Encargado por el Santo Padre y en el contexto de una Iglesia comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y las personas vulnerables acaba de presentar el primer informe sobre políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia.
Este documento refleja la voluntad inequívoca de una Iglesia que busca medir y mejorar continuamente los esfuerzos que realiza para proteger a los más vulnerables, ofreciendo un enfoque que combina principios teológicos, responsabilidad social y una clara dimensión pastoral, expresión de su compromiso con la dignidad humana y la justicia.
Para promover esta visión de Iglesia es necesario reconocer los errores del pasado, una sanación profunda y un compromiso sincero con la protección, la justicia y la reparación a quienes han sido heridos por el abuso sexual. A partir de esta reflexión, la comisión adoptó el modelo de justicia y conversión, que se basa en cinco pilares. El primero es la conversión que nos aleje del mal: se centra en una profunda renovación espiritual que guíe a la Iglesia hacia un cambio de corazón y mentalidad, comprometida con los valores evangélicos.
En segundo lugar, prioriza la búsqueda y reconocimiento de la verdad, permitiendo que las víctimas sean escuchadas y sus experiencias aceptadas con empatía, solidaridad y transparencia. A continuación, en el apartado de la justicia, busca la rendición de cuentas y la implementación de medidas justas contra los responsables. Otro pilar es la reparación, que se enfoca en acciones concretas y efectivas para ayudar a sanar a las víctimas, ofreciendo los apoyos que requieran, profesionales, pastorales o materiales. El último es la garantía de no repetición: establece reformas y políticas institucionales robustas que eviten futuros abusos, incorporando protocolos y formación para la prevención, que conduzcan a una transformación perenne y significativa de la Iglesia.
El modelo de justicia y conversión apunta a la transformación espiritual progresiva de todos los miembros de la Iglesia, que lleve a comprometernos a realizar acciones concretas, enfrentarnos y remediar el daño causado, buscar erradicar el abuso sexual, construir entornos seguros donde los individuos sean tratados con dignidad y respeto, fomentando la renovación integral de nuestra Iglesia.
En el centro de este informe resuenan las voces de las víctimas / sobrevivientes, cuya experiencia y fortaleza continúan guiando los cambios necesarios para un entorno más seguro y justo, a través de dos fuentes principales. Desde sus inicios (2014), la comisión pontificia ha contado con miembros que, además de ser expertos en el tema de la protección, también fueron víctimas de abuso sexual. Su presencia y aportaciones siguen siendo invaluables. Además, han contribuido en el desarrollo de distintos protocolos, entre ellos uno relacionado con la respuesta a su correspondencia. También han conformado paneles consultivos y en el último año un grupo de ellos, provenientes de una región continental, formaron parte del primer grupo focal piloto, dirigido a la reflexión sobre los contenidos y objetivos de este informe anual.
La primera sección del informe aborda la importancia de apoyar a los líderes eclesiásticos locales en la aplicación de políticas de prevención y respuesta a las denuncias de abuso, particularmente a aquellas Iglesias locales que presentan grandes desafíos por múltiples situaciones. La segunda se enfoca en la misión eclesial de proteger a los menores y adultos vulnerables en las diferentes regiones del mundo, enfatizando la necesidad de promover la solidaridad y colaboración entre conferencias episcopales. La siguiente parte subraya que la Curia romana está llamada a ser un referente en la protección de menores y adultos vulnerables, facilitando el intercambio de buenas prácticas con las Iglesias locales y promoviendo una visión común de procedimientos. La última sección reconoce el papel de la Iglesia en la protección de los menores y adultos vulnerables, tanto en su interior como en la sociedad en general.
A lo largo del camino recorrido, la comisión ha encontrado una gran diversidad de respuestas por parte de las Iglesias locales frente a la recepción de las denuncias y la escucha y acompañamiento a las víctimas / sobrevivientes y sus familias. Por un lado están aquellas que poseen los recursos necesarios, profesionales y pastorales, para atender a quienes han sido afectados por el abuso y, por el otro, las que carecen de ellos y cuya gestión, por tanto, es muy poco eficiente.
A raíz de este hecho, la comisión pontificia creó en 2023 la Iniciativa Memorare, que es la manifestación concreta de la atención pastoral y de la ética del cuidado. Su enfoque va más allá de cumplir políticas: busca crear un ambiente seguro, confiable y empático para las víctimas / sobrevivientes y sus familias, a través de facilitar el establecimiento de oficinas dedicadas a recibir las denuncias, la creación de centros de escucha que constituyan un espacio donde puedan expresar sus experiencias y recibir el apoyo necesario. La educación y formación en ambientes seguros también es vista como una prioridad, junto con la capacitación de las comunidades y líderes locales para prevenir futuros casos de abuso sexual. Asimismo, se enfoca en el desarrollo de redes de colaboración profesional que fomenten la solidaridad entre las distintas Iglesias locales y las conferencias episcopales y de religiosos. Todas estas acciones impulsadas por la Iniciativa Memorare no solo buscan sanar heridas del pasado, sino también construir un futuro de prevención en el que la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la Iglesia sean la norma.
Este informe es una herramienta de rendición de cuentas, de evaluación y de compromiso renovado hacia la justicia y la protección. Permite identificar áreas de mejora y reconocer los avances logrados, asegurando que las prácticas de protección no sean solo palabras en papel, sino que se traduzcan en realidades palpables que dignifiquen y protejan a cada persona que entra en contacto con la Iglesia. Porque, como el Santo Padre afirmó en febrero de 2015, «las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura».
La familia, factor de riesgo y protección
La familia como factor de riesgo y factor de protección y el papel de las oficinas de protección de menores como lugar de acogida y seguimiento de las víctimas fueron los temas que centraron el VII encuentro de responsables de oficinas de protección de menores de España, convocado los días 25 y 26 de octubre por el servicio que las coordina dentro de la Conferencia Episcopal Española. En el primer ámbito, se profundizó en cuestiones como la educación afectivo-sexual en la familia y el papel de padres y profesores ante los abusos en este ámbito o la sanación del daño intrafamiliar. El encuentro también acogió una reflexión en torno a la justicia restaurativa y se compartieron experiencias sobre la protección en casos de discapacidad y en el mundo asociativo.
IRMA PATRICIA ESPINOSA
Miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menore
Publicado en Alfa y Omega el 3.10.2024
