Fuentes de la Iglesia señalan que el problema de violencia que estalló la semana pasada viene de lejos y pasa por la permisividad política y la corrupción policial. Los jóvenes son particularmente susceptibles.
18 de enero 2024.- Solo hicieron falta dos días. Ecuador se hundió la semana pasada en una insólita espiral violenta provocada por la presencia en las calles de bandas juveniles y de células de narcotraficantes fuertemente armadas que provocaron pánico en la población. La toma de rehenes en una televisión en Guayaquil y el amotinamiento de presos en seis cárceles llevaron al Gobierno de Daniel Noboa a imponer el estado de excepción 60 días; emitir un decreto que declaraba el «conflicto armado interno» y otorgaba amplias facultades al Ejército para «neutralizar» 22 grupos criminales y aplicar un toque de queda nocturno.
Los obispos del país han ofrecido a todos los sectores sociales la posibilidad de mediar en un hipotético diálogo nacional, explica el español Rafael Cob, vicario apostólico de Puyo, en la Amazonia. De hecho, la intervención de la Iglesia en algunos casos contribuyó a que los últimos 175 funcionarios que estaban retenidos por los delincuentes amotinados en las cárceles salieran vivos. El país parecía haber recobrado una tensa calma. Pero el asesinato el pasado miércoles de César Suárez, fiscal centrado en cuestiones de crimen organizado transnacional y corrupción que investigaba el asalto a la televisión, demostró lo frágil que es la situación. Cob señala que la violencia es parte de un proceso más grande. Los narcotraficantes «ya actuaban antes» con la permisividad de pasadas administraciones. Marcelo Farfán, superior nacional de los salesianos, es especialmente severo con el papel de la clase política en los últimos años ante el declive del país por el aumento de la violencia. «Están completamente desprestigiados».
La inexistencia de políticas estatales de bienestar, la escasez de empleos, la pandemia, la ineficacia de los controles fronterizos y la falta de equipamiento policial fueron el caldo de cultivo de la inseguridad reinante en la zona costera, enumera Félix Ayuso, sacerdote abulense de misión en la provincia de Manabí. «Ya hace dos años y medio comencé a enterrar a gente. Se mataban unos a otros», lamenta. «Especialmente la juventud es como carne de cañón para estas bandas», subraya Cob. Las nuevas generaciones «son fácilmente captables. De los 13 detenidos por la toma de la televisión, prácticamente todos son jóvenes», expone Cob. Para Ayuso, que tengan como «modelos de vida» a los narcotraficantes y bandas armadas evidencia su capacidad de captación en zonas rurales y alejadas. «El poder real aquí lo tienen ellas», subraya.
En zonas costeras como Esmeraldas, Manta y Guayaquil, áreas «de alta conflictividad social», las parroquias y oratorios salesianos se convierten en refugio para la juventud que no desea pertenecer al crimen organizado. Pero, en realidad, la extorsión y el microtráfico de estupefacientes se extienden por las tres zonas que componen la nación andina, dando una sensación de «inseguridad generalizada», describe su superior.
Corrupción en las cárceles
Las cárceles son otro foco de violencia. «El Gobierno tiene que depurar la corrupción en los centros penales», pues durante las revueltas tanto policías como funcionarios «facilitaron armas a los presos», recalca Cob. «El objetivo es salvar al país», añade el obispo. «En ese sentido, creo que todos estamos unidos: Iglesia, Gobierno y pueblo. En definitiva, hay una respuesta común a las fuerzas de violencia y del mal».
Además de poner al Ejército a patrullar las calles, el Gobierno de Ecuador solicitó ayuda en materia de seguridad a países como Estados Unidos y Argentina. También se anunció la construcción de dos megacárceles para albergar a los delincuentes más peligrosos, como el narcotraficante Adolfo Macías, fugado días antes del estallido. Para la socióloga Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, la respuesta del Estado no puede ser emular el estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues replicarlo sería adquirir los matices «autoritarios» existentes en el país centroamericano. «Usualmente, los gobiernos optan por dar permanencia a la acción policial y militar. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. Se debería considerar también potenciar la política social», reflexiona. Para Cuadra, la clave está en llevar al país de nuevo hacia una convivencia segura sin comprometer los principios democráticos. Además, llama a potenciar el tejido social para que los sectores más pobres no se vean tentados a entrar en la delincuencia organizada. «La militarización del país no puede ser una solución a medio y largo plazo».
Traición patria
Los obispos del país denunciaron el 9 de enero que «toda actividad reñida con la ley», de un grupo o del Estado, «debe ser considerada como una traición a la patria». Pidieron no caer «ni en el pánico estéril» ni en la «ingenuidad de bajar los brazos».
ISRAEL GONZÁLEZ ESPINOZA
Alfa y Omega
Imagen: Presos atados con bridas por la Policía en una cárcel de Cuenca (Ecuador) el pasado 14 de enero.
(Foto: Reuters / Fuerzas Armadas de Ecuador).
