Las cifras oficiales de la tragedia no incluyen a todas aquellas personas en situación administrativa irregular, como Eduardo Horta o Katerine Sepúlveda, que se han visto afectadas por la riada.
12 de diciembre 2024.- Eduardo Horta es vecino de Catarroja, una de las poblaciones más afectadas por la DANA. El 29 de octubre, cuando salió de la floristería donde trabajaba en Alfafar, una ciudad vecina, el nivel del agua ya era tan alto que se vio obligado a buscar refugio. No pudo llegar a su casa hasta las cinco de la mañana. Al día siguiente no fue a trabajar por razones obvias: no había transporte ni vías de comunicación habilitadas para llegar, el nivel del lodo para acceder a su casa le llegaba hasta las rodillas, no tenía su teléfono, no había dormido y además su hija todavía no estaba en casa. Su jefe, sin embargo, quería que fuese a limpiar el lodo del local.
Eduardo trabajaba en la floristería junto a otra compañera y a los dos los despidieron dos días después de la DANA. En medio del desastre, solo existe una gran diferencia entre ellos: él es uruguayo y vive en España desde hace más de dos años sin documentos; su compañera es española. Ella se ha podido acoger a uno de los ERTE extraordinarios aprobados por el Ministerio de Trabajo; Eduardo ha sido despedido sin recibir indemnización y sin cobrar las horas extra que trabajó durante el mes de octubre. Su jefe dejó de responder al teléfono y Eduardo tardó semanas en recibir el pago del mes que le debían. «Aunque no tenga papeles me pertenece [la indemnización por despido], llevaba un año trabajando con él», explica.
Como Eduardo, hay miles de personas que, además de no contar con protección laboral en una situación excepcional como esta, tampoco pueden acceder a las ayudas habilitadas por la Generalidad Valenciana y el Gobierno de España para la emergencia. «Son personas que estaban en una situación vulnerable y que han quedado en una situación aún más vulnerable», explica Eugenia Torres, de la asociación intercultural Candombe, que ayuda a personas migrantes afectadas por este fenómeno meteorológico extremo. Según estimaciones de la Fundación porCausa, son entre 43.000 y 47.000 las personas migrantes que viven sin documentos en la Comunidad Valenciana.
«Se han entregado ayudas como agua, comida o productos de limpieza, pero igual hay que pagar el alquiler, la luz y nosotras vivimos al día: unos días sin trabajar son una gran diferencia y los “indocumentados”, como nos llaman, no podemos acceder a las ayudas», explica Katarine Sepúlveda, migrante colombiana en situación irregular. Vecina de Castellar-Olivar —una pedanía al sur de Valencia— Katerine tiene dos hijos y a su marido enfermo con diálisis en casa, por lo que su salario es el único que sustenta la unidad familiar. Empleada de hogar, trabaja fuera del pueblo donde vive, en cuatro casas diferentes. Tras la DANA estuvo más de una semana sin poder desplazarse, lo que significa la pérdida total de ingresos durante ese tiempo.
Además del limbo burocrático al que se enfrentan las personas migrantes sin documentos, aquellas que sí los tienen tampoco lo tienen fácil en trámites tan básicos como conseguir nueva documentación si la perdieron en las inundaciones. Con DNI se puede tramitar su recuperación en el momento en cualquiera de las unidades móviles desplegadas por la Guardia Civil en los municipios afectados. Sin embargo, si se tiene NIE, se está obligado a desplazarse a Valencia capital para conseguir uno nuevo.
(Foto: Fundación porCausa / Pablo Fernández)
«Somos personas; por humanidad, ante una catástrofe no puedes dejar a la gente abandonada», señala Silvana Cabrera, residente en Valencia y portavoz de Regularización Ya. Al abandono institucional se suma el miedo con el que viven muchas de estas personas, que temen abusos o deportaciones, lo que les impide en ocasiones denunciar desapariciones e incluso pedir ayuda. Organizaciones y afectados denuncian detenciones arbitrarias con perfil racial, incluso de personas que acudían a ayudar desde otros puntos geográficos.
Katerine explica que si algo positivo ha salido de la DANA es que ahora sus vecinos «me saludan, me preguntan cómo estoy, me regalan naranjas…nada que ver con lo de antes, cuando yo pasaba el día entero fuera trabajando y no nos conocíamos». Y es que ante la incapacidad institucional para responder a la emergencia, son los vecinos los que han salido al rescate.
Eduardo y Katerine pasaron días limpiando junto a sus vecinas y, como ellos, miles de personas afectadas se han unido para hacer frente juntos al desastre, sin importar credos, orígenes o situaciones administrativas. Para Cabrera la DANA «puede ser una oportunidad para corregir errores anteriores», refiriéndose a la necesidad de una regularización extraordinaria del más de medio millón de personas que viven en España sin papeles. Regularización que espera desde hace meses respuesta en el Congreso de los Diputados y que a iniciativa de organizaciones como Regularización Ya, recogió 700.000 firmas para ser presentada. Su aprobación no haría más que reconocer derechos básicos a miles de personas que son esenciales en su comunidad, pero que continúan siendo invisibles para el Estado.
PATRICIA MACÍAS
Alfa y Omega
