El gobierno apela a la «urgencia» y no dudará en usar la fuerza.
Casi 30.000 personas piden que se respete la sacralidad del templo y se deje de amenazar a los monjes que exigen que se respete la sacralidad del lugar y el descanso de los difuntos.
Ignacio Arsuaga: “Entrar a la fuerza en un recinto religioso vulnera la libertad religiosa reconocida en la Constitución española. Hacerlo es una ilegalidad por mucho que el Gobierno desee cobrarse una revancha histórica y por mucho que crea que un acto tan vil puede ayudarle electoralmente”.
El Gobierno, casi en funciones de Pedro Sánchez, quiere preparar la campaña del 28-A con el ‘trofeo’ de la exhumación de Franco sin importarle la ilegalidad que pueda cometer.
El equipo de Pedro Sánchez tiene preparado un plan para profanar el templo del Valle de los Caídos sin importarle que no tiene el permiso de la familia para trasladar los restos ni de los monjes benedictinos que custodian el templo y quieren que se respete la santidad del lugar y el descanso de los muertos.
Casi 30.000 personas en sólo cuatro días se han sumado a la campaña difundida a través de HazteOir.org que pide a Pedro Sánchez que no profane la basílica y deje en paz a los monjes. En la petición que los ciudadanos están dirigiendo al todavía presidente de Gobierno se pide respeto para los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, que tienen la responsabilidad y el derecho de custodiar un lugar consagrado.
“El Gobierno pretende obtener un último ‘trofeo’ que ofrecer a su electorado de cara a las próximas elecciones del 28 de abril y ni siquiera la legalidad le impedirá cometer un delito contra la libertad religiosa reconocida en la Constitución Española”, afirma Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org.
“La familia se opone al traslado de los restos de Franco y los monjes benedictinos que custodian el templo, como es lógico, harán todo lo posible por que se respete la santidad del lugar y el descanso de los muertos, así como el deseo de la familia. ¿Recurrirá Pedro Sánchez a enviar a los cuerpos de seguridad del Estado contra los monjes?”, insiste Arsuaga. “Con esta profanación, así como cualquiera otra que se realice en un templo a la fuerza, se está quebrantando uno de los derechos constitucionales básicos, como el de la libertad religiosa y en concreto la protección de los lugares de culto. Un puñado de votos no merece una acción tan vil”, concluye Ignacio
