El número de niños y adolescentes en esta situación se ha multiplicado por tres, pasando de 3.997 en 2016 a 13.405 a finales de 2018. Las organizaciones sociales denuncian la saturación de los centros en las zonas con mayor presión, como Andalucía o Melilla. El abandono de estos recursos, en el caso de las niñas, puede llevarlas a caer en redes de trata, advierten.
Radi (nombre ficticio) es guineano. Es uno de los de los más de 13.400 niños que viven en nuestro país sin sus padres. Con solo 15 años, recorrió cuatro países y un total de 5.000 kilómetros para llegar a España, un viaje lleno de peligros, sufrimiento y muchas lágrimas. Así lo cuenta él mismo: «Quisieron hacerme daño porque estaba solo. Cosas raras… como una violación. Afortunadamente, grité y la gente vino. Fue el momento más peligroso. Lloré mucho». Ahora vive en Ceuta, estudia 3º de ESO y, gracias al empuje del director del centro en el que vive, recibe clases de baile. Quiere ser modelo e irse a vivir a Madrid: «No he venido a molestar a nadie, he venido a conseguir una vida mejor. Si todo sigue así, lo conseguiré».
Radi es uno de los protagonistas del informe Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española que acaba de publicar Unicef, en el que denuncia, tal y como afirma el exministro de Educación Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef Comité Español, «múltiples problemas, contradicciones y carencias, en ocasiones muy relevantes» de la respuesta de nuestro país a la situación de estos niños y adolescentes.
La situación se ha agravado en los últimos años, pues el número de niños y adolescentes que llegan a nuestras costas se ha multiplicado por tres desde 2016, pasando de 3.997 menores inscritos a los 13.405 a 31 de noviembre de 2018, según datos facilitados por el Ministerio del Interior a este semanario tras una petición de información pública. El mayor aumento se produjo el año pasado, con la llegada de más de 6.000 niños. Esto es, uno de cada diez migrantes que recibimos en 2018 [llegaron en total más de 65.000].
Este aumento, condicionado por la falta de coordinación entre administraciones, ha provocado que algunos centros estén saturados, algo que redunda en la desprotección de estos menores. «Los niños o niñas que entran en el sistema de protección, en lugar de encontrarse en un entorno protector, un hogar, donde se garantizan sus derechos, comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables. Retrasos, falta de recursos, procedimientos inadecuados, decisiones descoordinadas y escasa supervisión terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro», explican desde Unicef.
En concreto, denuncian sobresaturación y hacinamiento en los centros más grandes, especialmente en Melilla, Ceuta y Andalucía. En uno de ellos, con capacidad para 180 menores, viven más de 630, una falta de espacio que se suma a la escasez de recursos humanos, pues para todos estos niños solo hay una psicóloga y dos trabajadores sociales. Esta última cuestión es muy relevante pues, según Unicef, hay un déficit en personal especializado: mediadores, psicólogos, trabajadores sociales, abogados…, mientras que los que están o no tienen la formación adecuada o no se les acompaña convenientemente.
También denuncian disfuncionalidades en la asistencia sanitaria y retrasos en la escolarización y las pocas opciones educativas en algunos lugares, pues muchos centros educativos «no tienen recursos de apoyo mientras que los centros de protección no están siendo capaces de organizar ni siquiera clases de español para los residentes».
Además, alertan de que la situación geográfica de estos centros puede , en ocasiones, contribuir a perjudicar el proceso de integración de los menores, pues su lejanía de los centros urbanos provoca condiciones de inseguridad y un alto nivel de abandono de los mismos por parte de los menores.
Para Isabel Lázaro, de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, la sociedad española no invierte lo suficiente en los sistemas de protección de menores y denuncia que, aunque hay mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas, la presión no es la misma en todas las zonas. De hecho, constata que se han creado «fronteras internas» y añade que si hubiera una mayor cooperación a nivel autonómico, la atención de esos menores sería mucho más adecuada y, por tanto, se garantizaría su protección.
«No es lo mismo atender a 5.000 que a 300», explica Jennifer Zuppiroli, de Save the Children, que afirma que «el sistema no es sensato» desde el momento en que los menores llegan a Andalucía y no pueden moverse entre comunidades. «Por cuestiones políticas no podemos admitir que haya niños que duerman en pasillos porque los centros están sobrepoblados», añade.
Las niñas, más vulnerables
En este contexto, es especialmente preocupante la situación de las niñas, a las que no se da una consideración suficiente, tal y como denuncia Unicef. Como llegan en menor cantidad y no tienen recursos específicos, es muy fácil que caigan en la invisibilidad. Su situación es vulnerable, tal y como explica Zuppiroli: «Las que migran solas suelen caer en redes de explotación. Algunas ni siquiera llegan a España y las que lo hacen es por deseo de las propias redes. Entran en el sistema de protección, pero al cabo de los días desaparecen».
La realidad es que estas niñas, que pueden ser víctimas de trata, llegan a centros ordinarios –solo hay diez plazas específicas para posibles víctimas de trata–, con libertad para entrar y salir, lo que provoca que los adultos que las han introducido en España vayan a recogerlas. Y cuando desaparecen, ¿no se las busca? Responde de nuevo Jennifer Zuppiroli: «Es muy difícil buscarlas, porque no hay un registro de protección; el único que existe es el policial. Por tanto, no se las busca». Según Lázaro, el sistema «mira para otro lado» cuando llegan niñas y no dicen abiertamente que son menores o víctimas de trata. Pero insiste: «Las niñas están ahí. Y sabemos que llegan porque lo cuentan después».
Plan de acción nacional
Para solventar esta situación, Unicef propone un plan nacional que cuente con apoyo político y presupuestario tanto a nivel estatal como autonómico. Este debería establecer un marco normativo adecuado, una política coordinada entre las distintas administraciones, un registro único integral, así como la promoción del acogimiento familiar, una escolarización ágil y flexible, apoyo en la transición a la vida adulta y la supervisión y rendición de cuentas, entre otras medidas.
De ellas, destaca la garantía de estándares comunes para una protección homogénea en todo el territorio. Es decir, la adopción de pautas específicas en las actuaciones de rescate, recepción, identificación, derivación, tutela y tramitación de documentos; un protocolo uniforme para la determinación de la edad; y estándares mínimos de acogimiento residencial a nivel estatal. «Al tratarse de niños, hay soluciones que no admiten un día más de retraso», concluye Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef.
Fran Otero
Últimos datos
Menores no acompañados
Total: 13.405
Por sexo
Niños: 12.448
Niñas: 957
Principales
nacionalidades
Marruecos: 9352
Guinea: 1114
Argelia: 641
Mali: 518
Gambia: 171
Senegal: 133
Camerún: 131
Ghana: 92
Nigeria: 70
Siria: 57
Rumanía: 57
Vietnam: 49
Pakistán: 35
Albania: 31
Sudán: 30
Fuente: Ministerio del Interior