Católicos y protestantes se han unido en Filipinas para documentar y denunciar las ejecuciones extrajudiciales de drogadictos y traficantes, y ayudar a sus familiares. «Han abierto las puertas del infierno»
El hermano Ciriaco Santiago, Jun, responde al teléfono a las nueve de la noche, hora filipina. Va conduciendo. Cada día, al terminar su trabajo en la comunidad de redentoristas de la que forma parte, coge su cámara de fotos y recorre Manila documentando los asesinatos de la guerra contra la droga desencadenada por el presidente Rodrigo Duterte, y que ya se ha cobrado unas 8.000 víctimas.
La señal se entrecorta, y la conversación se pospone. A la mañana siguiente, cuenta a Alfa y Omega cómo transcurrió la noche: «Visitamos tres escenas de crímenes, en las que había un total de seis víctimas. Todas muertas a tiros dentro de sus casas. En total, en el área metropolitana de Manila hubo once muertos». Cada noche se encuentra con cerca de una decena de víctimas de media.
El hermano Jun ha perdido la cuenta de las fotos que ha tomado desde diciembre, cuando empezó con esta misión. En octubre, su congregación se implicó en el proyecto Rise Up (Levántate), puesto en marcha por entidades católicas y protestantes, junto con familiares de víctimas, para hacer frente a las ejecuciones extrajudiciales de supuestos traficantes que se suceden desde que Duterte tomó posesión en verano. Así surgió la idea de hacer un registro de los crímenes. El religioso es aficionado a la fotografía, y se ofreció voluntario. «Nuestra vocación es estar con los más abandonados, y ahora los vemos en las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos. Somos su voz. Queremos usar las fotos como pruebas, y llamar la atención de la comunidad internacional».
Una petición de los obispos
Una mujer llora ante el féretro de su hijo,
en la ciudad de Caloocan, cercana a Manila.
Foto: Ciriaco Santiago
Los obispos de Filipinas han pedido a Rise Up que les haga llegar todo lo que consigan. Han denunciado con frecuencia los asesinatos y han puesto en marcha iniciativas de rehabilitación de toxicómanos. También han criticado otros proyectos de Duterte como la reimplantación de la pena de muerte, la reforma de la Constitución para declarar la ley marcial sin permiso del Congreso o la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de los 15 a los 9 años.
El registro de asesinatos de Rise Up llegará además al Frente Democrático Nacional, el movimiento comunista con quien el Gobierno ha retomado las negociaciones para acabar con la guerra de guerrillas que golpea el país. El redentorista espera que ellos puedan forzar al Gobierno a poner fin a las ejecuciones.
Con los reptadores nocturnos
En este segundo trabajo, el redentorista acompaña a un grupo de unos diez fotógrafos filipinos. «Los corresponsales extranjeros nos llaman nightcrawlers», reptadores nocturnos o lombrices. Recopilan información de la Policía, de miembros de la comunidad, de las redes sociales o de los familiares de las víctimas, y recorren los escenarios de los crímenes por todo Manila. No tienen protección, a pesar de saber que entre los curiosos que se congregan alrededor de los cadáveres puede haber gente controlándolos. De hecho, el Gobierno ha hecho saber al hermano que le está vigilando.
El hermano Jun, además de hacer fotos, entrevista a los familiares y hace un perfil de las víctimas para su registro. Entre los muertos, explica, hay de todo: los que solo consumen droga, los que trapichean para poder comprarla… pero también hay daños colaterales –entre ellos, ha visto a niños de solo 5 años– y muchas personas inocentes. Todavía no tiene datos definitivos, pero el porcentaje de estos dos últimos grupos «es alto», asegura. Lo que no ha visto nunca –continúa– es a un señor de la droga entre las víctimas. Tampoco a ningún policía corrupto. Lo único que comparten los asesinados es que «son muy pobres, no te imaginas hasta qué punto».
La amenaza de los vigilantes
Parte de los asesinatos, unos 2.500, han sido a manos de la Policía, que suele alegar que las víctimas se resistieron a ser detenidas. Un reciente informe de Human Rights Watch acusaba a los oficiales de falsear pruebas para justificar las muertes. En enero el Gobierno paralizó temporalmente las operaciones antidroga por la corrupción rampante en el cuerpo, pero el hermano Jun explica que han vuelto a matar. Sin embargo, la mayoría de víctimas encuentran la muerte a manos de los vigilantes, grupos parapoliciales que reciben este nombre español. «Llegan en moto o furgoneta y te pegan un tiro en la cabeza; o entran en tu casa, y aprietan el gatillo», narra.
