Escuelas Católicas ha enviado el documento con diez medidas a sus 2.000 centros.
Agrupan a 5.915 secciones pedagógicas (es decir, 1.776 centros de Educación Infantil, 1.716 de Primaria, 1.646 de Secundaria y 777 de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior. En ellos se educan a 1.204.179 alumnos. Sus 2.000 centros educativos cuentan con 101.260 trabajadores, de los que 82.554 son docentes
Las cifras son abrumadoras y explican por qué Escuelas Católicas engloba al 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector en España. Pero también abruman las cifras de sacerdotes condenados por abusos a menores: 0,07% del total de condenados por abuso a menores, según datos facilitados a ABC.
«Aunque el porcentaje de sacerdotes condenados por delitos sexuales contra menores es pequeña, y al igual que ha señalado el Papa en su carta final al término de la cumbre antipederastia, las violaciones se producen sobre todo en el entorno familiar, Escuelas Católicas mantiene una política de tolerancia cero respecto a los posibles abusos a menores en el entorno escolar, con que haya un solo caso es relevante e inaceptable», apunta Luis Centeno, secretario general adjunto de EC. Por eso, tenían que arremangarse y lo han hecho. Esta organización ha elaborado, a petición de las propias instituciones religiosas, un protocolo de orientación para saber cómo actuar «ante el supuesto de que en uno de nuestros colegios (o en otra institución eclesial) se presentara un posible caso de abuso sobre menores», señala José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
No hay pasividad
Este protocolo se envió el pasado miércoles a todos los directores de los centros integrados en la organización. «Lo hemos hecho frente a la pasividad de la que se acusa a determinados sectores de la Iglesia», sentencia Centeno.
Tras la cumbre antipederastia que tuvo lugar en el Vaticano el pasado mes de febrero EC empezó a elaborar su protocolo porque querían «ver las conclusiones del encuentro y estar en sintonía con las mismas», aclara Centeno.
«Denunciar, alejar preventivamente al acusado de los menores, comunicar lo antes posible (antes de 24 horas) si se observaron indicios de abusos; asegurarse de que la víctima no corre peligro, no juzgar ni pedir detalles morbosos, que la víctima se sienta creída y protegida; abrir una investigación y en caso de existir indicios de veracidad en la denuncia abrir un proceso canónico a religiosos y sacerdotes que pueden acabar en la expulsión de la entidad religiosa o despedir a los profesores no religiosos». Estas son algunas de las medidas contempladas en el protocolo que ha llegado a 2.000 centros educativos de España. Centeno asegura que actualmente están recibiendo peticiones de revisión en algunos centros de casos sucedidos hace 30 o 40 años. «La víctima se lo pide a los actuales directivos de la institución o indirectamente a través de medios de comunicación», apunta Centeno. «Para esas peticiones directas, cada congregación tiene un protocolo propio de como actuar, para las que quieren completarlo y enriquecerlo, les hemos enviado este decálogo con orientaciones generales». Si bien el protocolo se lleva elaborando hace relativamente poco no es la primera vez que esta institución actúa contra los abusos.
En 2016 hicieron llegar también a los colegios un manual de conducta para todo el personal que prestaba servicios en los centros (desde el director hasta los voluntarios) y en el que se instaba a, por ejemplo, realizar tutorías en salas acristaladas y puertas abiertas, así como ceñir las muestra de afecto a la aprobación, compresión, escucha y aprecio, debiendo evitarse todo contacto físico así como tener una comunicación por las vías institucionales, nunca por WhatsApp.
Confianza
En aquel momento, también advertían de «acontecimientos que están surgiendo en los colegios y que nos obligan a pasar de la reflexión a la acción. No demos nada por supuesto, las familias y la Iglesia confían a los profesores, como personas y como comunidad la tarea educativa en la escuela», decían en el protocolo.
Para atajar estos casos en los centros existe el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales nacido de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Escuelas Católicas se reunió en su momento con el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón a quien le pidieron la creación de este certificado. Este nacería posteriormente, con Rafael Catalá en el cargo de ministro.
Josefina G. Stegmann/ABC
(Foto: Rafa Albarrán)
