«Sería muy importante que el Vaticano clarificase qué se entiende por tolerancia cero, porque es un concepto que el Papa repite una y otra vez». Víctimas y activistas defensores de la infancia tocan a la puerta del encuentro mundial sobre Protección de Menores convocado por Francisco. Su lista de peticiones es clara. Y sus críticas, punzantes. Llegaron a Roma para montar una contracumbre y anticiparon algunas protestas públicas. Pero lejos de cerrarles la puerta, la Santa Sede recibió a una comitiva de diez de sus representantes, entre ellos el español Miguel Ángel Hurtado
Un «momento histórico». Así es considerada la reunión de 190 clérigos del mundo con el Papa para reflexionar sobre los abusos, por quienes han vivido en carne propia las depravaciones. Desde el anuncio de la cita, una red de organizaciones antipederastia se movilizó para llevar su reclamo hasta la capital italiana. En estos mismos días, esparcidos por la ciudad, algunas decenas de miembros del proyecto de justicia global Ending Clergy Abuse (fin al abuso clerical) informan sobre sus peticiones en conferencias y otros actos públicos.
Provienen de diversos lugares: de Estados Unidos a Irlanda y Alemania, incluyendo países iberoamericanos como México, Ecuador, Perú y, por supuesto, España. Desde Londres, donde vive desde hace seis años, se sumó a estas iniciativas el psiquiatra Miguel Ángel Hurtado, abusado a los 16 años por un monje de la abadía de Montserrat y uno de los fundadores de la asociación Infancia Robada.
Hoy por hoy, todos lo recuerdan como el protagonista de la serie documental Examen de conciencia, que denuncia los casos españoles de abuso y que ha cobrado notoriedad tras su reciente lanzamiento en Netflix.
«Desgraciadamente el problema de la pederastia en la Iglesia católica no ha afectado a cuatro manzanas podridas, sino que es un problema estructural y sistémico. La jerarquía católica ha antepuesto su prestigio y su patrimonio al bienestar de los menores. Lo que hemos visto país tras país es que solamente cuando las víctimas denunciamos públicamente los abusos es cuando se comienzan a tomar medidas para evitarlos», asegura Hurtado a Alfa y Omega.
Junto a un puñado de activistas y algunos de los realizadores del documental que lo lanzó a la fama, a pocos pasos de la plaza vaticana, pide que su voz sea escuchada. Considera «positiva» la cumbre de obispos, «porque los ojos del mundo están puestos en el Vaticano». Aunque hubiera deseado que la cita no durara tres días, sino más bien «tres semanas».
«El Papa mismo está reconociendo que el Vaticano tiene responsabilidad sobre todas las diócesis en todo el mundo, que quienes están aquí toman las decisiones importantes y son quienes tienen las herramientas para cambiar las cosas. Deben tomar medidas ahora porque de aquí a cinco o diez años nadie les va a creer si organizan otra cumbre», dispara.
Hurtado señala la impunidad como uno de los problemas principales. Por eso pide que los miembros del clero respondan ante la justicia civil como cualquier ciudadano, ya que los abusos son delitos y «deben ser juzgados por los jueces». Al mismo tiempo, pone sobre la mesa otro aspecto: una clarificación sobre el sentido más profundo de la expresión «tolerancia cero» porque, aclara, en los «países más avanzados» significa que si un sacerdote abusa una vez de un niño se le expulsa del ministerio. Pero esa definición, añade, apenas se está aplicando con rigor en Irlanda y en Estados Unidos, mientras en España existen sacerdotes condenados por la justicia que, pese a haber admitido los crímenes, «siguen formando parte de la Iglesia».
El representante de Infancia Robada es muy crítico con los obispos españoles, aunque reconoce abiertamente que su organización no tiene contacto alguno con la Iglesia jerárquica. «En estos momentos, ni yo personalmente ni la asociación tenemos una interlocución con la Conferencia Episcopal. No la hemos pedido, pero no nos consideran interlocutores válidos, no creen que tenemos algo válido para aportar», se queja.
