Informe de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española presentado el pasado 17 de noviembre.
Introducción
El objetivo de este informe pretende ser una humilde contribución al conocimiento de la situación social del país en relación con la pandemia en la que estamos inmersos. Para ello, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana realizó, durante el pasado mes de octubre, una consulta a los distintos organismos y departamentos de la Comisión con el fin de tener una información directa y precisa sobre la situación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Muchas de estas personas están siendo atendidas por las comunidades cristianas y por los organismos eclesiales de la acción caritativa y social.
Las fuentes de información que han participado en esta consulta son las siguientes:
- Cáritas
- Migraciones
- Pastoral del Trabajo
- Departamento de Turismo
- Departamentos de movilidad humana: gitanos, ferias, circos y carreteras
- Apostolado del Mar “Stella Maris”
- Pastoral Penitenciaria
- Trata
- Justicia y Paz
- Semanas Sociales
El Informe, aunque se centra fundamentalmente en la situación real de los grupos afectados y atendidos pastoralmente por estos departamentos y organismos, toma también en cuenta la publicación de la reciente encíclica del Papa Francisco, “Fratelli tutti”, el desarrollo de la fraternidad universal (FT,9). Por ello, el análisis no es meramente sociológico y descriptivo, sino que tiene en cuenta la mirada a las personas en su situación de “Descarte” (ver números 18 y ss. de “Fratelli tutti”), pues en el fondo “no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” –como los no nacidos-, o si “ya no sirven” – como los ancianos” (FT,18).
A lo largo de la reflexión, se propone también una síntesis de las “respuestas” que se están ofreciendo desde los ámbitos políticos, económicos y desde la Iglesia. El informe no pretende ser exhaustivo, pero sí significativo en lo que se refiere a la realidad de pobreza y marginación, contemplada por nuestros agentes pastorales y por los organismos directamente implicados en la pandemia. Con estos datos, se pretende orientar la misión evangelizadora de la Iglesia ante las realidades sociales más urgentes.
1. La crisis ha generado una rápida y profunda herida en nuestra sociedad
La pandemia se ha convertido en un hecho social totalizante. No solo ha afectado a la salud de la población, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia. Desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a los efectos de una pandemia que ha acelerado e intensificado procesos sociales existentes, como la desigualdad y la exclusión, y ha creado enormes campos de incertidumbre para una ética de la vida.
La convivencia ciudadana y los comportamientos políticos están sufriendo profundas alteraciones en todo el mundo por lo novedoso de la realidad y por la improvisación de las respuestas a los problemas. Todos constatamos que mecanismos políticos excepcionales, como puede ser el estado de alarma, se ha convertido en un instrumento casi permanente en nuestra precaria democracia.
Los cambios profundos que hemos vivido desde el inicio de la crisis son todavía demasiado cercanos para analizar en profundidad sus consecuencias. Después de ocho meses de propagación del virus solo podemos observar los primeros impactos de una crisis que se caracteriza fundamentalmente por haber generado una profunda herida en nuestra sociedad con tres síntomas: la limitación de derechos, el incremento de la desigualdad en la sociedad y la desvinculación de la moral.
1º La limitación de derechos humanos
El virus amenaza la vida y tensa al máximo desde los cuidados en el hogar hasta el sistema residencial de atención a los mayores, desde las atenciones en los hospitales hasta la muerte en soledad. La economía se ha hundido como consecuencia del desempleo y de la necesidad de paralizar el sistema productivo en determinados momentos para frenar la pandemia.
2º El incremento de la desigualdad en la sociedad española
Hace poco más de un año, el VIII Informe FOESSA nos alertaba, en un contexto de crecimiento económico, de que 8,5 millones de personas estaban en una situación de exclusión social en nuestro país. De estas personas, 1,2 millones viven en la supervivencia pura y dura, y otros seis millones temían que la próxima sacudida se los llevara por delante. Pues bien, la pandemia ha venido a agravar la situación, a evidenciar las rupturas, tendencia y fallos de nuestra sociedad. Así ha dejado al descubierto una estructura social precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social claramente insuficiente y una comunidad debilitada que, aunque resurgió en el primer momento de la crisis, no es capaz de mantener la llama viva para avanzar hacia la “nueva normalidad”.
