Paulina tiene parálisis cerebral, ha hecho una carrera, se ha inscrito a un máster… y podría ser deportada. Rechaza que la protejan a cambio de perjudicar a otros inmigrantes.
Nuestra Señora Reina de los Ángeles, también conocida como La Placita, es una de las parroquias católicas más importantes de Los Ángeles (California). El domingo pasado, como es habitual, acogió nueve Misas; el lunes, cuatro. En todas ellas, se invitó a los fieles a llamar al Congreso y al Senado para ponerse en contacto con los representantes de sus distritos. El lunes, la archidiócesis de Los Ángeles dispuso un stand con teléfonos preparados para ello.
La iniciativa se repitió en todas las diócesis de Estados Unidos a lo largo del fin de semana. Era la respuesta de la Iglesia al fracaso de los políticos en sacar adelante una legislación que proteja a los dreamers o soñadores, los 1,8 millones de jóvenes que llegaron ilegalmente al país siendo niños. Desde 2012 muchos de ellos tienen un permiso de trabajo temporal y no pueden ser deportados. Pero ahora están en la cuerda floja. El presidente, Donald Trump, anunció en septiembre el final de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Aunque la medida está en los tribunales, si no se aprueba una ley que blinde a estos jóvenes, a partir del 5 de marzo técnicamente corren el riesgo de ser expulsados.
«Algunos ya no han podido renovar su permiso de trabajo, y temen perder su empleo. Los que pueden abandonan sus empresas para convertirse en freelance, renunciando a un salario fijo y otros beneficios» como el seguro médico, explica Isaac Cuevas, subdelegado de Migraciones de Los Ángeles.
Luchadora por partida doble
Paulina es una de los dreamers cuyo futuro es una incógnita. Por eso, a pesar de moverse en silla de ruedas, no faltó el domingo a los actos en La Placita. Sufre parálisis cerebral y cuando tenía 6 años su familia decidió emigrar desde México para que ella tuviera una mejor atención médica. Gracias a programas sanitarios de ayuda a la infancia, se sometió a varias operaciones que mejoraron su calidad de vida. «Al cumplir 18 años en 2010, empezaron a negarme muchas prestaciones», explica a Alfa y Omega. La DACA le dio seguridad jurídica, aunque no logró cobertura sanitaria hasta hace un año.
A pesar de los obstáculos, Paulina se ha licenciado en Español y Letras. Pero el máster que quiere empezar en otoño está orientado al mundo de las ONG. «Siempre he luchado una doble batalla, como persona con discapacidad y como inmigrante. Este ámbito me interesa muchísimo», añade.
Freno a la reagrupación familiar
Esta joven de 26 años es consciente de que los dreamers –jóvenes que estudian y trabajan, sin antecedentes y perfectamente integrados–, son los inmigrantes ideales. «El clima político ahora es protegernos, porque ya nos hemos beneficiado de ayudas y beneficiamos al país. Pero a cambio se quiere penalizar a once millones de inmigrantes indocumentados. Y ellos no son peores que nosotros».
Precisamente esta ha sido la crítica de los obispos a varias de las propuestas rechazadas en las últimas semanas: junto a la regularización de los dreamers, Trump exigía a los demócratas contrapartidas como inversiones millonarias para reforzar la frontera –el famoso muro con México–, restringir la reagrupación familiar o eliminar la protección a los inmigrantes menores no acompañados.
La Iglesia es consciente de que «es el momento para volver a poner el foco en la inmigración –subraya Cuevas–. Pedimos que ambos partidos se unan y busquen la mejor salida para estos muchachos y sus parientes», y una política migratoria «con la familia en el centro».
De ahí la invitación a ponerse en contacto con los políticos; una estrategia frecuente en el país y que los obispos ya han usado antes, ya sea en defensa de la libertad religiosa o del derecho a la vida. Aunque también es «muy importante que los mismos dreamers empujen desde sus comunidades para que la sociedad tome conciencia de lo importantes que son. Mucha gente no es consciente de que personas con la que conviven cada día lo son».
María Martínez López
Imagen: Paulina y un sacerdote se dan la paz durante una Misa en la parroquia de La Placita.
Foto: Archidiócesis de Los Ángeles
El Gobierno presiona: quiere deportaciones exprés
A la inquietud sobre su futuro, en el caso de muchos soñadores se suma el miedo que se vive en las familias de inmigrantes sin papeles «a que algún miembro de la familia, padre o hijo, no vuelva a casa al final del día». Lo cuenta Isaac Cuevas, subdelegado de Migraciones de Los Ángeles y acostumbrado a escuchar estos casos.
«La administración está presionando al ICE [la policía migratoria, NdR] para que haya deportaciones. Así que cuando llegan a un sitio con una orden de arresto para alguien, miran también el estatus migratorio del resto. Si son indocumentados, los detienen con cualquier excusa, como no cooperar». Es más, intentan que los deportados salgan de Estados Unidos en el día. «Una vez tocan tierra en su país de origen, se acabó; no pueden apelar». Para evitar este desenlace, desde la oficina de Cuevas informan a la gente sobre cómo elaborar un plan de emergencia. «Les aconsejamos que se sepan el teléfono de un abogado que pueda apelar en su nombre, y que si los detienen no firmen nada». En el caso de los padres indocumentados con hijos estadounidenses, «deben sacarles el pasaporte americano» para evitar problemas si tienen que llevárselos a su país.
