La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido medidas de protección para el obispo auxiliar de Managua, monseñor Báez, y su familia. Aseguran haber recibido información que indica que estarían en una lista de personas «a eliminar»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado una serie de medidas cautelares al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, para proteger su vida y la de sus familiares, pues el organismo internacional considera que su integridad física está en riesgo. Además indica que sigue evaluando otras solicitudes recibidas durante y después de la visita de una delegación de la CIDH a Nicaragua.
La comisión, como recoge el diario La Prensa, tuvo en cuenta para tomar la decisión que «según la información recientemente difundida por la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), monseñor Silvio José Báez –presuntamente como resultado de sus labores de mediación que realiza en la mesa de diálogo–, habría sido objeto de acciones de descrédito, amenazas de muerte, así como de presuntos ataques del Gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter».
La CIDH también recibió información que indica que Báez y sus familiares estarían en una lista de personas «a eliminar». «Personas sospechosas –aseguran–, vigilarían de manera constante el domicilio de sus familiares». La comisión ha señalado en un comunicado de prensa que tiene en su poder imágenes «según las cuales, a través de la red Facebook, además de diversos mensajes de descrédito, de manera concreta muestran a una persona exhibiendo un arma que habría anunciado que atentaría contra la vida del obispo».
El comunicado indica que «el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de Báez y sus familiares, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos», y les pide «concretar las medidas que adoptarán».
Recomendaciones tras la visita
Durante la visita a Nicaragua, del 17 al 21 de mayo, el CIDH identificó «un patrón de represión muy violenta, desproporcionado por parte de la policía, acompañada de grupos parapoliciales no identificados», señaló en conversación con Alfa y Omega Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
Por eso, la comisión envió una serie de recomendaciones al país, «fundamentales para generar un ambiente respetuoso de los derechos humanos». Entre ellas, «cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas»; «respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta y a la libertad de expresión»; «crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia»; o «adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas».
El Parlamento Europeo condena la represión
El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a una resolución en la que condena la represión y pide el fin de la violencia en Nicaragua. El documento condena «la brutal represión e intimidación de los manifestantes pacíficos» que ha dado como resultado «numerosas muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias perpetradas por las autoridades nicaragüenses, las Fuerzas Armadas, la policía y grupos violentos que apoyan al Gobierno». En ese sentido, ha recordado a todas las fuerzas de seguridad nicaragüenses que su deber consiste, «sobre todo, en defender a los ciudadanos de todo daño».
Además, ha pedido a las autoridades del país centroamericano «poner fin a todos los actos de violencia» contra los manifestantes, pero también solicita a estos últimos y a las organizaciones de la sociedad civil que lideran las protestas «abstenerse» de recurrir a la violencia.
La Eurocámara también ha instado a las autoridades del Estado a abstenerse de realizar declaraciones que «estigmaticen a los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y los periodistas» y de utilizar los medios de comunicación públicos para «desarrollar campañas públicas que podrían incitar a la violencia». Y apuesta por una reforma electoral con vistas a «unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales como la manera de resolver la crisis política».
C.S.A.
