Ante la tramitación unilateral del MEYFP de la nueva Ley de Educación.
Madrid, 18 de mayo de 2020.- Ante la exclusión, por parte de los responsables del Ministerio de Educación, de las demandas y aportaciones al nuevo proyecto de la Ley de Educación que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, los responsables de CONCAPA y CEAAAEC y OMAEC han remitido escrito al Defensor del Pueblo y a la Comisaria Europea de Educación, solicitando que se cuente con nuestras organizaciones educativas
El presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, y el presidente de la CEAAAEC y OMAEC, José Antonio Cecilia, han presentado un escrito al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, y a la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, exponiendo cómo, a pesar de tener presencia en más de 300.000 centros educativos de todo el mundo y algo más de 150 millones de antiguos alumnos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, nos ha excluido intencionadamente, imposibilitando así el poder trasladarle nuestras aportaciones al nuevo proyecto de Ley de Educación que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados de España.
“En nuestro ánimo -señalan en el escrito- está conseguir un verdadero pacto social y político” si bien “las actuaciones desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional denotan una evidente intención de ‘imponer’ sin diálogo y consenso la nueva ley orgánica de educación LOMLOE, actualmente en espera de su tramitación parlamentaria y cuya aprobación quiere acelerar a toda costa, aun sufriendo todavía el estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19”.
La nueva ley se ha hecho sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo de Estrasburgo hace dos años, concretamente en la directiva sobre “Actualización de la Educación en la Unión Europea”.
Además, la nueva normativa que quiere imponer el actual Gobierno, propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el art. 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la Asamblea General de Naciones Unidas (1966). Las consecuencias son imprevisibles en un futuro inmediato. También, a nuestro entender, se vulneran las libertades y derechos fundamentales afirmados en el art. 27 de la Constitución Española, al igual que el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación real y efectiva entre las familias, que afectan directamente a:
1.- La gratuidad de la enseñanza obligatoria
2.- La libre elección de las familias
3.- La inversión y los recursos educativos
4.- La discriminación de las familias
5.- La falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales
Un esfuerzo baldío, pues una nueva ley educativa que nace -una vez más- sin consenso, será de corta duración, y con consecuencias negativas para el sistema educativo a medio y largo plazo. Además, no cuenta con referencias a la nueva situación educativa que se generará en la nueva etapa post-covid19, donde las nuevas tecnologías tendrán un papel primordial y esencial en la impartición de la educación.
Por todo ello, hemos solicitado amparo y ayuda, así como pedir que no se excluyan a las familias que representamos y exigir que se contemplen nuestras reivindicaciones y solicitar la posibilidad de exponer nuestras acciones ante el Parlamento Europeo.
