La Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, aprobada la semana pasada en el Congreso para su tramitación, sigue su curso y ya se ha cobrado la primera víctima colateral: el diputado de UPN Carlos Salvador, quien durante el debate se manifestó en contra de este texto legislativo. Salvador, nacido en Pamplona, ha recibido la reprobación del Ayuntamiento de su ciudad natal «por sus declaraciones contrarias a la libertad y los derechos de todas las personas, especialmente de la comunidad LGTBI», según explica el comunicado del consistorio navarro.
Para Salvador, «lo más peligroso de la proposición de ley es la obligatoriedad de un marco de pensamiento único; la radicalidad e injusticia de sus respuestas; y el choque con principios y derechos recogidos y aceptados en nuestra Constitución: la dignidad de las personas, la igualdad, el derecho a la educación, la presunción de inocencia y la libertad de expresión».
El diputado de UPN destaca también que «lo más grave de esta propuesta es lo que no se ve pero acompaña a su imposición: los ataques a la libertad de expresión. No han tardado ni una semana en darme la razón», lamenta en conversación con Alfa y Omega. Salvador concreta asimismo que la ley pretende «eliminar discriminaciones frente a un determinado colectivo que nosotros podríamos apoyar, pero paradójicamente consagra otras en otras muchas más personas, que así ven limitados o atacados sus propios derechos. El objetivo loable de la no discriminación provocará situaciones injustas por exceso y por un deseo expreso de totalitarismo».
La abstención del PP
La proposición de esta ley ha sido impulsada por Podemos y continúa su trámite gracias a los votos a favor de la mayoría del hemiciclo y la abstención del Partido Popular a excepción del exministro Jorge Fernández Díaz, que votó en contra rompiendo la disciplina de su partido para oponerse al proyecto –Fernández Díaz ya hizo lo mismo en el año 2005, durante la tramitación del llamado matrimonio homosexual–.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marta González, ha señalado que el texto «tiene un objetivo muy loable pero que, desgraciadamente, es torpe en la forma y en el fondo», pues al final «contraviene los derechos de otras personas diferentes de las que son sus sujetos». Por eso propondrán «una ley general antidiscriminatoria que ofrezca una adecuada protección de las personas LGTBI y de sus derechos, sin menoscabo de los derechos de otras personas».
«Toca mojarse»
Ante el recorrido que pueda tener a partir de ahora esta proposición, Salvador lamenta que «si la izquierda mantiene un ciego interés estratégico en provocar un cambio de modelo sociológico, la proposición no cambiará mucho, e incluso aún podría ser menos respetuosa con la Constitución».
Por eso la respuesta «en democracia es defender, con argumentos y valentía, aquello que uno cree que es bueno para todos. Quien no crea que esta propuesta mejorará la sociedad debe posicionarse sin miedo y, si quiere más compromiso, debe pedir a los partidos que uno cree que lo representan en esos principios atacados y esos derechos en riesgo, que los defiendan. Toca mojarse, creo yo».
Precisamente, la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos en España ha sido estudiadas estos días por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal reunida en Madrid.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Imagen: Carlos Salvador durante una intervención en el Congreso.
(Foto: congreso.es)
Las claves de la proposición de ley
- Formación obligatoria en diversidad sexual de todos los funcionarios públicos y de todos los profesionales en los ámbitos de la salud, educación, servicios sociales, justicia, cuerpos de seguridad, centros de menores, deporte, ocio y comunicación.
- Se crea la Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual, y en la Fiscalía General del Estado habrá un fiscal contra los delitos de odio LGTBI.
- Salud: no hará falta el consentimiento paterno para las operaciones de cambio de sexo a partir de los 16 años, ni para los tratamientos hormonales en la pubertad; estarán prohibidas las terapias para revertir la orientación sexual de una persona, aunque sea su deseo.
- Familia: se realizarán campañas de información dirigidas a las familias para divulgar las distintas realidades afectivas y de género; en los procesos de adopción no podrá discriminarse a nadie por su orientación sexual.
- Educación: se creará un Plan Integral de Educación que inculque la diversidad sexual de manera transversal en todas las asignaturas; se formará en diversidad sexual desde Educación Infantil; habrá acciones de sensibilización de padres de alumnos en diversidad sexual. Además, el Estado y las CC. AA. evaluarán si los centros concertados adoptan estas medidas a la hora de acceder a subvenciones y convenios.
- Infancia y juventud: formación obligatoria de monitores de infancia y juventud en diversidad sexual; asociaciones como los scouts deberán fomentar la diversidad de orientación sexual y familiar.
- Empresas: bonificaciones fiscales y subvenciones a empresas que favorezcan la inserción laboral de las personas transexuales; incorporación a las bases reguladoras de las subvenciones públicas las medidas de igualdad LGTBI.
- Medios de comunicación: los medios de comunicación deberán incluir en su programación, para todas las franjas de edad, la diversidad familiar.
- Ámbito judicial: inversión de la carga de la prueba, por la que los acusados de discriminación deberán demostrar con pruebas su inocencia.
- Sanciones: multas hasta 45.000 euros, suspensión temporal de la actividad de la institución, y embargo de bienes.
