La impostada llamada a la responsabilidad del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial lleva años sirviendo al PSOE para tapar o desviar la atención sobre cualquier tropelía que Sánchez esté cometiendo. Ya sea para tapar la corrupción que supone haber pactado una Ley de Amnistía redactada por los delincuentes que se beneficiarán de ella; ya sea para desviar la atención sobre el acuerdo suscrito por el PSOE con un prófugo de la Justicia en el que deciden crear comisiones parlamentarias que juzgarán a los jueces que formaron parte de los tribunales y, aplicando las leyes democráticas y constitucionales en vigor, condenaron a los socios de Sánchez por haber cometido graves delitos contra el orden constitucional y por robar dinero público.
Ya sea para ocultar la incompetente y sectaria gestión de cualquier asunto que depende de su directa responsabilidad (el ineficiente y opaco reparto de los fondos europeos, por ejemplo); ya sea para ocultar que la tasa de paro nos sitúa una vez más como campeones de Europa; ya sea para esconder la desbocada incompetencia de su ministro de Transportes -que parece haber bloqueado las vías de los ferrocarriles a la vez que bloqueaba en las redes a sus críticos-… El comodín de Sánchez y de toda su tropa es calificar al PP de «incumplir la Constitución» por no «renovar» el CGPJ.
En este momento crítico para nuestra democracia, habiendo anunciado que levantará un muro entre españoles tras ser elegido presidente con los votos de los partidos que han demostrado con sus hechos ser enemigos jurados y sangrientos de la España constitucional y democrática; tras haber pactado una ley de impunidad para los grandes delincuentes redactada por ellos mismos; tras haber rendido la democracia ante sus enemigos mortales a los que el Estado habrá de pedir perdón en aplicación de la llamada Ley de Amnistía; tras haber entregado la alcaldía de Pamplona al partido de ETA, al que sigue defendiendo la historia de terror de la banda terrorista mientras organiza homenajes a los asesinos; tras haber protagonizado un espectáculo bochornoso en Estrasburgo y salir del Pleno del Parlamento Europeo abucheado por los parlamentarios de todos los países; tras haber constituido comisiones parlamentarias para juzgar a los jueces señalados con nombre y apellidos por sus socios; tras haberse reunido en Suiza con el partido del prófugo de la Justicia en una comisión bilateral que cuenta con un mediador internacional para sancionar los acuerdos entre iguales –los prófugos y el gobierno de España- … va Pedro Sánchez y llama a Feijóo para «acordar» la reforma del CGPJ.
Sánchez lo llama y Feijóo acude como si nuestras instituciones se encontraran en una situación de normalidad política; como si se estuviera cumpliendo un trámite normal en cualquier país de nuestro entorno, de esos que tienen gobiernos normales, sin comunistas, sin golpistas, sin filoterroristas, sin prófugos de la Justicia…; como si no hubiera pasado nada, como si no estuviéramos inmersos en un proceso de demolición del sistema democrático. Cierto es que, antes de acudir, Feijóo le manda a Sánchez un «orden del día» en el que propone abordar la retirada de la Ley de Amnistía, la desaparición de las comisiones de investigación que actúan a modo de tribunales políticos contra los jueces, la retirada del apoyo del PSOE a la moción que hará alcalde de Pamplona a un orgulloso heredero de ETA… Igual de cierto que el hecho de que Sánchez hace caso omiso de esa propuesta, el orto no se levanta de la reunión y el felón saca lo único que le interesaba: la renovación del CGPJ, uno de los dos únicos bastiones que aún no controla el aspirante a caudillo. El otro es la Jefatura del Estado, pero de momento eso no se lo puede entregar Feijóo. Menos mal.
Por eso de aclarar la perversión de la situación, voy a procurar aclarar algunos conceptos sobre la cuestión que el PSOE y todos los suyos se empeñan en emborronar y que parece que Feijóo no ha tenido en cuenta antes de quedar enredado en la tela de araña del trilero.
