La ONU ha abierto la puerta a aplicar el derecho de asilo a los desplazados por las consecuencias del cambio climático, y en Manos Unidas están convencidos de que «esa situación se va a terminar dando». En 30 años, estos nuevos solicitantes podrían superar los 140 millones
Una búsqueda rápida sobre Kiribati en internet devuelve, entremezcladas, fotos paradisiacas en este archipiélago del Pacífico, información turística… y noticias referidas a su probable desaparición, cuando la subida del nivel del mar causada por el cambio climático sumerja sus 33 atolones e islas, que apenas sobresalen de promedio dos metros sobre el nivel del mar.
Uno de sus 100.000 habitantes, Ioane Teitiota, se ha convertido en el rostro visible de la tragedia que amenaza a esta moderna Atlántida. Y que, además del riesgo futuro, tiene ya consecuencias muy concretas. En 2007, Teitiota y su mujer emigraron a Nueva Zelanda. Allí nacieron sus tres hijos. Y allí intentó que el Gobierno kiwi le reconociera como el primer refugiado climático de la historia.
Alegaba que su ciudad, Tarawa, situada en una estrecha franja de tierra entre el mar y la laguna interna del atolón del mismo nombre, rozaba el hacinamiento debido a la inmigración desde otras islas aún más deterioradas. De 1947 a 2010 había pasado de 1.600 a 50.000 habitantes. Los pocos acuíferos de agua dulce se están salinizando, hay disputas por los escasos terrenos y la agricultura se ha vuelto casi imposible. Acompañaba su solicitud con un informe que afirmaba que el país sería inhabitable en 15 años.
Su petición fue rechazada en todas las instancias, y en 2015 lo deportaron. Pero no se rindió y llevó su caso hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que a finales de enero tomó una decisión histórica. Afirmaba que la deportación de Teitiota no fue ilegal porque su vida no corría un riesgo inmediato. Pero, al tiempo, reconocía que la crisis climática puede llegar a «exponer a los individuos a una violación de sus derechos». En ese caso, los estados no podrán devolverlos a su país.
La decisión, no vinculante, sienta precedente al «reconocer que el derecho internacional de asilo se puede aplicar en el contexto del cambio climático y los desplazamientos por desastres» ambientales, ha subrayado el portavoz de ACNUR Andrej Mahecic. «Esa situación se va a terminar dando», afirma convencida Patricia Garrido, técnico de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático. Los desplazamientos de población por causas medioambientales son una de las preocupaciones de la ONGD de la Iglesia, que este domingo celebra su jornada nacional con el lema Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú.
«¿De dónde son si su país desaparece?»
Garrido cree que, denegando la petición de Teitiota, la ONU ha intentado ganar tiempo por las enormes implicaciones políticas de reconocer la figura del refugiado ambiental. Un fenómeno que podría llegar superar con mucho crisis de refugiados como las de Siria o Venezuela. Solo en el Pacífico hay una decena de países (Tuvalu, Tonga, Samoa….), con 2,3 millones de habitantes, en los cuales en 2100 podrían haber desaparecido 48 islas, según una estimación presentada en 2018 por los países del Foro de Vulnerabilidad Climática. «¿De dónde serán nacionales si desaparece un país entero? ¿Quién asume su protección?», se pregunta la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega. Sin salir de esa región, «una subida del mar de solo un metro en Bangladés afectaría a 18 millones de personas», añade Garrido.
Según el Observatorio para el Desplazamiento Interno, entre 2008 y 2018 260 millones de personas se vieron obligadas a dejar su hogar por desastres naturales repentinos y por las consecuencias del cambio climático. De momento, en la mayoría de los casos es por fenómenos puntuales (tifones, incendios, sequías…), se quedan en su país y terminan volviendo a casa. «Pero estamos observando que cada vez más gente tiene dificultades para retornar, porque sus zonas empiezan a ser inhabitables», asegura Vega.
Si a esta realidad se suman los afectados por fenómenos más lentos como la subida del mar o la desertización, puede llegar a cumplirse el pronóstico del Banco Mundial, que de cara a 2050 habla de 143 millones más de migrantes climáticos permanentes. Una realidad que, según Mahecic, «subraya la importancia de que los países tomen medidas para prevenir o mitigar los daños asociados al cambio climático», que en el futuro puede llevar a sus puertas a millones de personas.
