El VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social, elaborado por la Fundación Foessa, sitúa a Madrid «en la salida de la crisis», pero advierte del aumento de la desigualdad en la Comunidad y de que «los niveles de exclusión social siguen siendo elevados» y se mantienen parecidos a los de la crisis. La asignatura pendiente, la vivienda, el nuevo «motor de la desigualdad».
Madrid es una «comunidad económica y demográficamente dinámica», con «tasas reducidas de pobreza monetaria» y «menor gasto en prestaciones económicas». Así la ha definido el VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social, elaborado por la Fundación Foessa a partir de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018 y presentado este martes en la sede de Cáritas Madrid.
La definición está avalada por la mayoría de los indicadores evaluados en la encuesta, que se encuentran por encima de la media española. «En términos evolutivos se observa que los niveles de integración social en 2018 han mejorado considerablemente», explicó durante la presentación Guillermo Fernández, coordinador del informe. En él se asegura que «la mejora del empleo y la sostenibilidad de nuestros mecanismos del bienestar públicos han reubicado a la sociedad madrileña en la salida de la crisis».
El dato que mejor representa la buena salud de la realidad madrileña es el de la población que se encuentra en situación de integración plena. Son el 50,1 % de los madrileños cuando en el informe anterior, que data del 2013, eran el 37,1 %. Por otro lado, «los niveles de exclusión de Madrid son ligeramente más bajos que los que se observan en el conjunto de España», añadió el coordinador.
Además, Foessa también reporta una «notable reducción del peso relativo de la población en situación de integración precaria», que deja de ser, como ocurren en el conjunto de España, el grupo social mayoritario y pasa de representar el 40,9 % de la población a suponer el 33,7 %.
Asimismo, en el último lustro se produce una reducción «muy importante» del porcentaje de población en situación de exclusión moderada, que pasa del 13,2 % al 8,7 %; y una reducción algo más débil del porcentaje de población en situación de exclusión severa, que pasa del 8,7 % (567.000) al 7,4 % (490.000). En conjunto, «el porcentaje de personas en situación de exclusión ha pasado en Madrid del 22 % al 16,2 % de la población».
Un millón de excluidos
Sin embargo, la mejoría generalizada que muestran estos datos debe ser matizada, aseguran los autores del informe, «ya que los niveles de exclusión social, tomados en su conjunto, siguen siendo elevados y se mantiene un volumen de personas en situación de exclusión severa similar al que existía en plena época de crisis».
Que el 16,2 % de la población se encuentre en una situación de exclusión significa que hay alrededor de un millón de personas en la Comunidad de Madrid –uno de cada seis madrileños– para los que la salida de la crisis todavía se presenta como una quimera.
De hecho, Foessa advierte de la existencia de un «cierto riesgo de cronificación de estas situaciones» e incluso de «polarización de la estructura social» atendiendo al «claro crecimiento del espacio de la integración plena», la reducción, también claramente, del «espacio intermedio de la integración precaria» y a la estabilización «del espacio caracterizado por la exclusión social moderada o severa».
De forma numérica, el informe tasa la polarización en un 35,1 %, lo que representa un aumento de más de tres puntos porcentuales respecto a la anterior medición, convirtiendo a Madrid en la comunidad de España con la mayor brecha entre el 20 % de la población con más ingresos y el 20 % con menos.
Preocupación por la vivienda
Más allá de los números, entre los factores de riesgo que en mayor medida generan situaciones de exclusión social, el Informe de Foessa señala el empleo, la participación política y, principalmente, la vivienda, que «ha sustituido al empleo como motor elemental de la desigualdad y ya es la primera causa generadora de exclusión», explicó Guillermo Fernández.
En este ámbito, los habitantes que se encuentran en dificultades representan el 26,6 % del total y un 15,8 % se ha visto obligado a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua, gas). Además, el 13,6% de los madrileño ha tenido que bajar los gastos de teléfono, televisión o internet, el 11,5 % no ha tenido los fondos económicos suficientes para afrontar los gastos relacionados con la viviendo y el 9,1 % ha tenido que hacer frente a avisos de corte en el suministro de luz, agua o teléfono.
