Monseñor Juan José Aguirre advierte en entrevista con Alfa y Omega de que los recién firmados acuerdos de paz en República Centroafricana dejan el país en manos de «asesinos» y yihadistas, mientras varias potencias extranjeras aprovechan para desvalijar sus riquezas naturales
«Son asesinos, tendrían que estar en la Corte Penal Internacional. Y, en cambio, quieren darles el premio de ser ministros». Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou (República Centroafricana) afirma estar «a la expectativa», pero no logra disimular su aprehensión ante los acuerdos firmados el 6 de febrero entre el Gobierno del país y 14 grupos rebeldes, sobre todo milicias seleka o escindidas de los seleka, de corte islamista.
Los acuerdos, los octavos que se negocian en dos años, contemplan la formación de un nuevo Gobierno «inclusivo» en el que buena parte de ministros pueden «estar a las órdenes» de estos grupos. Un número mucho menor de miembros del gabinete representaría a los antibalaka, las milicias compuestas sobre todo por cristianos y animistas nacidas para combatir a los seleka.
El obispo, de origen cordobés, explica en conversación con Alfa y Omega durante una visita a España que las negociaciones, llevadas a cabo en Etiopía y Sudán, han tenido este resultado porque «tenemos un Estado fallido, que solo controla el 20 % del país. En las conversaciones de paz estaba empequeñecido y le han impuesto lo que han querido». Los rebeldes, que dominan el 80 % del territorio, son en su mayoría milicianos de Sudán, Chad y Níger, con apoyo material de «las monarquías del Golfo… y de Estados Unidos, que arma a Arabia Saudí».
Este contexto es el que, para el obispo, hace que los ataques de milicias seleka estos últimos dos meses en lugares como Bakouma, Bambari e Ippy no sean hechos aislados. «Querían ganar terreno para ir con fuerza a las negociaciones», explica. En Bakouma, por ejemplo, «atacaron un campamento de 9.000 desplazados. 4.000 llegaron a Bangassou andando, con los pies destrozados, después de pasar días en la selva. A otros los recogimos con un camión, y cuando pudimos llegar a Bakouma enterramos a los muertos en fosas comunes».
Aguirre no oculta su temor ante la posibilidad de que lo acordado sea un paso más hacia la división de la República Centroafricana y la creación de un nuevo estado de mayoría musulmana con capital en Bangassou. Ve en estas maniobras un intento de «conquistar nuestro país y seguir sembrando cizaña entre musulmanes y no musulmanes. Y a río revuelto, ganancia de pescadores: mientras, se aprovechan y se llevan nuestros minerales. Entre los grandes y los pequeños, se están comiendo el país con patatas».
Una mesa en la que hay nuevos comensales. En enero, el Consejo de Seguridad de la ONU entreabrió la puerta a relajar el embargo de armas a la República Centroafricana. El misionero comboniano cree que, como consecuencia, Rusia (que desde agosto da apoyo militar al Ejército) y China venderán armas al Gobierno. Y, aunque le parece positivo reforzar a las Fuerzas Armadas, sospecha que al mismo tiempo ambos países explotarán «de forma industrializada» los recursos naturales de la región.
«Los fulani vienen por miles»
Una derivada reciente del polvorín centroafricano es el papel que pueden jugar en él los fulani o peuls. Estos pastores nómadas, mayoritariamente musulmanes, están desplazándose a causa de la desertización, y se están convirtiendo en los últimos años en una fuente de continuos enfrentamientos en países como Chad, Malí, Burkina Faso o Nigeria, donde «en 2018 murieron más personas por las luchas entre ellos y los agricultores que por la actividad de Boko Haram en el norte. Antes –narra Aguirre– bajaban a Centroáfrica en pequeñas cantidades, estaban una temporada y volvían al norte. En 2018 han llegado a mi diócesis por miles. Y hay muchos entre los seleka». No todos los pastores son violentos, matiza. También los hay moderados, que a su vez acaban sufriendo a manos de los milicianos. «Hace poco rescaté, pagando por ellos, a cuatro niños fulani secuestrados por los antibalaka después de matar a sus padres».
El obispo teme que, de una forma u otra, se esté preparando una solución al problema que suponen en muchos países los fulani pasando por que se asienten en la República Centroafricana, «un país poco poblado y con muchos ríos y pastos». Si el proceso se realizara de una forma planificada y dialogada, el obispo no descarta que pudiera funcionar. «Pero si ocurre a la fuerza –pronostica–, la situación acabará explotando por otro lado».
María Martínez López
Imagen: Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en Córdoba. Foto: EFE/Rafa Alcaide
Calma relativa en Bangassou
En medio de tanta incertidumbre, monseñor Juan José Aguirre comparte una buena noticia: una cierta mejora en la situación de su ciudad, con la llegada de 320 soldados del Ejército y de camiones con provisiones «después de dos años con la carretera cortada. También han venido funcionarios del Gobierno para plantear la rehabilitación de los barrios musulmanes» que los antibalaka destruyeron en mayo de 2017. A día de hoy, 2.000 de sus habitantes siguen todavía alojados en el seminario. «La gente está muy cansada ya. Esperemos que la reconstrucción no se frene con el nuevo Gobierno».
Sin dar detalles, el obispo apunta también que se han zanjado los abusos cometidos por los cascos azules marroquíes que custodiaban el seminario de Bangassou, y que habían ofrecido a varias jóvenes y mujeres comida a cambio de sexo. Denunciar estos hechos el año pasado le supuso disgustos, amenazas, e incluso estar varios meses fuera de la ciudad. En diciembre, la ONU decidió prolongar su misión en el país, puesta en entredicho por la inacción de los soldados de algunos países.