El Consejo de Gobierno aprueba este gasto que inicia la dotación presupuestaria de este año al fondo patrimonial de la Agencia.
Esta Agencia regional es la entidad tutelar más grande de España, con casi 3.500 personas a su cargo.
Tiene 2.956 tutelas permanentes y 49 provisionales, 447 curatelas y 25 administraciones provisionales.
Hay 350.000 euros para fomentar la autonomía personal y promover la accesibilidad a personas con discapacidad y vulnerabilidad social.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha autorizado un gasto de más de 3,5 millones de euros (3.584.310 euros) como primera aportación en 2019 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), entidad regional que trabaja para proteger a las personas cuya capacidad ha sido modificada judicialmente por una enfermedad o discapacidad. En total, el presupuesto de la AMTA para 2019 es de 8,9 millones de euros.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad tutelar más grande de España. Cuenta con entidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, y se encarga de prestar asistencia y protección social y jurídica a personas residentes en la región cuya capacidad ha sido modificada judicialmente y no tienen familiares idóneos para hacerse cargo de ellos.
En la actualidad, la AMTA asume un total de 3.428 cargos tutelares, de los que 2.906 son tutelas, 49 tutelas provisionales, 451 curatelas y 22 administraciones provisionales. El 75 % de estas personas tuteladas por la AMTA residen en diferentes centros, mientras que el 25 % restante permanece en domicilios.
Los usuarios de este servicio de tutela son mayoritariamente hombres (un 52 %), y un 39 % tienen entre 51 y 70 años. Además, la mayoría de ellos son personas que apenas cuentan con recursos económicos, de hecho, un 65 % ingresan menos de 10.000 euros anuales.
Ayudas para el fomento de la autonomía personal
El Consejo de Gobierno regional también ha acordado autorizar un gasto de 350.000 euros para financiar, durante este año, ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a
personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. En 2018, se
concedieron 274 ayudas a través de esta convocatoria de ayudas.
En concreto, estas ayudas van dirigidas a sufragar, total o parcialmente, los gastos derivados de la movilidad (desplazamientos en taxi con fines formativos o de inserción laboral o adaptación de vehículos a motor); adquisición de productos de apoyo para personas con discapacidad física y motora y/o sensorial con problemas específicos de comunicación y con déficit visual y/o auditivo; ayudas para la adquisición de audífonos u otros dispositivos análogos; y para la instalación de alarmas en viviendas para personas sordas (indicadores luminosos de llamadas o avisadores luminosos de timbre o telefonillo).
Además, estas ayudas también se extienden a la adquisición de camas articuladas; colchones antiescaras y equipos postulares; elevadores de bañera; sillas especiales de ducha; grúas y plataforma o salvaescaleras para la vivienda habitual.
