Los sudaneses han acabado con el régimen de Al Bashir. La simple –pero trascendental– subida del precio del pan ha desatado una revolución que ha generado un cambio histórico en el país. La lucha continúa para construir un país en el que la ciudadanía tenga la última palabra.
No es lo mismo contar una revolución desde la redacción de un medio de comunicación en el extranjero que hacerlo desde un despacho donde se han escuchado los gritos de los manifestantes, se han respirado los gases lacrimógenos y se han oído los disparos de las fuerzas de seguridad. En el caso de Sudán, este proceso ha terminado con uno de los presidentes africanos más longevos en el poder, Al Bashir.
El pueblo sudanés ha expresado su deseo de libertad, democracia y progreso y se ha rebelado contra el nidham (sistema), un entramado de poder militar, político, religioso y económico que lo ahogaban desde hace 30 años.
El sistema de poder
El teniente coronel Al Bashir accedió al poder en 1989 con un golpe de Estado apoyado por el Ejército y el movimiento islámico. Con el paso de los años, desarrolló diversos cuerpos dentro de los servicios secretos, de tal modo que cualquier iniciativa de oposición era inmediatamente bloqueada. Dentro de este entramado está, por un lado, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS, por sus siglas en inglés), con sus diferentes departamentos según el ámbito de vigilancia: iglesias, artistas, prensa, universidades, partidos de la oposición…. Cada sección tiene, además, sus respectivas subdivisiones. Por ejemplo, el departamento del NISS que se ocupa de la universidad, tiene cuerpos especiales diferentes para la vigilancia del profesorado, el personal o los estudiantes.
Además del NISS y del Ejército regular, las conocidas Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), están las Fuerzas Populares de Defensa (FPD), constituidas en 1989 como brazo militar del movimiento islámico, y que cuentan con más de 10.000 soldados.
El aparato militar se completa con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por el general Mohamed Hamdan, alias Hameidti. Este cuerpo armado se nutre de grupos janjaweed que operaban bajo las órdenes del Gobierno en Darfur. A lo largo de sus 15 años de historia, este grupo tuvo algunos desencuentros con el NISS, hasta que el Parlamento los dotó de personalidad jurídica propia en 2013. Según esta ley, las FAR eran administradas por el NISS por «cuestiones técnicas y administrativas», aunque quedaban bajo la jurisdicción de las FAS durante las operaciones militares lideradas por estas.
A los elementos militares hay que añadir los políticos, formados por el partido en el poder, el Partido del Congreso Nacional (PCN); un grupo de partidos relacionados con el movimiento islámico –como el de los Hermanos Musulmanes, el Partido del Congreso Popular y el Partido de la Reforma–; y un tercer grupo de formaciones tradicionales que han ocupado la oposición o se han integrado en el Gobierno según las circunstancias: el Partido Unionista Nacional (PUN) y el Partido de la Umma (PU). Desde el punto de vista económico, el nidham controla también los principales bancos, grupos de telecomunicaciones y grandes empresas.
Grietas en el sistema
La situación económica del país se había ido deteriorando paulatinamente, en particular tras la separación de Sudán del Sur, como consecuencia de la corrupción, la mala gestión, el abandono de los sectores productivos, el enorme gasto necesario para mantener el aparato de seguridad, las sanciones económicas y la disminución de los ingresos del petróleo, debido a que el 75 % de los pozos se encontraban en el sur. La caída del valor de la moneda provocó un aumento de la inflación –en diciembre de 2018 llegó al 72,9 %–. En el mismo mes, el Parlamento aprobó una enmienda constitucional que permitía a Al Bashir volverse a postular para las presidenciales de 2020.
La chispa que encendió la revolución saltó en la ciudad de Atbara, 287 kilómetros al norte de la capital, tras la subida del precio del pan, que triplicó su valor. A diferencia de las protestas que llevaron a cabo grupos de jóvenes –en su mayoría universitarios– en 2012 y 2013, y que fueron aplastadas por la fuerza a través de detenciones, torturas y el asesinato de más de 100 manifestantes, esta vez las concentraciones no se limitaron a un único lugar, sino que se reprodujeron en infinidad de enclaves, tanto fuera como dentro de la capital.
La Asociación de Profesionales Sudaneses (APS) lideró este movimiento de protesta. Además, se encargó de diseñar una estrategia que intentaba corregir los fracasos precedentes, así como incorporar los elementos que llevaron al cambio de poder en los países del norte del continente, y en el mismo Sudán en 1964 y 1985.
Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, miembros de los servicios de inteligencia sin uniforme se afanaron en detener a los manifestantes, hasta el punto de abarrotar las cárceles con ellos. Ante la imposibilidad de detener a más gente, algunos manifestantes eran torturados y abandonados en el desierto, en las afueras de la capital. Otros eran conducidos a las llamadas «casas fantasma», donde eran torturados y retenidos por tiempo indefinido. Algunos de estos jóvenes nunca volvieron a sus casas.
