Faltan manos para las cosechas mientras miles de migrantes esperan una regularización apoyada por la Iglesia. «Es una cuestión de justicia», dice Xabier Gómez.
26 de septiembre 2024.- El campo se asfixia. Se ahoga porque las manos que recogen sus frutos no son suficientes. Así lo explica Antonio Ortiz, un empresario agrícola que atiende a este semanario desde el municipio extremeño de Almendralejo y que ve desesperado cómo le faltan manos para recoger las aceitunas y las uvas de sus campos. «En Extremadura hay registradas decenas de miles de personas demandantes de empleo agrícola, y cuando vas a solicitar esos trabajadores, resulta que no quieren hacer esas tareas», se lamenta.
Ortiz calcula que, para sacar adelante todos los trabajos de recolección de la uva, de la aceituna verde de mesa y la de almazara —para hacer aceite—, junto a las podas de los viñedos y los olivos, actualmente necesitaría alrededor de 10.000 personas más trabajando en sus campos. De no atender a esa necesidad se corre el riesgo no solo de que «la cosecha se acabe pudriendo», sino también de que se produzcan unas pérdidas económicas enormes por no recoger el fruto con todas las garantías que requiere. «No son tareas penosas», insiste el empresario, «son jornadas laborales de seis horas por convenio y bien remuneradas. No entendemos por qué la mano de obra demandante de empleo nacional no quiere este tipo de trabajo».
Cruzando Fronteras
Así se titula el pódcast de la CEE que, con cuatro capítulos disponibles en internet, reflexiona sobre el papel de la Iglesia con los migrantes.
A 20 kilómetros de donde se encuentra Antonio se sitúa el centro de acogida de migrantes de Mérida, donde actualmente viven alrededor de 800 personas. El empresario no tiene duda: «Afirmo rotundamente que todos esos migrantes tendrían total cabida en nuestra comarca como trabajadores agrícolas. Todos ellos, ¡incluso si hubiera más, también!». La imposibilidad de que esas personas puedan tener acceso a un trabajo digno porque se encuentran en situación irregular, y que a su vez los campos estén faltos de manos que los trabajen, forma parte de un relato, ya manoseado, en el que ante todo priman unos intereses políticos propios. «Nosotros no entendemos de leyes, pero tampoco entendemos cómo hay personas con necesidad de trabajar y, teniendo esa posibilidad, no se articulan los medios», continúa Antonio Ortiz.
Un relato que precisamente quiere romper la ILP que propone una regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en España. Después de haber sufrido hasta diez aplazamientos para alargar el plazo de enmiendas desde que la propuesta se admitiera a trámite en el Congreso el pasado abril, este lunes PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para desbloquear la iniciativa y poner fin a ese plazo de enmiendas. A pesar de estas prórrogas, fuentes de la coordinadora confirman a Alfa y Omega que el diálogo con los partidos se ha producido «de forma fluida, aunque nos ha preocupado mucho la desconfianza feroz que se tienen entre ellos». Este acuerdo entre los socios de Gobierno saca del cajón esta iniciativa legislativa popular, avivándola de nuevo en el debate público y agilizando los siguientes pasos para que pueda ser debatida en el pleno del Congreso próximamente.
Pacto nacional
Durante la presentación el pasado martes de la Jornada del Migrante y Refugiado, la Conferencia Episcopal volvió a proponer un pacto nacional sobre migraciones, porque «se trata de una cuestión que nos afecta a todos», aseguró Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid y miembro de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la CEE. Martín subrayó la importancia de esta pastoral para la Iglesia y ha asegurado que «las personas migrantes son una riqueza para nosotros». A pesar de ello, el prelado reconoció que todavía hay retos por delante. Frente a los discursos de odio, la comunidad eclesial está llamada a «abrir los brazos para acoger» y así «ensanchar nuestros corazones. Tenemos el reto de salir al encuentro de las personas descartadas».
Esta regularización permitiría, entre otras muchas cosas, que Ortiz pudiera contar con manos como las de esas 800 personas en sus campos. Que no se perdieran las cosechas. Que las personas que huyen de sus países pudieran vivir con dignidad en el nuestro. La Conferencia Episcopal Española ha apoyado desde el principio esta iniciativa y el director del departamento episcopal que se ocupa de las migraciones, Xabier Gómez, declara para este semanario que «el sentir de la Iglesia es favorable a la regularización porque entendemos que es una cuestión de justicia que revierte también el bien común de la sociedad». Además, Gómez denuncia la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes irregulares «porque priva a las personas de derechos y genera sufrimiento», y destaca que se podría solucionar «con voluntad política y de una manera favorable a los criterios de la enseñanza social de la Iglesia, que es la dignidad de la persona y el bien común».
Ante la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se celebra este domingo 29, los obispos insisten en la necesidad de trabajar juntos por unas comunidades acogedoras donde «nos abramos a la novedad y al querer conocer las historias personales de estas personas en una relación de cuerpo a cuerpo», señala Gómez. En su mensaje para este día, los obispos reiteran que «no podemos separar la vida de la fe de las tomas de decisión políticas» e invitan a cambiar la mirada y no ver a los migrantes como números y estadísticas. «La Iglesia es la que encarna y la que está llamada a ser ese hogar que acoge la diversidad y que abraza a todas las culturas», afirma el director del departamento.
ESTER MEDINA
Alfa y Omega