3º Cambios sociales y políticos que denotan su desvinculación de la moral
Los escenarios sociales y políticos han cambiado profundamente generando una comprensión nueva del espacio público. Como bien subraya el Papa Francisco (FT, capítulo 1 “Sombras de un mundo cerrado”), la globalización, el mundo digital, la fatiga civil y política que llega hasta el hastío de las sociedades civiles, la desafección por la política y los políticos, la propia mercantilización de la sociedad o la falta de liderazgos sociales y políticos marcan una concepción de la vida pública diversa, compleja y enmarañada. Esta situación se ha visto acelerada e intensificada por la pandemia del COVID19 que ha alterado la vida pública.
Si miramos el sustrato antropológico que predomina en la sociedad, podemos constatar que la cultura dominante tanto en el ámbito político como económico ha configurado un nuevo modelo social, cuyos axiomas principales son el relativismo, el individualismo y, como consecuencia, la búsqueda de la máxima ganancia sin tener en cuenta la situación y los problemas de los demás.
2. Manifestaciones del descarte en la crisis
2.1.- Desempleo y reducción de ingresos
Antes de la aparición de la pandemia, nuestro país ya sufría una grave enfermedad en el ámbito laboral con dos principales indicadores: el desempleo y la precariedad. De hecho, antes de la infección provocada por el Covid-19, más de 1,2 millones de hogares tenían todos sus miembros en el paro.
En estos momentos, la pandemia está incidiendo grandemente en las tasas de desempleo. Los informes nos dicen que el desempleo está afectando con más dureza a las personas en situación de exclusión. Estas trabajan, mayoritariamente, en sectores muy estacionales, como pueden ser la hostelería, el turismo, la agricultura, los feriantes etc. Si en el mes de octubre el desempleo había crecido 2,5 puntos porcentuales para la población en general, para las personas atendidas por Caritas el incremento llegaba a 5 puntos porcentuales. Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número de personas que han entrado a formar parte de la economía informal.
Esta impensable caída del empleo ha traído consigo la reducción drástica de ingresos y, por tanto, el incremento de la pobreza entre los hogares en situación de exclusión. Especialmente preocupante es el escenario de unas 200.000 personas acompañadas por Cáritas que ya no contaban con ningún ingreso económico el pasado mes de septiembre.
Dentro del colectivo en exclusión es especialmente crítica la situación de quienes se ganan la vida en la economía informal. Los ingresos económicos de personas o familias de la etnia gitana y de los inmigrantes con situación administrativa irregular, para quienes la economía informal es la única fuente de ingresos económicos, han experimentado una reducción del 70%. Estas familias que dependen de la economía informal, sufren una total desprotección social y jurídica (prestaciones, subsidios, etc.) ante las múltiples y variadas situaciones de desempleo y pobreza. En nuestro país, al menos 615.000 personas, subsisten a base de empleos informales y, por tanto, ellas experimentan la máxima expresión de la precariedad laboral.
Especialmente significativa está siendo la situación del sector turístico por el peso que tiene en nuestra economía nacional. “El 2020 fue un año récord en el descenso de visitantes. Según los informes del INE, entre enero y junio de 2019, más de 38 millones de personas visitaron España y realizaron un gasto superior a los 40.000 millones de euros. En ese mismo periodo, durante este año, con el “Estado de Alarma” vigente, España perdió 27 millones de visitantes.
Las restricciones impuestas a la actividad de los hoteles, comercios, restaurantes y bares para tratar de frenar la creciente ola de contagios del COVID -19 y el toque de queda nocturno, con el adelanto del horario de cierre de los locales, hace inviable cualquier plan de recuperación. Hay autónomos y empresarios que ya han bajado la persiana de forma indefinida por la imposibilidad de cuadrar las cuentas, y buena parte de los que resisten lo hacen con una facturación que se desploma y, con frecuencia, compromete su continuidad. El severo impacto que la crisis del coronavirus está generando en el sector servicios es indiscutible, pero sus consecuencias no acaban ahí, sino que arrastran consigo a numerosas víctimas colaterales. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los que corren mayor riesgo de perder sus empleos por el cierre de empresas en el sector.
