La Asociación Enraizados, a través de una recogida de firmas en su página web (www.enraizados.org), pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de Navarra y el Grupo Popular en junio de 2010. Tras cuatro años, el TC no se ha pronunciado. Mientras el Alto Tribunal calla, más de 150 asociaciones provida se manifiestan este sábado a las 12 de la mañana en Madrid en apoyo a la maternidad.
“Una Justicia lenta no es Justicia. ¿De qué te sirve que te digan que tu vida debió ser protegida cuándo ya la has perdido? Esto es lo que deben pensar en el Más Allá decenas de miles de niños abortados al amparo de la Ley Aído y pendientes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalidad”, afirma María Isabel Moreno, portavoz de Enraizados.
Desde su página web, donde se puede firmar para pedir al Tribunal Constitucional se pronuncie, la Asociación Enraizados argumenta por qué la Ley Aído es inconstitucional:
- El estado tiene el deber de proteger la vida humana, incluyendo la del niño no nacido, incluso con la sanción de leyes penales. Por el contrario la Ley Aído desprotege la vida del niño por nacer sin necesidad de que se alegue ningún motivo para justificar su descarte.
- La ley mantiene la vigencia del llamado “aborto eugenésico”, lo que supone discriminar a los seres humanos discapacitados, al mismo tiempo que supone violar los Tratados Internacionales firmados por el Reino de España. Asimismo supone violentar la Doctrina del Constitucional, quien afirmó en 1985 que este supuesto devendría inconstitucional al desarrollarse el estado social (se entiende que casi treinta años es suficiente como para que se haya desarrollado).
- La ley viola la patria potestad al impedir a los padres conocer el embarazo imprevisto de su hija cuando ésta es menor de edad y quiere recurrir al aborto.
- La ley Aído vulnera la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y del resto del personal laboral al que se pretenda involucrar en un aborto. Se vulnera también la libertad de educación al imponer la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual, afectando a los derechos y libertades de alumnos y padres, y también a los de los profesores y centros educativos.
“Todo niño por nacer tiene derecho a la vida. Sabemos que con que se declare la ley inconstitucional no será suficiente pero al menos será un espaldarazo a muchas conciencias, será un pequeño paso dado a favor de la vida”, concluye María Isabel Moreno.