El pasado 22 de febrero, el presidente decretó el Estado de emergencia y formó un Gobierno con militares fieles al régimen y miembros del NISS. La intención era dotar a las fuerzas de seguridad de un marco legal para acabar con la revolución y dar un nuevo impulso al nidham.
La APS siguió con la táctica de multiplicar las manifestaciones por todo Jartum, hasta que el 6 de abril convocaron una gran protesta frente al cuartel general de las fuerzas armadas. El objetivo era deponer al presidente y que el Ejército se pusiera de parte del pueblo, como ya sucedió en 1964 y en 1985.
El punto de inflexión
Millones de personas pusieron al sistema contra las cuerdas. Según explicó después Hameidti en rueda de prensa, Al Bashir ordenó la matanza de entre el 30 y el 50 % de los manifestantes. El presidente justificó su orden en el marco jurídico de la escuela maliki –una de las cuatro escuelas de derecho que existen en el islam suní– que autoriza a un líder a usar la fuerza y matar a ese porcentaje de personas en caso de rebelión. La cúpula militar desobedeció la orden y decidió deponer al presidente. La lógica alegría entre la población se difuminó al conocer el nombre del presidente de la Junta Militar que tomó el poder, el teniente general Awad Ibn Awf. La APS rechazó su autoridad, pues era ministro de Defensa y primer viceministro del Gobierno, por lo que representaba al viejo régimen.
Las presiones populares continuaron hasta que se presentó el nombre del teniente general Abdel Fattah Burhan. Aunque con menos lazos con el movimiento islámico, su implicación en las acciones militares llevadas a cabo en Darfur levantaba dudas sobre él, especialmente entre los darfuríes.
La nueva Junta Militar intentó ganarse el apoyo ciudadano con acciones inmediatas. Encarceló a Al Bashir y a numerosos líderes del sistema. Se confiscaron más de 6,4 millones de dólares encontrados en casa del depuesto presidente, y otras grandes cantidades halladas en residencias de otros miembros del Gobierno. Los periódicos empezaron a publicar sin miedo a la censura, y los detenidos por su papel en la revolución fueron liberados, entre ellos los militares que se decantaron por el pueblo.Pero estos pasos no satisficieron las aspiraciones del pueblo: temían que la Junta pudiera secuestrar la revolución y hacer retroceder al país al lugar donde estaba antes de la misma.
El ideario y las peticiones de la oposición y la APS se encuentran recogidos en la Declaración por la Libertad y el Cambio, donde se pide un Gobierno civil de transición, formado por tecnócratas, que guíe al país hasta las próximas generales, dentro de cuatro años, la disolución del PCN –y, por tanto, su control sobre el NISS– y sus milicias, las FPD, la devolución de sus propiedades al Estado, y aclarar los lugares de detención de los líderes del viejo régimen.
El 17 de abril, los firmantes de la declaración pidieron a los manifestantes continuar con las protestas hasta la constitución del Ejecutivo de transición, que debería estar formado por tecnócratas civiles no ligados a los partidos tradicionales, y una Asamblea Legislativa con un 40 % de mujeres y que considere la diversidad étnica de Sudán.
Aunque la Junta Militar se mostraba preparada para convocar elecciones en seis meses, la APS ha rechazado esta «generosidad», pues se quiere evitar que suceda como en Egipto, donde los grupos más estructurados –en aquel caso los Hermanos Musulmanes—, que no habían inspirado ni protagonizado la revolución, fueron capaces de secuestrarla y ocupar el poder gracias a su capacidad organizativa. Tras 30 años de miedo y represión, la sociedad civil sudanesa necesita tiempo para organizar alternativas políticas que recojan los anhelos del pueblo y los expresen de una forma coherente con los nuevos tiempos.
El crisol del nuevo Sudán
La explanada que rodea al cuartel general de las FAS se ha convertido en el laboratorio donde se crea el nuevo Sudán. En ese espacio, personas buscan noticias de sus desaparecidos, ciudadanos darfuríes piden que Al Bashir sea juzgado por sus crímenes en aquella región, grupos de abogados solicitan la independencia del poder judicial, los profesores claman por una revolución de la educación… Las fuerzas de la oposición y las aspiraciones de los diferentes grupos, asociaciones profesionales y partidos han coincidido ante la presencia de un enemigo común. Pero ahora que la posibilidad de una nueva época se avecina, comienzan a aparecer divergencias internas. Por ejemplo, la APS, el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte proponen un estado laico y la integración de la diversidad cultural. Por el contrario, para muchos otros partidos no es asumible poner en cuestión que Sudán sea una nación árabe e islámica.
