Los gobiernos de Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Ceuta han enviado una carta al Ministerio de Hacienda.
Las seis comunidades autónomas solicitan la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Reclaman la creación de un fondo extraordinario no reembolsable y que el gasto derivado del coronavirus quede fuera de los objetivos de estabilidad.
Recuerdan la deuda del Estado con las autonomías por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo.
La Comunidad de Madrid estima en más de 2.000 millones de euros el gasto derivado de la lucha frente al COVID-19.
15 de abril de 2020.- La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que dote a las comunidades autónomas de mecanismos de financiación adicionales y sin condiciones para poder hacer frente a la lucha contra el coronavirus (COVID-19), como los que ha aprobado la Unión Europea para los países miembro afectados por la pandemia.
Entre las medidas que se proponen desde el Gobierno regional se encuentra la creación de un fondo extraordinario no reembolsable, así como la suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica, ya que las necesidades financieras derivadas de la crisis sanitaria superan ampliamente las partidas presupuestarias vigentes.
Así se lo han trasladado los consejeros de Hacienda de Galicia, Castilla y León, Murcia, Andalucía, Ceuta y Madrid a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta conjunta que han enviado hoy al Ministerio. Las seis comunidades autonómicas consideran prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces para ayudar a las autonomías en la batalla frente a la pandemia que está requiriendo de “un esfuerzo presupuestario sin precedentes”.
En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en más de 2.000 millones de euros el gasto derivado del COVID-19, sumando las actuaciones en sanidad y en otras áreas críticas y las actuaciones de ayuda al tejido productivo.
Convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal
Para poder abordar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas frente a la crisis sanitaria, los consejeros de Hacienda han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder abordar la puesta en marcha de nuevos mecanismos lo antes posible.
Así, solicitan que se agilicen los trámites para que las autonomías empiecen a recibir las líneas de financiación extraordinarias aprobados por la Unión Europea para los países miembros afectados por el COVID-19. El objetivo es que en 2020 se puedan certificar ya los gastos de personal y de material sanitario derivados de la pandemia ligados a dichos fondos europeos.
Al mismo tiempo, se pide que las comunidades autónomas puedan beneficiarse también de unas condiciones más ventajosas a la hora de financiar su deuda en los mercados, como están planteando las instituciones europeas.
Modificar las reglas de estabilidad presupuestaria
Por otra parte, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta consideran urgente la modificación de las reglas de estabilidad presupuestaria para que se pueda contabilizar el gasto extraordinario relacionado con el COVID-19 al margen del cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, que seguirían quedando sujetos al presupuesto ordinario y con el que están comprometidas las seis regiones.
En el terreno fiscal, se ha trasladado al Gobierno de la Nación la necesaria puesta en marcha de medidas que faciliten la liquidez de empresas y autónomos como agilizar en el mes de abril las devoluciones del Impuesto de Valor Añadido de 2019 (o años anteriores) así como las devoluciones mensuales de enero y febrero. En este sentido, se han recordado las distintas iniciativas tributarias implantadas por las seis comunidades autónomas como el aplazamiento del pago de los impuestos de gestión autonómica.
La deuda del Estado con las Comunidades Autónomas
Por último, han recordado a la ministra de Hacienda en la misiva las cantidades pendientes de abonar derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo que el Gobierno de España ha acordado retener a las comunidades autónomas de manera unilateral para luchar contra el Coronavirus.
En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en 377 millones el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo alcanzan los 139,5 millones de euros. Además, Madrid también reclama los 54 millones de euros por el re cálculo de las entregas a cuenta de 2019.