La hostelería arrastra a todos los sectores. La caída del consumo en bares, restaurantes y hoteles reduce hasta un 40% el volumen de negocio de las empresas que nutren al sector con productos, bienes y servicios. La hostelería integra a muchas empresas y, por tanto, genera miles de puestos de trabajo indirectos. En este sentido, conviene no olvidar que son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las principales creadoras de empleo en este sector y, lamentablemente, las más afectadas por la pandemia. Curiosamente, son estas mini empresas las más descuidadaspor los legisladores en todo el mundo. En España una parte muy importante del 15% del PIB, generado por el turismo, depende de esas micro empresas, ahora hundidas por la crisis de Covid-19. El descenso de viajes turísticos y excursiones está afectando a miles de familias que viven de las empresas del transporte, así como a la agricultura y ganadería. Las normas sanitarias y de confinamiento de los últimos meses están condicionando mucho el funcionamiento y alquiler de autobuses y taxis, así como el consumo de los productos de nuestros campesinos y ganaderos.
2.2.- Crisis de la vivienda
Hay una relación muy estrecha entre la pérdida de empleo y los elevados precios de la vivienda, ocasionando situaciones de precariedad y hacinamiento familiar. Cuatro de cada diez familias en inestabilidad laboral grave carecen de dinero para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipotecas, alquileres, suministros…). La pandemia ha puesto al descubierto la dificultad para el acceso a la vivienda y la impotencia para acceder a ese espacio de protección que es el hogar. Como en otros ámbitos, la crisis del coronavirus ha venido a agravar la delicada situación, que ya existía, para miles de familias. Esto se constata en las más de 700.000 personas acompañadas por Caritas que carecen de recursos para pagarse la vivienda o los suministros y en las más de 40.000 que malviven en la calle.
2.3.- Crisis de la salud y de los cuidados
Otro efecto de la reducción de ingresos es la incidencia en la salud de las personas. En el colectivo de personas excluidas, nos encontramos con situaciones muy preocupantes. Un 36 % de los hogares han empeorado en el ámbito de la salud psicoemocional y el 21% en salud física con respecto a la situación previa a la crisis. Esto resulta fácil comprenderlo, si tenemos en cuenta la gran cantidad de tratamientos de salud cancelados y/o retrasados, así como las situaciones extraordinarias de estrés y ansiedad que la pérdida de empleos e ingresos está provocando.
En relación directa con la salud, está la crisis de los cuidados. La capacidad de conciliación de las familias en situación de exclusión es un aspecto importante a la hora de analizar el impacto de la pandemia sobre estos hogares. Muchas familias (el 18%) tuvieron que renunciar a un empleo por atender a sus hijos o a personas dependientes.
Asimismo, la fase de confinamiento más estricto y la consiguiente suspensión de las clases presenciales en los centros educativos, obligó a muchas familias, especialmente monoparentales, a tener que elegir entre mantener los ingresos por vía del trabajo presencial, cuando no había otra alternativa, o quedarse en casa cuidando de los suyos.
2.4.- Debilitamiento de las redes de apoyo
Las familias más vulnerables están perdiendo redes de apoyo. A pesar de que las relaciones entre familiares, vecinos, amigos, etc. se han fortalecido, la capacidad de apoyo de estas redes es cada vez menor.
El verano dio una tregua a las dificultades familiares, al reactivarse los ingresos en los hogares. Como consecuencia de ello, los grupos de ayuda que habían surgido en los pueblos y barrios de toda la geografía española durante la pandemia, se han ido debilitando con las medidas de apertura y desconfinamiento. Sin embargo, las necesidades de las personas, a las que estos grupos daban respuesta, siguen vigentes. Esta tendencia parece indicar que la pandemia no ha logrado romper la dinámica individualista imperante en nuestra sociedad. Como señala “Fratelli tutti”: “el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad” (105).
2.5.- La brecha digital
La brecha digital aparece como un nuevo elemento generador de exclusión. Uno de los efectos de esta pandemia está siendo el fuerte impulso de la digitalización de nuestra sociedad. Contar con dispositivos, conexión y habilidades suficientes para manejarse en internet se está convirtiendo en algo absolutamente necesario para desenvolverse con éxito en la búsqueda de empleo, en las oportunidades formativas, en las relaciones con la administración, en el ámbito escolar, etc. Esto nos permite descubrir que la brecha digital, que hasta ahora se contemplaba como una consecuencia de la exclusión, ahora también debe considerarse como causante de la misma.
