HazteOir.org acusa a la Generalidad de Cataluña de imponer el pensamiento único, sancionar al disidente y crear un “poder judicial paralelo”.
En estos términos se pronuncia el recurso de alzada presentado por el letrado de la asociación, Javier María Pérez-Roldán, contra la resolución del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia que impone una sanción de 1.700 euros por llevar el #HOBUS a tierras catalanas.
En el escrito presentado contra la resolución del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se afirma también que “la Administración no explica porque el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Lo dice la Biología. Respeto para todos, no al bullying’ comporta aislamiento, rechazo o menosprecio público, notorio y explícito de personas por causa de la orientación sexual”.
Igualmente, el abogado recuerda al Gobierno de la Generalidad que son ya tres las resoluciones judiciales que han archivado denuncias contra el autobús que denuncia el adoctrinamiento LGTBI en las aulas y defiende el derecho de los niños a no ser manipulados.
Los hechos que han dado lugar al procedimiento administrativo contra HazteOir.org se remontan al 17 de marzo, fecha en la que la policía autonómica catalana retuvo el autobús en la A-2 y obligó a la asociación a borrar los mensajes vinilados en el exterior del #HOBus así como el lema y las siluetas de un niño y una niña. La resolución de la Generalidad catalana afirma que el autobús difundía “un mensaje discriminatorio hacia las personas transgénero e intersexuales” y califica de “discriminación múltiple” sus lemas.
Al conocer la resolución de la Generalidad el 11 de diciembre pasado, HazteOir.org ya emitió un comunicado afirmando que no iba a “pagar un euro por decir la verdad”.
“Las actuaciones administrativas deben ser archivadas, pues son más una manifestación de persecución al disidente que un ejercicio democrático del poder administrativo en la búsqueda del bien común”, asevera el abogado Pérez-Roldán,
“Mi representada inició su campaña para demostrar el perfil totalitario, en la educación, de determinadas leyes, y parece evidente que las actuaciones seguidas contra ella dieron buena prueba de este perfil”, concluye el letrado.