Sudeste Asiático
De tierra inservible…
En el sudeste asiático, no son solo los tifones (que ahora pueden ocurrir en cualquier momento) e inundaciones en sí los que expulsan a miles de personas de sus hogares. «Por un tifón o por la misma subida del nivel del mar, este puede entrar en las zonas de cultivo de arroz. Esas tierras contaminadas por la sal ya están perdidas, y cada vez va quedando menos terreno disponible –explica Patricia Garrido, técnico de proyectos de Manos Unidas en esta región–. Imagina lo que significa eso en Vietnam, Camboya, Laos o Filipinas, donde el arroz es el 90 % de la dieta». Un problema añadido es la pérdida de biodiversidad marina, que obliga a los pescadores a «adentrarse cada vez más en el mar, con barcas que apenas son una cascarilla. La siniestralidad ha aumentado mucho». Cuando los habitantes de la costa deciden irse a las ciudades, lo hacen renunciando a su forma de ganarse la vida. Y acaban en los arrabales de las grandes ciudades, en condiciones pésimas.
… a dunas y manglares
Algunos de los proyectos de Manos Unidas en Asia están destinados a atender a la población que se hacina en los slums, muchas veces llegados desde otras zonas de esos países. Es el caso de Chittagong, la segunda ciudad más poblada de Bangladés, donde aportan agua potable y saneamiento. Pero su prioridad es «que la gente siga viviendo en su tierra y que afronten la situación de la mejor manera posible», resalta Garrido. Lo hacen en Vietnam con un proyecto para ayudar a viudas de pescadores a ganarse la vida con cultivos diversificados. También apuestan, en colaboración con entidades locales, por la mitigación de los efectos del cambio climático. En Filipinas, por ejemplo, contribuyen a la reforestación de manglares –ecosistemas costeros de árboles resistentes a la sal–, a la reconstrucción de dunas y a la protección de las barreras de coral, gravemente dañadas por la práctica de la pesca ilegal con dinamita. Como alternativa, dotan a los pescadores de mejores barcas, con las que también pueden dedicarse a tiempo parcial al ecoturismo.
Perú
Irse agrava la crisis
«En Perú, la migración interna es un problema antiguo. Pero en los últimos años, se está acelerando», asegura Gabriel Mejía, del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Esta entidad trabaja sobre todo en la región andina, donde están la mayor parte de los cultivos del país. «Se encuentran en terrenos inclinados, y una lluvia fuerte puede arrasarlo todo. Ahora, cae en dos o tres meses lo que antes caía de noviembre-diciembre a marzo-abril, sobre todo cuando se da el fenómeno de El Niño», cada vez más frecuente. Esta huida de la población, además, contribuye a agravar las consecuencias del cambio climático. En primer lugar, porque si las zonas altas y medias de las cuencas se quedan sin campesinos que las cultiven y cuiden, las inundaciones que vengan después serán cada vez más graves. Y también porque parte de estos campesinos se desplazan a la zona selvática del país, donde encuentran trabajo en las industrias extractivas o el cultivo de coca, acelerando la deforestación.
Agricultura sostenible
Toda la labor del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente en las regiones de Huánuco, Huancalevica, Apurimac, Lima y Ancash se basa en el convencimiento de que la agricultura sostenible, además de ayudar las familias a salir de la pobreza y conservar los recursos naturales, sirve para «afrontar eficazmente el cambio climático». «Con la ayuda de Manos Unidas, trabajamos con las familias campesinas estabilizando los suelos de las zonas altas y medias de las cuencas: reforestamos, promovemos el cultivo en terrazas, e instalamos sistemas que facilitan la infiltración del agua para recargar los acuíferos» en vez de que se precipite por las quebradas, explica Gabriel Mejía. Con esta experiencia, el IDMA, junto con otras entidades sociales ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Riesgos en el Sector Agricultura. Desgraciadamente, «se ha quedado en el papel. El 90 % de las acciones de gestión de riesgos es obra de las organizaciones de desarrollo».
María Martínez López
Imagen de portada (Foto: ©AusAID)