En primer lugar, no renovar el CGPJ transcurrido el mandato de cinco años que establece el artículo 122.3 de la Constitución NO ES INCONSTITUCIONAL.
La CE establece el plazo del nombramiento de los 20 miembros, hecho por el Rey (cinco años), el ámbito de procedencia (cuatro propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, doce elegidos entre magistrados y jueces y las condiciones: que sean elegidos por mayoría de tres quintos).
El plazo que establece la Constitución es de mínimos, no de máximos y está condicionado no sólo a que los candidatos reúnan todos los requisitos exigidos por la ley, sino a que haya acuerdo de mayoría reforzada para elegirlos. Si no se alcanzan la mayoría exigida, el Consejo puede durar lo que sea necesario, hasta que se alcancen. Por eso la Ley Orgánica del Poder Judicial dispuso en su artículo 570.2 que una vez que pasen los cinco años, el Consejo seguirá funcionando con normalidad salvo para nombrar a su presidente. O sea, renovar cada cinco años es deseable, pero no renovar si no se alcanzan las mayorías exigidas por la propia Constitución no es inconstitucional.
Esto me lleva a la segunda clarificación. En su sentencia 108/1986 el Tribunal Constitucional ya advirtió del riesgo de que se produjera un vicio de inconstitucionalidad al aplicar la ley:
«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma Constitucional si las Cámaras, a la hora de adoptar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos».
«La existencia, y aun la probabilidad de este riesgo creado por un precepto (se refiere a la ley que está analizando) parece aconsejar su sustitución».
Concretemos: el Tribunal Constitucional -¡angelitos!- dictaminó que la ley podía aplicarse respetando la Constitución; pero también señaló que si se repartían los vocales por cuotas entre partidos, esa condición dejaría de cumplirse. Y justo eso es lo que ha ocurrido año tras año. Cada vez que los partidos se han repartido los vocales entre ellos en función de la proporción de los grupos parlamentarios, han incurrido en el vicio de inconstitucionalidad sobre el que alertaba el Tribunal. Así pues, lo que vulnera la letra y el espíritu de la Constitución no es la prórroga del mandato, sino mantener un sistema que birla a los jueces la potestad que les otorga la Constitución de elegir directamente a doce miembros del Consejo. Lo que atenta contra la Constitución es renovar el Consejo sin corregir la ley que permite esa inconstitucionalidad de ejercicio que se viene produciendo desde 1985.
Aceptar -como ha hecho Feijóo de facto- la premisa de que la no renovación del CGPJ en el plazo establecido convierte al órgano en «caducado» y a sus decisiones en «ilegítimas» es un gravísimo error; y aceptar la vieja pretensión del PSOE de renovar el Consejo antes que reformar la ley por la que desde el año 1985 se elige el órgano de gobierno de los jueces es una barbaridad que si no se corrige tendrá irreparables consecuencias para un pilar básico de la democracia cual es la separación de poderes.
El éxito de Sánchez y su tropa es que ellos no tienen principios, pero sí que tienen un plan. El fracaso de quien tiene la responsabilidad delegada de los ciudadanos -que para eso le han votado- de no desviarse del camino y defender la igualdad y el orden constitucional se deriva del hecho de que parecen funcionar sin ser plenamente conscientes de que lo que tienen en frente no es un dirigente al uso sino un tipo dispuesto a todo para liquidar la separación de poderes y ejercer el poder como un autentico autócrata. Por eso los psicópatas triunfan tanto en política, porque en frente nunca -o casi nunca- se encuentran con tipos de su perfil.
Señor Feijóo, permítame un ruego: por respeto a la Constitución, por respeto a la separación de poderes, por respeto a las normas y los estándares europeos en la materia, por coherencia con sus propias proclamas que denuncian, con razón, la situación de emergencia nacional que vive nuestra Nación… y, sobre todo, por respeto a todos los ciudadanos y en legítima defensa, antes de que sea demasiado tarde, primero reformar y después renovar. Porque el orden de estas cosas sí que altera el producto.
ROSA DÍEZ
Publicado en OKdiario.
23 de diciembre 2023.
