El consejero de Vivienda demanda que no se suscite mayor incertidumbre a un mercado ya de por sí tensionado.
El Ejecutivo regional pide una mayor concreción en esta materia para generar confianza en el sector.
Critica que se haya perdido la oportunidad de fomentar la mediación en los contratos a cambio de garantizar o financiar el pago de las rentas.
31 de marzo de 2020.- La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central mayor rigor y prudencia sobre las medidas que ha adoptado en materia de alquiler, que permitirían retrasar los pagos a aquellos inquilinos perjudicados por el coronavirus (COVID-19).
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha solicitado una mayor concreción en este sentido, para generar confianza y certidumbre en este sector, en lugar de anunciar nuevas medidas que rompan el equilibrio entre las partes y desprotegiendo a una de ellas.
En opinión del titular de Vivienda madrileño, “no se pueden anunciar créditos sin justificar pormenorizadamente su modelo de financiación”. “Mencionan entre sus medidas que estos créditos se financiarán con cargo al Plan de Vivienda y con los microcréditos del ICO, pero el actual Plan 2018-2021 está ya comprometido, y los créditos del ICO ya se encuentran contemplados en el primer Real Decreto”, ha explicado Pérez, quien ha considerado “imprescindible justificar de dónde saldrá la financiación”.
“Estas medidas trasladan el endeudamiento de los inquilinos a futuro y cargan en los arrendadores profesionales el esfuerzo de este momento, asumiendo el coste de la devolución a futuro”, ha afirmado el consejero, que ha lamentado la oportunidad perdida por parte del Gobierno central de fomentar la mediación en los contratos a cambio de garantizar o financiar el pago de las rentas, contribuyendo a reducir el precio de los arrendamientos y no consolidando los actuales.
Pérez ha censurado igualmente que se hayan anunciado ayudas “sin dar certeza a los afectados de cuándo comenzarán a recibirlas. En este punto, ha alertado sobre la posibilidad de que el Estado traslade, una vez más, la carga administrativa a las entidades financieras que gestionen los créditos ICO, “pero mientras no haya una mayor concreción, las situaciones podrán llegar a ser límite en numerosos casos”.
“Estas decisiones, tal y como señalan los gestores de arrendamiento, supondrán que la moratoria y la devolución en el tiempo correrá a cargo de estos, sin explicar el Gobierno central razonadamente el criterio patrimonial, que en muchos casos afecta a pequeños ahorradores a los que solo generará mayor morosidad en el futuro”, ha concluido el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
