La jefa del Ejecutivo regional recuerda que los presidentes autonómicos son también garantes del orden constitucional, la unidad nacional, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todos los españoles.
Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia.
👉 La nueva reforma judicial, conocida como la Ley de Eficiencia, supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas. Disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes. Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva.
👉 Vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva. Desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo.
👉 Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan. Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes.
👉 Por eso el 10 de abril presentamos un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Porque, si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
FOTO: COMUNIDAD DE MADRID
