El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inversión de 4,3 millones en unas obras de finalización que durarán tres meses y medio.
El edificio dispone de 13.500 metros cuadrados en ocho plantas y podrá habilitar hasta 53 mesas de autopsias. Con capacidad para 225 cadáveres, contará con una sala de bioseguridad para autopsias a fallecidos por epidemias.
Los profesionales del antiguo Instituto Anatómico Forense se trasladarán al finalizar las obras.
Entra en funcionamiento un edificio en desuso que relanza el proyecto regional de agrupación de sedes judiciales.
Los trabajos se ha adjudicado en un procedimiento de emergencia ofertado a un total de diez constructoras.
15 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy invertir 4,3 millones de euros en las obras de finalización del Instituto de Medicina Legal (IML). Con esta decisión, el Ejecutivo regional prevé concluir en otoño la construcción de un edificio que, gracias a sus características, contribuirá a combatir el COVID-19 o enfermedades similares. De hecho, será complementario al Hospital público de Emergencias que se está levantando en una parcela anexa en Valdebebas para este fin.
En concreto, los trabajos, con una duración de tres meses y medio, suponen poner en funcionamiento una instalación de planta circular, con un radio de 27 metros, y 13.500 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas –dos sótanos y cinco alturas-. La infraestructura dispone de cámaras de conservación para 125 cuerpos, más dos cámaras frigoríficas colectivas con capacidad para albergar 100 cadáveres más. El IML estará equipado con 19 mesas de autopsias, con la posibilidad de habilitar otras 34 mesas adicionales.
El edificio dispondrá de todos los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento, incluyendo servicios generales, patalogía, antropología y odontología forense, laboratorios, toxicología y bioquímica forense, hemogenética forense, aulas magnas de formación e histopatología, entre otros.
Además, una vez finalizada su construcción, el IML se dotará de una sala específica de bioseguridad, que deberá garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté vinculada a virus o pandemias.
Por otro lado, los profesionales que trabajan en el antiguo Instituto Anatómico Forense se trasladarán al edificio al finalizar las obras proyectadas, pasando a integrar el personal del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid.
Dirección de la obra
Con la entrada en funcionamiento del IML, el Ejecutivo regional cumple con el objetivo y compromiso de relanzar la agrupación de sedes del Partido Judicial de Madrid. Este proyecto, con el que la Comunidad pretende modernizar la Justicia madrileña, se encuentra en fase de rediseño y estudio por parte de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas después de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo que daba luz verde al Gobierno para poner en marcha la redacción del mismo.
La tramitación de emergencia de este contrato de obras responde a las alertas lanzadas por las autoridades sanitarias internacionales y nacionales sobre el riesgo de rebrotes del COVID-19 en los próximos meses. En este escenario, la realización de autopsias a fallecidos por coronavirus es clave para encontrar posibles tratamientos. Siguiendo este planteamiento, el procedimiento de emergencia ha concluido con la adjudicación del contrato.
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar 99.500 euros al contrato de servicios para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de terminación del IML. Este contrato ha sido adjudicado al arquitecto Andrés Lorente Martínez.
Seguridad laboral en sedes judiciales
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un tercer contrato de suministro de material de protección de carácter especializado para uso del personal que integrará el Instituto de Medicina Legal una vez que concluya la obra.
La cuantía del contrato asciende a 250.000 euros, y tiene como objetivo garantizar la protección de los servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia del IML. El trabajo de estos profesionales es esencial en la lucha contra la pandemia, ya que su cometido consistirá en la realización, entre otras, de autopsias clínicas con riesgo biológico de contagio.
En concreto, se ha procedido a la compra de 51.500 unidades de mascarillas higiénicas TNT de tres capas, 340 unidades de mascarillas FPP, 1.000 mascarillas de tipo FFP2 y 2.500 mascarillas de tipo FPP1. Asimismo, se han adquirido 2.760 cajas de 100 guantes de nitrilo, 8.250 buzos de protección, 8.777 botas desechables de velcro, 2.025 batas impermeables, 500 gorros y 50 protectores faciales. Se han comprado también 1.000 unidades de geles hidroalcohólicos y 25 alfombras quirúrgicas.
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un cuarto contrato por un importe de 132.000 euros para el suministro de mascarillas, guantes y postes de separación para las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid a fin de evitar la propagación del COVID-19.
La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas provee de medios de protección al personal al servicio de la Administración de Justicia y, en caso de necesidad, a los operadores y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales a fin de prevenir posibles contagios y garantizar la normalización de la actividad judicial.
Gracias a este contrato se garantiza el suministro de 500 mascarillas higiénicas TNT de tres capas, 2.200 mascarillas reutilizables textiles de cuatro capas, 11.000 mascarillas FFP2 y 1.240 cajas de 100 guantes de nitrilo. Por último, también se han comprado 300 postes direccionales de fila, con cinta de tres metros y 150 unidades de pack de dos postes de separación con cinta retráctil.
(Fotos: Comunidad de Madrid)