El seguimiento de la educación desde el propio domicilio, al cerrarse los colegios, ha obligado a una rápida e improvisada adaptación curricular en multitud de plataformas formativas, provocando y profundizando la desigualdad ya existente en el sistema educativo: el 30% del alumnado español no ha dispuesto de los medios suficientes para continuar con su formación durante los meses del confinamiento
3. Los grupos más afectados por la crisis
Estas manifestaciones del descarte, que acabamos de mencionar, las sufren en mayor o menor medida los diversos grupos de personas a las que se pretende servir pastoralmente desde los distintos departamentos de la Comisión Episcopal, cada uno desde su peculiaridad. Estos colectivos son:
a) Personas refugiadas y migrantes, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular. El sistema de reasentamiento las deja con enormes obstáculos para poder trabajar y acceder a una vivienda digna. La ley de Extranjería los condena a la economía sumergida, a la explotación y, en algunos casos, a situaciones de semiesclavitud, especialmente en los sectores de la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico. En la mayor parte de los casos, no pueden acceder a ningún derecho, incluido el derecho a las ayudas excepcionales por la pandemia. Por otra parte, el sistema de asilo está paralizado. Como consecuencia de ello, podemos encontrar en la calle familias enteras, provenientes de situaciones de extrema violencia, a las que se les ha negado el asilo. En este orden de cosas, no debemos olvidar tampoco a los jóvenes no acompañados (MENAS) que, al cumplir la mayoría de edad, no se les concede una residencia legal, viéndose abocados a la pobreza y a la delincuencia en el 84% de los casos.
b) Personas sin hogar o con viviendas inseguras: Estas personas se enfrentan a desafíos importantes. El perfil general de quienes no tienen hogar es el de un varón entre 45 y 64 años, de nacionalidad española (un 53,5%) y extranjeros (un 46,5%). Especialmente preocupante es el profundo sufrimiento de unas 7.100 mujeres, sin techo o sin vivienda, que son atendidas por Cáritas. Muchas de ellas se ven en la calle tras haber sufrido violencia. Así mismo es alarmante la situación de los más de 1.000 niños y adolescentes que viven en familias sin vivienda habitual; y los 7.300 jóvenes, entre 18 y 29 años, provenientes en gran medida de los centros de menores y que salen a la calle sin tutela y sin un alojamiento alternativo. A estas situaciones se añaden otras de gran vulnerabilidad como las personas que sufren trastornos mentales o determinadas adicciones, así como las que acumulan estancias en casas de conocidos, donde ya no pueden quedarse.
c) Víctimas de la trata: Estas personas son la expresión más sangrante de la sociedad del descarte y de la violación de los derechos fundamentales de la persona. Además de ser tratadas como objetos de compra-venta, ven pisoteada su dignidad y son sometidas a la explotación para el lucro (cf. FT 24). En la inmensa mayoría de los casos, se trata de personas inmigrantes, en situación administrativa irregular, que no constan en ningún registro y nadie tiene conocimiento de su existencia. La mayor parte de ellas, al no poder ser identificadas, no entran en la categoría oficial de víctimas y forman parte de una realidad invisible. Como consecuencia de ello, pasan por situaciones de extrema vulnerabilidad y están condenadas a la exclusión social más severa. La pandemia ha invisibilizado aún más esta realidad, que ya estaba oculta.
d) Los presos y sus familias: La pandemia ha contribuido a que los privados de libertad pasasen a ser uno de los grupos más sacrificables y descartables de nuestra sociedad (cf. FT 18), debido a los recortes de derechos y libertades de los presos. Durante este tiempo, se ha limitado el derecho a las relaciones afectivas y familiares como consecuencia de la suspensión de las comunicaciones y de los “vis a vis” con las familias. No han podido recibir ingresos económicos debido al cierre de los talleres productivos ni han recibido tampoco los paquetes y ayudas en dinero por parte de sus familiares. Los beneficios penitenciarios y los permisos para salidas culturales o recreativas también han sido limitados. Otro derecho que ha experimentado limitaciones es el de la educación y la formación debido a la suspensión de las clases presenciales. Esto mismo ha ocurrido con el derecho a la asistencia religiosa y al acompañamiento espiritual, así como con el derecho a la justicia por la suspensión de los juicios. Los privados de libertad también están teniendo dificultades para acceder a las nuevas tecnologías y para la movilidad dentro de la cárcel.