La agenda de las víctimas
Según Hurtado, las organizaciones de víctimas tienen «una agenda clara» y «una hoja de ruta» sobre las acciones que la Iglesia debería poner en práctica en los países hispanoparlantes. «Si las quieren aplicar, nosotros encantados», dice.
Las acciones que, a su juicio, deberían seguirse son muy claras: «Que todos los casos de pederastia se denuncien a la Policía, que la jerarquía entregue los archivos canónicos internos a las autoridades civiles, que quienes han encubierto abusos dimitan inmediatamente o sean cesados, que la Iglesia se haga cargo de la responsabilidad civil subsidiaria, que pague la indemnización a las víctimas para que puedan tener acceso a terapias y que tomen un rol activo en reformar las leyes de prescripción en los delitos sexuales».
Son las mismas solicitudes repetidas por todos los delegados de estas asociaciones de víctimas cada vez que han sido entrevistados por la prensa, en los días previos a la cumbre de obispos. La atención mediática, en la vigilia de ese encuentro en el Vaticano, se ha mantenido altísima. De ahí la decisión de los organizadores de la cita, encabezados por el sacerdote jesuita y exportavoz papal, Federico Lombardi, de recibir y escuchar sus peticiones.
En un primer momento no se había informado públicamente del día y lugar de esa conversación privada «para garantizar la serenidad». Pero luego se supo que tuvo lugar este miércoles 20 de febrero por la mañana, dentro de la misma Santa Sede. Se trató de una oportunidad para transmitir exigencias e indicaciones concretas que, como anticipó el propio Lombardi, serán «fundamentales» no solo para la reunión sino para el seguimiento posterior.
en Madrid, el pasado 14 de febrero.
(Foto: EFE/Emilio Naranjo)
En las peticiones y en el espíritu crítico coincidieron otros dos activistas latinoamericanos que viajaron a Roma: el exsacerdote mexicano Alberto Athié, denunciante de los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y Pedro Salinas, quien sacó a la luz los casos al interior del movimiento de origen peruano Sodalicio de Vida Cristiana.
«Estamos esperando que la frase “tolerancia cero” cobre cuerpo, se haga práctica, que no sea una frase hueca, que no sea una frase echada al aire y se quede ahí nada más. Quisiera confiar en que van a cambiar algunas cosas, pero para ello deben tomar acciones concretas. Si eso no ocurre, lamentablemente seguiremos al juego de la palabrita tolerancia cero sin que ello se concrete en nada específico», dice Salinas.
«Nuestra expectativa es que finalmente se tome la decisión sobre no más encubrimientos a depredadores, no más encubrimientos de parte de obispos que manejen los casos a discreción, que cada vez son menos pero siguen existiendo», añade por su parte Athié, quien reconoce una creciente conciencia sobre los casos en los últimos años, y cree que el Papa Francisco tiene hoy en sus manos la posibilidad de realizar cambios a fondo.
«Nos guiamos por la Convención Mundial de los Derechos del Niño», prosigue. «Se debe poner el interés superior del menor por encima de cualquier otro interés. Un obispo que se entera de que su sacerdote está siendo acusado de abuso debe inmediatamente apartarlo de cualquier tipo de ministerio y entregarlo o denunciarlo a la autoridad competente. Si es encontrado culpable debe asumir su responsabilidad y ser suspendido definitivamente. Si se comprueba que fue calumniado o denunciado injustamente, deber ser repuesto de inmediato en su ministerio y anunciarse que fue acusado en falso. Como se hace con cualquier persona en la vida civil».
Andrés Beltramo Álvarez (Ciudad del Vaticano)
Imagen: Miembros de la asociación Ending Clergy Abuse,
de diferentes naciones, en la plaza de San Pedro del Vaticano,
el 18 de febrero.
(Foto: AFP/Alberto Pizzoli)
