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La Comunidad de Madrid aumenta un 7% la inversión para garantizar la asistencia jurídica gratuita en la región

marzo 8, 2022
in Portada, JUSTICIA, ACTUALIDAD, Madrid
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El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las subvenciones dirigidas a los colegios de abogados y procuradores.

El presupuesto destinado por el Gobierno autonómico asciende a un total de 46 millones de euros para 2022.

Entre las principales actuaciones están el turno de oficio, asistencia letrada y jurídica al detenido o tramitación de expedientes.

23 de febrero 2022.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy el visto bueno a una inversión de 46 millones de euros para garantizar en 2022 la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de la región, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior.

Este presupuesto se articula a través de dos subvenciones directas. La primera, de manera conjunta -por un importe de 40,4 millones de euros-, está destinada a los ilustres colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, que cuenta con un montante de 5,6 millones de euros, va dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Estas ayudas se destinan a la retribución de las actuaciones profesionales del turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido y gratuita, así como a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales.

Los pagos para el ICAM y el ICAAH se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ambos. Los que recibe el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, por medio del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, como entidad colaboradora.

De esta forma, la Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica a todos aquellos ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes y protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española.

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