e) Profesionales de la marina mercante y de pesca: En este sector se dan muchos signos, asociados con el ejercicio de la profesión, que ya limitan las condiciones adecuadas para un trabajo digno. Los hombres del mar trabajan en un medio hostil, lejos de su familia, con unos ritmos de trabajo que no coinciden con los de la sociedad en general. Además, pasan por estancias cortas en los puertos, con habitáculos reducidos en los barcos, con tripulaciones reducidas, con alto índice de siniestralidad y, sobre todo, con la soledad. En muchos casos, experimentan también el multiculturalismo, multilingüismo, disparidad de credos, etc. Además, la pandemia ha provocado la limitación de acceso de visitantes a los barcos mercantes en puerto y ha impedido a los tripulantes salir a tierra, generando problemas en el relevo de las tripulaciones. El tiempo de estancias en los barcos ha aumentado. Los trabajadores sufren amenazas de abandono, si dan positivo en los análisis del virus o si se retrasan los resultados de las pruebas. En algunos casos estas pruebas deben ser costeadas por los propios marinos.
El confinamiento supuso una reducción importante del volumen de pesca al disminuir el consumo en hoteles y restaurantes. Además, las medidas sanitarias adoptadas en distintos países han incrementado el desempleo debido a la reducción del trabajo en la flota de los grandes cruceros.
f) Los transportistas, a pesar de haber sido vitales durante la primera ola del coronavirus, ahora no pueden seguir trabajando o lo hacen en condiciones penosas por las restricciones de seguridad y por la falta de garantías higiénicas y sanitarias debido al cierre nocturno de bares, restaurantes, hoteles, duchas y servicios Especialmente afectados están quienes se dedican al transporte de personas, autobuses y taxis, cuyo trabajo ha descendido un 70%, con las consiguientes repercusiones económicas.
g) Los feriantes y circenses: El trabajo de estos colectivos es muy estacional. Debido a los confinamientos y a las medidas restrictivas no han tenido ingresos de ningún tipo, al no poder trabajar desde el año pasado. Las previsiones de futuro tampoco son buenas debido a la anulación de los festejos populares en todo el territorio español. Tanto los feriantes como los trabajadores de los circos se encuentran en una situación muy complicada. En bastantes casos han tenido que recurrir a las instituciones eclesiales o a los ayuntamientos ante las escasas ayudas sociales para remediar sus problemas.
h) Los gitanos también han experimentado muchas dificultades por la crisis del Covid-19. Las familias gitanas viven muy al día y subsisten con actividades precarias, a menudo irregulares y sin protección, como la venta ambulante, la recogida de chatarra o el servicio doméstico. El confinamiento les ha afectado de lleno pues les ha impedido la realización de sus actividades laborales y, consecuentemente, la percepción de ingresos económicos. Debido al tipo de trabajo que realizan, no han podido cobrar el seguro de desempleo ni acogerse a un ERTE. La mayor preocupación de estas familias es la de cubrir las necesidades básicas y de vivienda, dependiendo en gran medida de la aprobación del ingreso mínimo vital o de cualquier otra renta mínima.
4.- Respuesta de la administración y las instituciones públicas
A continuación, detallamos las respuestas que tanto desde la administración pública como desde la sociedad se han dado a los colectivos descritos anteriormente:
Sobre las Migraciones: Como bien dice el Papa Francisco “Cuando el prójimo es una persona migrante se agregan desafíos complejos” (FT,129). Muchos de los migrantes residentes en España se encuentran en situación irregular y “sin papeles”. En la mayor parte de los casos, resulta imposible tramitar expedientes por negligencia del Ministerio del Interior y, en la actualidad, no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital. Los jóvenes que cumplen 18 años y salen de los recursos de protección (extutelados) tampoco tienen derecho a este Ingreso Mínimo Vital por lo que se ven abocados a situaciones de calle.
Continúan también sobre la mesa de la Administración problemas como la reapertura de los CIEs, las devoluciones en caliente a los países de origen, las masivas denegaciones de solicitudes de asilo, la situación de irregularidad administrativa y la precariedad de muchos trabajadores esenciales (temporeros y empleadas de hogar). Además, como todos sabemos muy bien, los problemas se multiplican en la actualidad como consecuencia de la llegada constante de cayucos a Canarias. Esta ruta migratoria se ha abierto nuevamente al cerrarse las fronteras debido a la pandemia. Junto a estos problemas, preocupa también el nuevo pacto europeo sobre migraciones.
