La convocatoria de elecciones generales el 23 de julio y la consiguiente disolución de las Cortes deja sin efecto la tramitación de iniciativas legislativas como las de la ELA, la familia o la trata. La ILP de regularización de migrantes y el informe sobre abusos del Defensor del Pueblo se mantienen.
La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 23 de julio —estaban previstas para final de año— tras perder poder territorial en los comicios municipales y autonómicos ya ha tenido consecuencias importantes para la vida de muchas personas. No solo tiene que ver con que haya podido trastocar las vacaciones de algunos españoles o que las altas temperaturas puedan condicionar el ejercicio del sufragio en ciertos lugares de nuestra geografía. Más de medio centenar de iniciativas legislativas han decaído tras la preceptiva disolución de las Cortes. Leyes que tendrán que volver a iniciar su tramitación y que quedarán al albur del nuevo Gobierno y de las mayorías resultantes.
Uno de los casos más dramáticos es el de la ley de la ELA. Como contábamos en estas mismas páginas hace unas semanas, cada mes de retraso se cobra vidas. Este ha sido el golpe definitivo tras meses con la tramitación paralizada. Miles de pacientes tendrán que seguir viviendo en circunstancias muy difíciles y sin apoyo. «Es una pena, muy triste, que todo el trabajo se haya quedado en nada. En marzo ya veíamos que no iba a buen término, aunque se completase la legislatura», explica a Alfa y Omega Adriana Guevara, presidenta de AdELA, la asociación de apoyo a enfermos y familias con más recorrido en el tiempo en nuestro país. La frustración es mayor todavía al ver cómo otras propuestas se han sacado adelante en plazos muy cortos: «Ha sido una desilusión para los enfermos, que así lo han manifestado». Para la próxima legislatura necesitarán que sea el Gobierno u otro grupo parlamentario —el que propuso la iniciativa, Ciudadanos, no se va a presentar— el que tome la iniciativa. Y a partir de ahí, volverá a iniciarse el proceso. «Llevamos tiempo colaborando con las administraciones y ofrecemos nuestra ayuda y conocimientos para que se haga una ley desde el minuto uno», añade. No cree que este problema, el que afrontan los enfermos, sea uno de los temas de conversación durante la campaña electoral. «Es muy difícil que se hable de esto y que les importe. Como no da muchos votos…», concluye.
Agenda clara
A pesar de que se han quedado muchas leyes en el tintero, lo cierto es que el Gobierno ha sacado adelante las más ideológicas, algunas incluso en un tiempo récord y en plena pandemia. Nos referimos a la LOMLOE, conocida como ley Celaá; la ley de la eutanasia, que pronto cumple dos años en vigor; la reforma de la ley del aborto o la del solo sí es sí, que redujo penas y dejó en libertad a muchos condenados.
Otra propuesta importante que se va a quedar sin ser aprobada es la ley integral contra la trata, demandada desde hace años por las asociaciones que atienden a mujeres en contextos de prostitución, explotadas laboralmente, forzadas a la mendicidad o a contraer matrimonio. Marta González, coordinadora de Sensibilización e Incidencia Política de Proyecto Esperanza Adoratrices, recuerda que no es la primera vez que se queda en un cajón. «Llevamos una década incidiendo y abogando por una ley integral que dé una respuesta adecuada a un problema complejo como es la trata», explica. Tranquiliza que todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de que salga adelante.
Tampoco será una realidad la controvertida ley de familias, que eliminaba de un plumazo la denominación de familias numerosas. Por esto, desde la Federación Española de Familias Numerosas están satisfechos. «El cambio de nombre iba más allá. Suponía que muchas familias se quedasen sin ayudas y se le negase el reconocimiento a su contribución al relevo generacional, la educación en valores e incluso al consumo, porque generan riqueza a su alrededor», subraya su presidente, José Manuel Trigo. Esto no quiere decir, continúa, que no deba haber una legislación nueva al respecto. También decae la ley referente al desperdicio alimentario. La de diligencia debida ni siquiera había llegado al Congreso de los Diputados.
Aunque la cita electoral retrasará su eventual aprobación, la iniciativa legislativa popular que busca la regularización de medio millón de migrantes se retomará con el comienzo de la nueva legislatura, lo mismo que el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia.
FRAN OTERO
Alfa y Omega
Imagen: El hemiciclo el 30 de mayo, día después del anuncio del adelanto electoral al mes de julio.
(Foto: Jaime García).
