pasado. El Ejecutivo madrileño adopta esta medida de acudir al alto tribunal al considerar que varios de sus artículos invaden competencias recogidas en su Estatuto de Autonomía.
La Comunidad de Madrid, con el respaldo de su Abogacía General, estima también que la nueva Ley de Vivienda se extralimita en la interpretación de las materias sobre las que el Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española, tiene competencia.
El Gobierno madrileño defiende que existen argumentos para sostener la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de 8 artículos de dicha norma estatal y también de una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.
Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el TC inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas están legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía.
Foto: Comunidad de Madrid