En cuanto a la Trata de Personas: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han seguido investigando y desarticulando redes de trata durante la pandemia. Por lo tanto, han identificado a las víctimas, derivándolas a los correspondientes recursos. La administración ha facilitado los medios y protocolos para la atención a estas víctimas con fines de explotación sexual.
La situación de los encarcelados: La problemática de los encarcelados requiere medidas de largo alcance, puesto que sus problemas con ocasión de la pandemia se han acentuado y, por tanto, las respuestas deben ser más prolongadas en el tiempo. Además de crear planes de reinserción laboral y social para las personas más pobres, cuando salen de la prisión, es preciso también realizar una adecuada política de prevención, clave para evitar que muchas personas acaben delinquiendo y entrando en prisión. En cuanto a los presos extranjeros, se ve muy necesario revisar las políticas de expulsión que, en muchos casos, suponen una ruptura familiar.
En el sector del turismo: Muchos de los trabajadores han podido acogerse a los ERTES, aunque bastantes negocios ya han cerrado o lo están haciendo en la actualidad. En estos momentos, se están buscando soluciones a corto plazo, mediante el establecimiento de corredores turísticos con los principales países emisores de turismo (Inglaterra y Alemania), cuidando las medidas sanitarias. Ahora bien, como estos países han impuesto también medidas de confinamiento, la solución no es fácil porque estas medidas impiden recuperar los flujos turísticos.
Para el conjunto de los trabajadores, en general, no han existido respuestas adecuadas para las demandas de algunos sectores, cuyas reivindicaciones hemos comprobado durante estos últimos días en toda España. En lo que afecta a alguno de nuestros departamentos, concretamente en el de Ferias y Circos, no ha existido respuesta alguna de la administración. No se les permite trabajar y, aunque se han manifestado reivindicando ayudas, no han recibido respuesta alguna.
Antela situación de desempleo y precariedad, en la que se encuentran actualmente muchas personas, la administración pública ha respondido con diversos tipos de ayudas económicas: ERTES, Créditos ICO, Ayudas a Autónomos, Prolongación de los subsidios de desempleo e Ingreso Mínimo Vital (aunque este subsidio plantea grandes dificultades por su lentitud y por las condiciones que exigen para el cobro del mismo. Estas condiciones no permiten que lo puedan percibir muchas personas que viven situaciones de exclusión y vulnerabilidad). Otros tipos de ayudas por parte de las administraciones públicas fueron: subvenciones para arrendamientos, reducciones de impuestos y tasas municipales, aplazamiento de intereses, etc. En estos momentos cruciales, se hace necesaria una promoción de las políticas públicas de vivienda y un sistema social público fuerte que cubra las necesidades sanitarias, educativas y de servicios sociales.
Hasta ahora, el tipo de ayudas que se han gestionado tienen un claro carácter asistencialista y supondrán un grave problema económico y social en el momento en que se dejen de cobrar los ERTE y se comiencen a reembolsar los créditos, si la economía no se reactiva. Por ello, con palabras del Papa Francisco: “insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo” (FT,162).
La sociedad se movilizó en un primer momento creando grupos de ayuda y redes de apoyo, mediante el asociacionismo vecinal, pero en la actualidad estos grupos, que surgieron con mucha fuerza y entusiasmo, se van debilitando paulatinamente.
Las respuestas, en general, fueron insuficientes y tardías, sin personal suficiente en educación, sanidad y en los organismos de la administración pública. La gestión autonómica ha sido también dispersa y descoordinada. La crispación política y la estrategia de la confrontación que vivimos impiden una correcta planificación y respuesta económica y sanitaria en donde prime el bien común.
5.- Respuesta de la Iglesia
Ante tal cúmulo de problemas y desafíos que nos presenta la pandemia, la Iglesia ha ofrecido, en la medida de sus posibilidades, respuestas e iniciativas. Algunas de estas propuestas están siendo apoyadas por los departamentos y organismos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana. En general, se puede decir que toda la actividad de la Iglesia se ha intensificado durante este tiempo y no se ha echado el cierre. Debemos tener en cuenta las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y las recomendaciones del papa Francisco en “Fratelli tutti”: “No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y trasformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas” (nº 77).
