La ministra niega un ataque a este tipo de enseñanza y asegura que son «fake news»
La ministra de Educación, Isabel Celaá, compareció en el Congreso en la Comisión de Educación y Formación Profesional. Celaá insistió una y otra vez en enviar un mensaje de «tranquilidad a las familias que optan por la educación concertada» aclarando que no se va a «atacar» esta opción, «eso son “fake news”», sentenció.
Sin embargo, recordó su intención de modificar el artículo 109.2 de la Lomce. Este artículo establece que la oferta de plazas escolares se determina, entre otros criterios, por la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos o concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Para Celaá, dijo hace dos meses, ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública sea considerada subsidiaria de la concertada».
La modificación de este artículo convirtió la comparecencia en un tenso intercambio, sobre todo entre la ministra y Sandra Moneo, diputada del PP, que le pidió que «recapacite» y la acusó de «cuestionar la libertad de elección de las familias». Visiblemente indignada, Celaá le respondió que «en la vida me dijeron que cuestioné la libertad de las familias» y agregó que «la concertada transita libremente en un 30 por ciento del sistema». Su objetivo es, aseguró, defender la educación pública como «el eje vertebrador del sistema porque si constitucionalmente las personas tienen derecho de ser educadas, correlativamente el poder público tiene el deber de garantizar ese derecho», explicó Celaá. «¿Qué amenaza supone para la concertada? Ninguna», se respondió a sí misma. Pero sí aclaró que el servicio a las familias «tampoco puede ser a la carta».
Moneo, por su parte, le exigió que «no busque limitar ni coger atajos porque la demanda es una garantía de las familias». Además, le recriminó que el Pacto de Estado por la Educación no se haya puesto en pie. En la misma línea opinó la diputada de Ciudadanos, Marta Martín que le preguntó si siguen esperando que se aumente hasta un 5 % del PIB la financiación en educación para seguir negociando (fue este desacuerdo lo que hizo que el PSOE se levantara de la mesa de negociación). Celaá no respondió a ninguna de las dos diputadas.
Reversión de recortes
La ministra volvió a aludir a la tramitación del anteproyecto de ley que revertirá los recortes del Real Decreto 14/2012 de racionalización de gasto público, impulsado por el anterior Ejecutivo. Las tres medidas que se quieren suprimir son: la opción de elevar un 20 % las ratios máximas de alumnos por aulas; el aumento de la jornada de los docentes (de 25 horas en infantil y de 20 en secundaria), pasando a ser cada comunidad la que decida y, por último, la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a los profesores titulares de baja.
Josefina G. Stegmann/ABC
