Es una falacia amasada decir que en España faltan funcionarios, máxime cuando hay nuevas tecnologías implantadas en el sector privado (el que paga) y todavía el público ni las han tocado.
Un estudio sesudo realizado por la Universidad CEU confirma la percepción general al respecto. El mismo concluye que en España hay un asalariado público por cada 4, 9 ocupados en la economía privada. En total, 3,6 millones de trabajadores del Estado, de los cuales 1,5 millones serían excedentes, y que cobran más de media que sus paisanos en el privado, nada menos que un 45% por ciento en el ejercicio del 2022.
Más cifras interesantes y difícilmente cuestionables. El coste laboral de ese exceso habría superado en el 2023 los 66.700 millones de euros, un 5% de todo el Producto Interior Bruto de la nación. Además, cada empleado público genera un gasto asociado entre el 10 y el 30%, entre espacio para oficinas y su limpieza, ordenadores, material de oficina, consumo eléctrico, viajes, gastos administrativos , formación, seguros, etc… Concluyendo: más de 70.000 millones de euros sólo en ese 1,5 millones excedentes.
Vamos a peor. No es de extrañar que la morterada de millones que el Estado recauda de los contribuyentes prácticamente todo se consuma en burocracia y quede muy poquito para la inversión productiva. En 1976, dos años antes de aprobarse la Constitución, había un asalariado público por cada 8,4 empleados en la economía privada. En este sentido, subrayar que el empleo público del que tanto presume la señora Díaz (ella en realidad sólo cree en lo público como buena comunista de manual) ha crecido muchísimo más que en las empresas privadas, donde el inversor se juega su dinero.
Y con estos datos irrefutables en el frontispicio, pregunten a los españoles si les parece que su Administración Pública les ofrece en tiempo y forma los servicios que demandan.
Es una gran asignatura pendiente que pese a los requerimientos de Bruselas los gobiernos de turno, especialmente el actual, se lo vienen pasando por el arco de triunfo. Hacen justamente lo contrario en una especie de clientelismo político corrupto.
Si alguien piensa que el actual ministro, José Luis Escrivá, es capaz de poner orden en el desmadre va listo. De digitalización no sabe nada (le importa poco, nadie ama lo que no conoce) y el lío funcionarial le viene grande, además de no disponer de fuerza política dentro del Gobierno. A una incapacidad tan manifiesta resulta difícil creerle algo. Él está a colocarse en el Banco de España… Menos mal que no le dará tiempo.
GRACIANO PALOMO
Publicado en OKdiario el 9.6.2024