Estas han sido las líneas básicas de la respuesta de la Iglesia:
- Una respuesta asistencial mediante la atención y ayuda material con bienes de primera necesidad para cubrir las necesidades más básicas de los necesitados: alimentos, suministros, vivienda, conexiones, equipos electrónicos. Se ha multiplicado, por lo tanto, la inversión económica para cubrir todas estas necesidades. Según datos de Cáritas Española, se ha producido un incremento del 57% del número de personas atendidas, pero, como advierten los agentes pastorales de esta organización eclesial, existe el riesgo de caer de nuevo en el asistencialismo y abandonar el enfoque de defensa de los derechos y promoción de las personas.
- Atención telefónica y on-line constante y continua (Mail, redes sociales). Gracias a estos medios, ha sido posible llevar a cabo un acompañamiento integral a los más necesitados, acogiendo sus problemas e intentando buscarles soluciones eficaces. Este tipo de ayudas se ha centrado en el asesoramiento para todo tipo de gestiones burocráticas y administrativas (SEPE, Seguridad Social, Ayudas…), en el acompañamiento psicológico, formación laboral, búsqueda de empleo, apoyo afectivo ante la soledad y la incertidumbre, etc.
- Común a todos los sectores pastorales ha sido la realización de un acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad, procurando responder a la necesidad de escucha, de autoestima, de cercanía, de cariño y de esperanza. Sobre todo, se ha constatado la necesidad de acompañamiento ante la soledad, la angustia y la incertidumbre que están experimentando durante este tiempo la mayoría de las personas atendidas.
- Se ha dado asistencia espiritual y se han promovido actividades pastorales vía telemática. Concretamente, la atención espiritual ha sido un aspecto fundamental del acompañamiento. Concretamente, se han organizado encuentros on-line que han permitido seguir creando comunidad en la distancia física y alimentando la fe. Estos dos aspectos han sido muy demandados.
- En algunos sectores pastorales, se ha experimentado un aumento del voluntariado, especialmente con presencia de jóvenes. Estos, en algunos casos, no provenían de las parroquias ni de grupos eclesiales.
- Se ha trabajado en Red con otros grupos eclesiales y, también, con entidades civiles y de la administración pública; en algunos casos, también se ha realizado una coordinación con organismos internacionales. Así mismo, hubo diálogos con el gobierno para la detección de las dificultades y para el seguimiento del Ingreso Mínimo Vital. Esta propuesta ya hace tiempo que la venía planteando Caritas.
- Se ha acentuado una tarea de Sensibilización, Incidencia y Denuncia ante situaciones concretas de injusticia y vulneración de derechos (expresiones públicas como los círculos del silencio, en el caso de las migraciones y de Cáritas diocesanas). Estas manifestaciones han tenido lugar en los entornos de trabajo y de convivencia de las personas descartadas para poner al descubierto sus problemas y necesidades.
- Se ha realizado un esfuerzo por visibilizar en los medios de comunicación la voz de los sin voz (radio y televisión) y ante la administración pública. En concreto, en algunos de los sectores pastorales de la Comisión Episcopal, su actuación e incidencia ha tenido estas notas propias:
- Pastoral Gitana: Ante la precaria situación en la que se encuentran bastantes personas de etnia gitana, la respuesta se está ofreciendo fundamentalmente por parte de los propios familiares. Es importante destacar el trabajo de mujeres de mediana edad que están poniendo todos los medios a su alcance para responder a las necesidades familiares. Desde el departamento de Pastoral Gitana se considera muy urgente el potenciar la pastoral como vehículo para detectar casos de vulnerabilidad y para compartir la fe en red o de forma presencial.
- En Apostolado del Mar: Se ha realizado trabajo en red con sindicatos y conexión con inspectores del control portuario para estar alerta ante incumplimiento de normas. Visita a los barcos para acompañar a la tripulación. Contactos con cofradías y atención a marineros locales en situación de ERTE o desempleo. En los centros de Stella Maris se ofrece a la tripulación y a los marinos información sobre el puerto y la ciudad donde están, asistencia laboral, social o espiritual. También existe asesoramiento para que se cumplan sus derechos, para la repatriación si fuese necesaria y para el cobro de salario en caso de abandono del buque.