Un hombre yace asesinado en las calles de Mandaluyong,
una ciudad en la zona metropolitana de Manila.
Foto: Ciriaco Santiago
La sospecha de los vínculos entre estos grupos y el presidente está muy extendida. El mismo Duterte ha asegurado que ha dado órdenes de acabar con los traficantes y ha presumido de haber matado a varios con sus propias manos cuando era alcalde de Davao. El también redentorista Amando Picardal explicó en septiembre a Alfa y Omega cómo documentó la relación entre el ahora presidente y los escuadrones de la muerte en esa ciudad. Con todo, el hermano Santiago es cauto: «Solo puedo hablar de los hechos, no dar mi opinión. Es muy difícil demostrar quiénes son los vigilantes y por qué lo hacen. Tenemos algunos indicios, pero de momento no puedo decir nada».
Trabajo de noche… y de día
Pero una cosa tiene clara: el lenguaje incendiario del presidente y sus alardes de usar la violencia para acabar con la droga incitan a que haya «más asesinatos. Están abriendo las puertas del infierno, y creando un sistema perverso: la violencia por la violencia». El hermano Jun teme que las viudas y los huérfanos de las víctimas se vean aún más hundidos en la pobreza al desaparecer el sustentador principal de la familia, y que los asesinatos perpetúen, en vez de solucionar, la delincuencia y la violencia.
Para evitarlo, Rise Up, además de documentar las ejecuciones, ha creado un programa de apoyo a los familiares de las víctimas. Lo coordina el mismo hermano Jun, que es director de la oficina de Apostolado Social de su congregación. «Si la familia está preparada para afrontar una batalla legal, tenemos un grupo de abogados para ayudarlos a presentar cargos». También les ofrecen atención psicológica, les dan formación y ayuda para buscar trabajo. Cuentan además con un hogar-santuario para proteger a las víctimas que sigan en peligro.
La ronda nocturna del redentorista termina a las cuatro y media de la madrugada. «A las nueve y media de la mañana, comienza la rutina del día», como un religioso más. Pero en su agenda, se guarda otro hueco: siempre que puede, los fines de semana visita a las familias y las acompaña durante los funerales de sus seres queridos.
María Martínez López
Foto: Vincent Go
Durante siete horas cada noche, el redentorista Ciriaco Santiago, más conocido como hermano Jun, recorre los barrios más pobres de Manila fotografiando el rastro de muerte que deja la guerra contra las drogas del presidente Duterte. El apoyo de sus hermanos de comunidad –dice– hace que lo que ve no le afecte demasiado. Tampoco tiene miedo, «porque no tengo hijos». Más que al ver los cadáveres –una media de nueve cada noche– «se me conmueven las entrañas al oír a las familias clamar justicia».
Los asesinatos, a la vista de todos en una iglesia de Manila
El año pasado, la decoración navideña del santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro de Baclaran fue diferente. Junto a árboles, estrellas y belenes, la entrada se llenó de las impactantes fotos del hermano Jun. «Queríamos que la gente rezara por las víctimas, y concienciar sobre los asesinatos que ocurren» en su misma ciudad. Este templo, regentado por los redentoristas, es uno de los más importantes de Manila. Está abierto todo el día y cada semana pasan por él decenas de miles de fieles. La exposición se abrió para la novena antes de Navidad.
Al principio, «la gente nos decía que no debíamos haberlo hecho, porque en esa época el ambiente tiene que ser alegre». Los católicos tienen una relación ambigua con Duterte. En este país de mayoría católica, el presidente ganó las elecciones con 16,6 millones de votos, 6,6 millones más que su principal oponente. Desde entonces, los obispos han lamentado en más de una ocasión el silencio cómplice de algunos católicos ante las ejecuciones extrajudiciales. A comienzos de febrero, en una carta que se leyó en todas las Misas, mostraban su preocupación por «la indiferencia de muchos ante este tipo de maldad. Es considerado como algo normal y, peor aún, como algo que hay que hacer». «Consentir y callar ante el mal es ser su cómplice», añadían.
Esta actitud de algunos católicos «es un gran problema. Estamos a punto de que se vea el mal como algo popular y moral. No se cree en dar una segunda oportunidad», lamenta el hermano Jun. El rechazo de algunos fieles a la exposición en Baclaran fue acompañado por actos de vandalismo contra los paneles. Pero no todas las reacciones fueron así. «Dos o tres días después empezaron a animarnos por haber sido valientes. Al final, la muestra estuvo hasta el 7 de enero. Desde entonces, otros templos nos han pedido la exposición, y ahora mismo está en tres iglesias».
