Los médicos españoles que se oponen a la Ley de la Eutanasia se sienten presionados por las autoridades sanitarias a declarar públicamente su posicionamiento.
17 de febrero 2022.- «El registro de médicos objetores de conciencia a la eutanasia está siendo una chapuza», asegura Miguel Ángel González Canomanuel, médico de urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) y delegado del sindicato CSIF para este centro. La semana pasada su sindicato denunció que el procedimiento de registro que se está llevando a cabo en el HUT «no cumple con las mínimas garantías que pide la ley». «La normativa exige un registro totalmente confidencial, porque la información que contiene está considerada por la ley como de máximo nivel de seguridad», mientras que lo que están haciendo es «difundir un formulario para que te lo descargues y luego lo presentes en el registro ordinario del hospital, donde se presenta cualquier otro documento».
Además, la gerencia del HUT fija un plazo de una semana para la presentación de la declaración, «algo totalmente arbitrario», como lo define el doctor González Canomanuel, «porque la ley no pone ninguna limitación de tiempo a la hora de hacerse objetor de conciencia. Uno puede cambiar de opinión en cualquier momento». Según la propia ley que regula la eutanasia, la información sobre los médicos objetores de conciencia «la deben conocer exclusivamente los interesados y la comisión de garantías que establezca la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma; ni siquiera el hospital en primer término», asegura el médico.
«¿Por qué tienen que obligarme a mí a posicionarme y a declarar cuáles son mis convicciones en este tema o en cualquier otro?», denuncia en este sentido Juan Santos, de la Sociedad Asturiana de Cuidados Paliativos. «Uno no tiene por qué declarar si está a favor o en contra de la eutanasia, como tampoco tiene que decir si vota a un partido o a otro, o si le gusta o no el café con leche», añade. En opinión de Santos, «si quieren eutanasia, que pidan voluntarios», pero «lo que no se puede hacer es solicitar unos datos que quién sabe dónde acabarán, ni con qué fines van a ser utilizados», sobre todo «cuando las cosas cambian políticamente de un día para otro». Por todo ello, defiende que «una institución pública no puede obligar a ningún facultativo a inscribirse en un registro de objetores porque, para empezar, la eutanasia no es un acto médico».
De la misma manera se pronuncia Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que se muestra «contrario a la simple existencia de un registro» de médicos objetores de conciencia. Para Martínez-Sellés, se trata de un procedimiento «peligroso», pues «los datos se podrían utilizar para muchas cosas, incluida la toma de decisiones de quién promociona en un hospital y quién no, por ejemplo».
Además, «si te inscribes, ¿quién te garantiza qué se va a hacer y qué no con esa información?». Este procedimiento está causando «mucha preocupación» entre sus compañeros de profesión, sobre todo porque «hemos empezado ya un proceso de pendiente resbaladiza: si el primer caso conocido de eutanasia fue el de una paciente de edad avanzada con una discapacidad intelectual, ¿qué vendrá después? Es una situación peligrosa», reitera el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
«Un mecanismo perverso»
«En muchos sitios no hay registros todavía, y, donde los hay, han demostrado ser muy permeables. No aseguran la confidencialidad», señala José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC). Para Díez, se trata de una legislación «muy novedosa, con muchas incertidumbres», y algunas comisiones de garantías que regulan la aplicación de la ley en cada comunidad autónoma «simplemente se acaban de formar».
Esta situación «explica por qué los médicos contrarios a la eutanasia no se quieren registrar como tales. No se quieren meter en líos sin necesidad, y solo declararán sus convicciones cuando se presenten ante un caso médico real en el que tengan que actuar». De todos modos, abunda Díez, «en todos los hospitales se sabe quién es objetor y quién no». Aún así, estos registros «son listas negras, un mecanismo perverso susceptible de filtraciones».
En medio de este panorama, la presión que están sufriendo los médicos en toda España para posicionarse en este asunto es «evidente», sobre todo en las especialidades que se encuentran ante casos al final de la vida, constata el coordinador general de ANDOC. «Hace unos días una médico me contó que en su hospital todos saben que si te declaras objetor de la eutanasia vas a ser discriminado y apartado por los gerentes. Todo el mundo lo tiene claro y pocos van a entrar al trapo hasta que no estén ante una situación en la que tengan que decidirse».
Y los paliativos sin desarrollar
Mientras las autoridades sanitarias españolas siguen buscando la manera de hacer que los médicos objetores declaren públicamente su posicionamiento, el desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro país sigue dejando mucho que desear. Según las recomendaciones de la Unión Europea, los países miembros deberían establecer como mínimo dos servicios especializados en cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la actualidad, la media de estos recursos en España es de 0,74. Según el último Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, coordinado por el equipo del doctor Carlos Centeno en la Universidad de Navarra, cada año hay cerca de 80.000 personas en España que precisarían de este tipo de atención y mueren sin haberla recibido.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo (Alfa y Omega)
Imagen: Miguel Ángel González Canomanuel, médico de urgencias,
ante el Hospital Universitario de Toledo.
(Foto cedida por Miguel Ángel González Canomanuel)
