Aunque no hay redadas masivas por ser ciudad santuario y Cáritas informa con rigor, la incertidumbre entre los hispanos persiste. Algunos recién llegados van a Misa con grillete electrónico.
10 de abril 2025.- Ubicada a menos de 200 kilómetros de la frontera con México, Los Ángeles (California) es un lugar donde los inmigrantes indocumentados de Latinoamérica no solamente son más que bienvenidos sino, también, imprescindibles. Al igual que en otras partes de Estados Unidos, las personas sin papeles de esta ciudad suelen realizar labores esenciales pero mal pagadas: obreros de la construcción, personal de limpieza, jardineros, cocineros y conserjes. Son el tipo de trabajadores sin los cuales esta metrópolis dejaría de funcionar.
Se estima que 951.000 inmigrantes indocumentados viven en el condado, lo que representa aproximadamente el 10 % de su población total. Varían en niveles de ingresos, educación y tamaño de familia. Y, si bien muchos han vivido aquí durante décadas, otros llevan solo unos meses o pocos años en el país. Su situación legal no les impide comprar o alquilar una vivienda, matricular a sus hijos en la escuela o solicitar prestaciones sociales como el seguro médico público. Muchos estudian en las universidades más prestigiosas de California o trabajan en empleos bien remunerados. Pero ahora, muchos se preguntan cuánto podría cambiar esta situación.
Desde que comenzó su nuevo mandato presidencial en enero, Donald Trump ha generado un flujo diario de titulares ominosos al emitir una serie de órdenes ejecutivas y declaraciones contundentes que prometen llevar a cabo «la mayor deportación en la historia de Estados Unidos». Trump ha enfatizado que esos esfuerzos se centran en delincuentes. Si bien ha habido numerosos informes de inmigrantes deportados sin el debido proceso, no se han registrado redadas a gran escala como las observadas en administraciones anteriores.
Pero algunos temen que la relativa calma no dure. Un reciente informe conjunto de organizaciones afiliadas a diferentes iglesias cristianas, incluida la Conferencia Episcopal Estadounidense, advierte de que más de diez millones de cristianos que viven en Estados Unidos (la mayoría inmigrantes latinoamericanos) son susceptibles a la deportación bajo las actuales políticas de inmigración de la Casa Blanca; incluidos algunos que hasta ahora han disfrutado de protección temporal, como los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
Según el informe, uno de cada cinco católicos —y uno de cada doce cristianos— es deportable él o convive con un pariente que lo es. «Es inevitable preguntarse cómo serían nuestro país y nuestras vidas si se impusieran masivamente las mismas restricciones y medidas coercitivas que se contemplan hoy en día a quienes vinieron de lugares como Irlanda, Alemania, Polonia, Italia y otros lugares», declaró el obispo Mark J. Seitz, responsable del Comité de Migración del episcopado, en una rueda de prensa sobre el informe.
No colaboran con el Gobierno
En Los Ángeles, la situación no se siente tan calamitosa. Debido a las políticas locales que prohíben a la Policía colaborar con los agentes de inmigración, se considera una ciudad santuario y las redadas y arrestos por inmigración ilegal no son tan comunes como en otras partes.
Varios sacerdotes de parroquias hispanohablantes notaron menos gente en Misa en las primeras semanas después de la segunda toma de posesión de Trump, en enero. «Se sintió la ausencia y muchos comentaron el miedo que tenían», cuenta el padre Fredy Rosales, párroco de la Presentación de María, en el sur de Los Ángeles. Pero poco a poco, muchos han ido volviendo gracias a una campaña educativa apoyada por la archidiócesis y la Cáritas local. En talleres organizados en varias parroquias para informar sobre los derechos y ciertas cuestiones legales, se recuerda a la gente que el riesgo de deportación depende menos del estatus migratorio y más de no tener historial de infracciones, incluso algunas como no tener el coche registrado.
Todo presbítero de una de las muchas parroquias hispanas puede hablar de algún feligrés tocado por la nueva ronda de deportaciones. Algunos de los recién llegados acuden al templo llevando en el tobillo el grillete electrónico que los agentes fronterizos les pusieron para rastrear sus movimientos y asegurar su comparecencia ante la corte de inmigración.
Claves
• 600 territorios de EE. UU. se definen como santuarios, incluidos 13 estados.
• Una de los primeros decretos de Trump anunciaba medidas legales y retirada de fondos contra territorios santuario. Se han congelado cientos de millones.
• 583 detenciones del Servicio de Control de Inmigración en ciudades santuario en los primeros días del mandato.
• Los Ángeles ha aprobado más medidas de protección. Las empresas tienen que informar a la ciudad de la actividad de los agentes de inmigración.
Rosales y otros párrocos en los barrios hispanos confirman que, hasta ahora, no se han llevado a cabo deportaciones en la medida en la que se temía después de la victoria de Trump. Pero el clima de incertidumbre permanece. «Tengo parroquianos que creen que esto va a ser cada vez más difícil, porque sin la capacidad de arreglar sus papeles, se podrían quedar sin trabajo o sin ningún tipo de ayuda del Gobierno», comparte.
Para los millones de inmigrantes indocumentados en ciudades de Estados Unidos, el resultado de los próximos cuatro años dependerá de la distancia entre la retórica y la realidad. Para los feligreses de la Presentación de María, influirá también cómo afronten esta situación desde la fe. «Yo trato de ser prudente, de no estar preguntando mucho sobre su situación, porque sé que hacerlo es como un martirio», apunta Rosales, de origen peruano. «Por otra parte, lo importante es que se aferren a la fe. Porque a través de todo esto, Dios puede obrar. Nada es imposible».
PABLO KAY ALBERO
Alfa y Omega