- En relación a la Trata, se han aportado recursos residenciales de acogida y de acompañamiento, ofreciéndoles la cobertura habitual, al haber sido calificados como recursos esenciales. También se ofreció material a las diócesis, con matiz preventivo, destinado a dotar de herramientas para la detección deposibles víctimas en época de crisis y se ha diseñado un protocolo de actuación. A pesar de todo, se necesitan medios para la detección de otras formas de explotación (servicio doméstico, comisión de delitos y matrimonios forzosos), así como recursos de acogida, intervención y acompañamiento.
- Migraciones: Se han ofrecido iniciativas de acogida para temporeros en cuarentena (Seminario diocesano de Logroño) y atención a grupos específicos en situación precaria como los temporeros (Albacete). También se ha ofrecido orientación a familias solicitantes de asilo en situación de calle, al denegárseles el asilo, y acompañamiento a las empleadas de hogar. Este grupo de mujeres, fundamentalmente inmigrantes, ha sufrido mucho los despidos como consecuencia del coronavirus. Así mismo, se ofreció apoyo de asociacionismo en el caso de los MENAS y se han visitado jóvenes de los CIES que fueron reubicados en otros recursos por el confinamiento, puesto que los lugares en que residían no reunían condiciones. Se atendieron también sus necesidades básicas desde las delegaciones diocesanas, con un posicionamiento contrario a la reapertura de los CIES, denunciando las condiciones de insalubridad y hacinamiento existentes en Melilla.
- Pastoral de las Ferias, Circos y carreteras: Los trabajadores de estos grupos hanrecibido el oportuno acompañamiento, ayudándoles a obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas y ofreciéndoles voz en algún programa de radio.
- En Pastoral del turismo: Ante la crisis experimentada por el turismo, se está promocionando recorridos turísticos vinculados al patrimonio histórico-religioso. Con ello, además de colaborar en la reactivación del sector, se piensa también en las grandes posibilidades de evangelización por medio del patrimonio religioso.
- Pastoral Penitenciaria: Se suministraron 25.000 mascarillas a los internos y se les proporcionó ropa y dinero a los más pobres. Los pisos de acogida han seguido prestando su servicio a quienes cumplían condena y no tenían familia ni lugar en el que residir. Durante este tiempo, se ha incrementado la comunicación de los capellanes y voluntarios con los internos mediante el correo y se ha mantenido el acompañamiento a sus familias. En el futuro, además de destacar la gran labor del voluntariado que humaniza las prisiones, es preciso descubrir nuevas posibilidades para la reinserción social de los presos al salir de la prisión.
- Cáritas ha incrementado en casi el 60% el número de personas atendidas. De estas, una de cada tres no había acudido antes a Caritas en busca de ayuda. El número de plazas de acogida para personas sin hogar ha aumentado en un 25% (1.407) durante la pandemia. Casi se han triplicado los recursos invertidos (2,7).
CONCLUSIÓN
Los agentes pastorales que están impulsando la misión evangelizadora de la Iglesia en estos sectores, constatan la necesidad de seguir cuidando en el futuro la vida espiritual y la eclesialidad de todos los voluntarios para que su actividad nazca de la experiencia del amor de Dios, manifestado en la persona de Jesucristo, y como compromiso de toda la Iglesia.
Así mismo, consideran que es preciso seguir escuchando la voz de Dios, desde la contemplación de la realidad de marginación y pobreza, en la que malviven tantas personas. De este modo, la acción evangelizadora tendrá mayor incidencia en la transformación interior de las personas y a la renovación de la sociedad.
Ante la imposibilidad de dar respuesta a todos los problemas desde las instituciones y organismos eclesiales, se ve necesario mantener un diálogo fluido con los responsables de la política, de la economía y de los sindicatos, con la finalidad de encontrar sinergias en el respeto a la dignidad de las personas, en la promoción de un trabajo decente y en el acompañamiento de los descartados para ayudarles a superar su soledad e impotencia.
Así mismo, se considera muy urgente la necesidad de seguir concienciando a todos los cristianos sobre la dimensión social de la fe y la caridad política por medio del estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. Esto ayudará a incrementar el voluntariado cristiano y a renovar las comunidades cristianas de tal forma que no se produzca una disociación entre la fe y la vida y todas las personas puedan ver respetados sus derechos fundamentales (cf. FT,107).