Perfil del excluido
Con todo, la Fundación Foessa elabora al final del informe un perfil de la exclusión en Madrid: hogares no pobres, sin menores a cargo, con ingresos laborales, sustentados por personas ocupadas en el mercado laboral y de nacionalidad española. Y lo justifica: «El 44,5 % de los hogares en situación de exclusión tiene como persona sustentadora principal a una persona de entre 45 y 64 años, el 56,6 % a un varón, el 35,5 % a una persona con estudios, el 51,8 % a una persona que trabaja y el 76,3 % a una persona de nacionalidad española». Aunque los colectivos que más riesgo tienen de caer en la exclusión son los hogares sustentados por personas de mediana edad, las mujeres, los inmigrantes extracomunitarios y las personas desempleadas, así como los hogares compuestos por familias numerosas y monoparentales.
Por su parte, el coordinador del informe concluyó su alocución abogando por el establecimiento de tres grandes conversaciones cívicas para tratar de dar la vuelta definitivamente a los datos: «Deberíamos hablar de la necesidad de construir un nuevo sector público, compuesto por las administraciones y la ciudadanía en su conjunto, en el que todos participemos y en el que todos empecemos a tomar responsabilidad. Es necesario también conversar sobre cómo debería mejorar nuestro sistema de garantías de renta, para que verdaderamente pudiera permitir el acceso a unos mínimos vitales en unas condiciones adecuadas. Y, por último, departir sobre cómo conseguir convertirnos en una comunidad que facilite el acceso a las personas más excluidas».
José Calderero de Aldecoa @jcalderero
Imagen: De izquierda a derecha. Los directores de Cáritas Madrid,
Getafe y Alcalá, Luis Hernández, Enrique Carretero
y Ricardo Ballesteros, y Guillermo Fernández,
coordinador del informe.
(Foto: José Calderero de Aldecoa)
«Hagamos a la persona
el centro de todas las actuaciones»
Durante la presentación del informe a las autoridades, celebrada por la tarde, el arzobispo de Madrid pidió a los presentes que no seamos «hilos sueltos», sino que hagamos un «tejido de relaciones», y explicó que «no nos corresponde como Iglesia señalar el rumbo político de nuestra sociedad, pero sí debemos compartir esta cartografía de la exclusión repleta de retos […] y pedir que todos juntos hagamos a la persona el centro de todas las actuaciones».
Detrás de los datos, aseveró el purpurado, hay personas a las que habría que preguntar, como Jesús a Bartimeo: «¿Qué quieres que haga por ti?».
Presencia de representantes políticos
Aparte del director de Cáritas Diocesana de Madrid, Luis Hernández Vozmediano, y de representantes de las Cáritas diocesanas de Getafe y Alcalá y de otras entidades sociales, escuchando atentamente este «riguroso» y extenso estudio en las primeras filas se encontraban el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, así como otros dirigentes políticos.
Aniorte reconoció que «ese millón de personas en situación de exclusión nos indican el camino por el que tenemos que trabajar», desde el convencimiento de que «una sociedad necesita estar cohesionada y la desigualdad corroe a las sociedades». Y así, abogó por reforzar los servicios sociales, repensar la renta mínima de inserción o innovar en las políticas sociales para que sean más efectivas.
Asimismo, Gregorio Rodríguez Cabrero, de la Universidad de Alcalá, recordó que las políticas sociales «están dirigidas a conformar y reforzar los derechos sociales, como parte esencial de los derechos humanos» y que esto se debe concretar en «garantizar que todo ciudadano tenga un mínimo», que pueda utilizar «los servicios públicos esenciales» y que «pueda acceder al mercado de trabajo». Ahí reivindicó no solo el papel del Estado o el mercado de trabajo, sino también de los hogares y de la sociedad civil.
Rodrigo Pinedo
