El manifiesto final del Congreso Católicos y Vida Pública advierte del peligro «de que, como en tantos otros ámbitos, el Estado quiera extender su esfera de actuación» y recuerda que «el Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante».
Son los padres quienes «tienen el derecho original, primario e inalienable a la educación de los hijos». Por lo tanto, «el Estado y los centros son subsidiarios de la familia» y no al contrario. Lo opuesto «es la escuela pública única», que «supone la imposición de un único modelo y, con ello, la imposibilidad de elegir».
En España no se ha llegado a este extremo, pero el manifiesto sí se posiciona, sin citar al Gobierno, contra el «intervencionismo» y la «falta de autonomía» en los centros, «un grave límite a la libertad de enseñanza».
Frente a estos peligros, el documento con el que se cierra el congreso subraya la importancia del «ideario» de cada colegio, al que considera el «elemento nuclear de la libertad de enseñanza», y reivindica esta misma «libertad para educar y para elegir».
En este contexto, «se impone la necesidad» de una familia «fuerte, unida», en la que se dé testimonio de vida y esperanza «y que ofrezca criterio a los niños y jóvenes». Asimismo, es importante «formar comunidades y familias que se ayuden», y «una mayor implicación de los padres en los centros a través de las APAS y Consejos Escolares».
Retos y desafíos
La actual coyuntura necesita el resurgimiento de las familias, y que estas estén «dispuestas a afrontar los retos y desafíos del presente». De forma concreta, el manifiesto aboga por «prestar una atención especial a los elementos educadores paralelos de nuestros hijos y alumnos en las redes sociales, con los peligros que conllevan»; «proponer certezas» en el ámbito de la «educación afectiva y sexual» sobre las que «dialogar dentro de un marco de libertad educativa y de pensamiento», y «fomentar la creación de escuelas de padres en todo tipo de colegios, así como la formación del profesorado» ante el «preocupante adoctrinamiento ideológico de género».
«Tanto profesores como alumnos experimentan ya las imposiciones» de la ideología de género «a través de cursos y talleres». «Aunque muchos son conscientes, todavía algunos padres y profesores lo desconocen o lo han aceptado acríticamente», se denuncia en el documento.
que «el derecho al ejercicio de la libertad, de vivir en la verdad
y de ser promotor de la justicia, es una exigencia inseparable de la dignidad humana». Al acoger a Jesucristo –dijo– uno vive en la «projimidad» y da «esperanza»
a un mundo desencantado. En su visita al CEU,
el purpurado también se acercó a ver a los participantes del congreso infantil.
(Foto: CEU)
Comunicar a Cristo
Después de significarse a favor de la «educación inclusiva y también de la educación especial» para niños con capacidades diferentes y de pedir una mayor reflexión sobre el sistema de conciertos, el manifiesto hace una defensa de la educación católica, que «tiene la obligación moral de atender a la que es además su misión específica: comunicar a Cristo». Para ello, «debe configurarse en clave de evangelización, en clave de primer anuncio. Si no, «se juega no solo su razón de ser más elemental, sino también su propia supervivencia». La escuela católica «debe dar testimonio público de su fe, a pesar de la posible persecución: defender la verdad y el bien común, en lugar del particular».
El documento concluye recordando el artículo 27 de la Constitución, que «engloba un conjunto de libertades: la libertad de creación de centros, la libertad de elección de tipo o modelo de educación, la libertad de elección de formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres y la libertad de cátedra». «Es un derecho civil que corresponde a todos, y a todos nos corresponde defenderlo».
José Calderero de Aldecoa @jcalderero
Imagen de portada: Carla Díez de Rivera,
durante la lectura del manifiesto.
(Foto: CEU)
