En un momento en el que la pandemia del COVID-19 está asolando a nuestro país, las organizaciones de la enseñanza concertada consideran que es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad. Precisamente por eso, no es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo.
Los representantes de la Plataforma “Concertados”, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), y abierta a nuevas adhesiones, se han reunido con carácter urgente ante la decisión de la Mesa del Congreso de no querer aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas, una actitud poco elegante y que, desde luego, manifiesta un déficit democrático inadmisible.
La prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza. Además, revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad.
Durante todos estos días de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el MEFP ha defendido insistentemente que, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, las medidas y soluciones deben ser también excepcionales. Pedimos que se aplique este mismo criterio a la aprobación de la LOMLOE: que se paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad. Con ello, se permitirá a la sociedad y a la comunidad educativa participar en el debate de una ley de este calado. Si el Gobierno persiste en la actitud de aprovechar a su favor un momento tan crítico y excepcional, va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración ante lo que entendemos es un ejercicio de autoritarismo sin precedentes. Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación.
Medidas de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad. Es más, la Plataforma “Concertados” solicita que los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las cuestiones educativas. Eso serviría para lograr una reforma consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país y entonces, solo entonces, estaremos preparados para una ley educativa de todos y para todos.