En este contexto, los grupos más activos y perseguidos por el nidham en esta revolución han sido jóvenes arquitectos, ingenieros, médicos y, de modo particular, las mujeres. Estas últimas han sido llamadas las kandakas de la revolución. Kandaka es una palabra de origen meroítico que definía a las reinas del antiguo reino sudanés de Kush o Meroe. La fotografía de la kandaka Alaa Salah –en la imagen superior–, una estudiante de 22 años subida sobre el techo de un coche y vestida con el tradicional toub cantando un poema revolucionario ha dado la vuelta al mundo. Uno de los versos que recitaba decía: «Las balas no matan, lo que mata es el silencio de las personas». Y, de hecho, los sudaneses han soportado el sistema en silencio durante décadas.
Quien rompió el silencio de una manera impactante fue la madre de uno de los jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad. Dirigiéndose a la gente durante el funeral proclamó: «La muerte de mi hijo tendrá sentido y me hará feliz si perseveráis en la lucha para realizar sus ideales, para construir un Sudán libre, próspero y democrático».
La comunidad internacional
La Junta Militar ha encontrado el apoyo inmediato de Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han aprovechado la oportunidad para dejar en fuera de juego a sus enemigos regionales, Catar y Turquía, que siempre han apoyado a los islamistas. En cualquier caso, la Junta Militar no ha querido romper del todo con estos y ha asegurado la continuidad de la sharía y ha mantenido en el poder a algunos islamistas.
Rusia, aliado del ahora encarcelado expresidente sudanés, intentó apoyarle hasta el final, mientras que China, otro aliado tradicional, ha mantenido una cierta distancia en relación al cambio. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea habían establecido lazos de colaboración con Sudán en la lucha contra el terrorismo internacional y el control de los flujos migratorios.
La comunidad internacional tiene una oportunidad histórica para integrar a Sudán como un país democrático, construido a partir de las aspiraciones del pueblo. Al mismo tiempo, se debe garantizar su unidad, pues el desmembramiento de este gigante de 1,8 millones de kilómetros cuadrados podría conducir a situaciones semejantes a las de Libia o Somalia. Otro desafío fundamental es la situación económica. La inflación galopante y la crisis del sistema financiero pueden ahogar al país, que requiere apoyo inmediato.
El olor de los gases lacrimógenos y el sonido de los disparos sigue vivo en la reciente memoria del pueblo, que difícilmente cederá en una lucha sustentada en la razón tanto en el fondo como en la forma, pues nunca ha usado la violencia, por lo que se ha convertido ya en un ejemplo para todo el continente.
Apropiarse de su país
En la incipiente transición de Sudán, el pasado mes de mayo fue muy convulso y requirió de ciertos equilibrios para mantenerse en pie. Un ataque, el 13 de mayo, contra la acampada de los manifestantes que llevan semanas ante el cuartel general del Ejército, se saldó con cinco muertos, provocó el bloqueo de avenidas y el posterior anuncio del Consejo Militar de Transición sobre el cese de las negociaciones para reconducir la situación del país. El deterioro de la situación de seguridad en la capital tensó las conversaciones de los líderes de la protesta y los dirigentes militares que, unos días después, lograron volver a sentarse en la mesa de negociaciones, para intentar acordar un período de transición de tres años con una Autoridad de Transición compuesta por 11 miembros soberanos (aún no ha trascendido cuál será el reparto ni quién tendrá mayoría). También se discute que la administración civil que asuma el poder esté reflejada en un Parlamento con 300 miembros, de los cuales dos tercios provendrán de los movimientos de protesta que terminaron con la dictadura de Omar al Bashir el pasado 11 de abril.
El general Mohamed Hamdan aseguró pocos días después del ataque que se había detenido a los responsables, a los que apuntó como «leales a Al Bashir», que serán juzgados y cuyas confesiones se retransmitirán por televisión.
Mientras tanto, la Alianza por la Libertad y el Cambio sigue consolidando el movimiento, y responde al cese de las negociaciones limpiando las calles y levantando las barricadas. Permanecen en la plaza frente a la sede de las Fuerzas Armadas, donde disfrutan de una gran librería improvisada con obras inspiradoras de otras revoluciones, biografías como la de Nelson Mandela, y libros que hasta hace unas semanas estaban prohibidos en el país.
El 18 de mayo se registró la primera manifestación islamista ante el Palacio Presidencial para pedir que en la negociación no se ignore la aplicación de la ley islámica que, hasta el momento, rige Sudán. Los manifestantes ya han respondido que lo importante es asegurarse de que habrá una administración civil.
Texto Mohamed Al-Sennary Ahmed
Publicado por la revista «Mundo negro»
