El Gobierno italiano ha puesto al arzobispo Vincenzo Paglia al frente de la reforma de la asistencia a los ancianos. Para ello contará con parte de los 18.490 millones de los fondos europeos que Italia dedicará a la salud.
27 de febrero 2022.- Cuando era niño, Mario Finotti superó los duros años del hambre después de la Segunda Guerra Mundial con pan duro y sopas de cebolla. A finales de noviembre cumplió 91 años. Su familia lo aparcó, cuando tenía 85 y una demencia senil avanzada, en una residencia para ancianos. Un día de este mes de enero Mario quiso escapar de aquella prisión que sentía ajena. Colocó una silla delante de la ventana, se subió y se tiró. Su cuerpo quedó hecho un guiñapo en el patio. La noticia desencadenó una ola de indignación en Italia. ¿Están seguros nuestros ancianos en estos centros para la tercera edad?
La pandemia de COVID-19 irrumpió primero como un monstruo letal que exasperó los miedos más profundos de las personas de edad avanzada. Después llegó la desesperanza de ver cada día las mismas paredes de la habitación de la residencia: sin poder ser visitados por sus seres queridos; con la prohibición explícita de tener contacto físico, y sin las únicas actividades diarias que les permitían disfrutar del día por la dificultad de los grupos burbuja. Solos, sin caricias y sin alicientes para seguir viviendo. La supresión de la interacción personal y afectiva agravó las condiciones físicas y mentales de este colectivo, relegándolo a un estado catatónico entre la indefensión y la muerte. No hay cifras patentes de este malestar.
Una tragedia que –sumada a los miles de ancianos fallecidos en completa soledad a causa del coronavirus– impactó de lleno en el corazón del arzobispo Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, que se propuso cambiar la sociedad. «Es una contradicción que la ciencia nos permita vivir más años, pero que los centros que acogen la última etapa de la vida se hayan convertido en lugares de abandono y muerte», señala. Por eso se presentó ante el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, del partido Libres e Iguales –el ala más a la izquierda de la coalición de Gobierno–, con un plan para frenar el desahucio vital al que parecían condenados los ancianos. «Le dije que era una depravación lo que estaba sucediendo con los mayores y estuvo plenamente de acuerdo», sostiene. Fue así como nació, en septiembre, la comisión para la reforma de la asistencia sociosanitaria de la población de más edad en Italia, presidida por Paglia, una especie de ministro del Vaticano para la familia. Y en febrero adquirió rango gubernamental, con representantes de once ministerios distintos y un bufete legal para realizar una ley marco, gracias al impulso que le dio el primer ministro italiano, Mario Draghi. Es poco frecuente que un Estado laico encomiende a un obispo presidir una importante comisión para reformar la asistencia a los ancianos y la ayuda a sus familias. Y es casi un hito que un Gobierno de coalición de mayoría de centro-izquierda colabore con la Iglesia en algún ámbito. El equipo de trabajo, además de personal sanitario, técnicos y expertos en geriatría, incluye ilustres personalidades del mundo artístico como la poetisa húngaro-italiana Edith Bruck.
Para Italia, así como para otros países con una alta tasa de ancianos –como es el caso de España–, «es indefectible pensar bien en cómo queremos pasar los últimos años de nuestra vida». Para empezar, la comisión que preside Paglia ha definido una constitución de los derechos de los ancianos y los deberes de la comunidad que será la casilla de salida para reorganizar la vejez. Una concepción que privilegia la atención domiciliaria y reivindica el derecho «a pasar los últimos años de la vida en casa» y no en una estructura extraña. «Desenraizar a los ancianos de la que ha sido siempre su casa es una equivocación», asegura Paglia. No solo crea «problemas humanos horribles», sino que además no es sostenible económicamente. «Únicamente una pequeña parte de las personas de edad avanzada están en residencias. La mayoría viven completamente abandonadas, como acaban los objetos viejos que ya no sirven. Si se trasladaran a todos a residencias sufragadas por el Estado, saltarían por los aires los presupuestos públicos», asegura el arzobispo. Los datos lo avalan. Las regiones italianas pagan de media de 2.500 a 3.000 euros al mes por cada anciano ingresado en una estructura pública.
El documento de los derechos de los ancianos también ahonda en situaciones dolorosas, pero reales, como el abandono en hospitales públicos que han sufrido muchos abuelos por parte de sus familias. En algunos de estos casos, previamente se ha obtenido la declaración de incapacidad de estas personas, por lo que se quedan disfrutando de su pensión y sus propiedades. Para frenar este abuso, la comisión propone la creación de una figura competente en materia financiera que pueda indicar al anciano las consecuencias legales de sus decisiones y que le ayude a no perder el control de su patrimonio.
Paglia destaca que las residencias de ancianos nunca han funcionado bien. Frente al aislacionismo, propone trabajar con modelos de convivencia entre los ancianos, mejorar su vivienda y las experiencias de los hogares familiares pequeños, así como ayudar a las familias para que puedan mantener a sus abuelos y padres en casa. «Aquí la tecnología juega un factor clave. Hemos perdido las costumbres del barrio y hay que restablecerla esa importante red en las ciudades para evitar que se muera un anciano y solo nos enteremos cuando empieza a descomponerse el cuerpo», señala.
El modelo que propone pasa también por derribar las barreras arquitectónicas que imposibilitan, por ejemplo, a cerca de 560.000 ancianos italianos no autosuficientes y a los 2,7 millones con graves dificultades de movimiento, salir a dar un paseo. «Muchos están encerrados en pisos altos de edificios sin ascensor», asegura el arzobispo.
Repensar toda la perspectiva del cuidado de las personas mayores también requiere formación. «Crearemos nuevos puestos de trabajo y sacaremos de la economía en negro a los cuidadores, en su mayoría inmigrantes sin papeles y que están mal pagados». Además, «los jóvenes que no quieran irse de su pueblo podrán quedarse con un nuevo diploma de operador sociosanitario, que también incluirá formación psico-afectiva», señala.
La estrategia también pasa por visitas periódicas del personal médico a casa de los abuelos. Además, se establecerán 1.000 centros de día por todo el país restaurando inmuebles públicos abandonados. Parece un poco utópico, pero detrás de estas ideas hay un plan estratégico. El Gobierno italiano destinará parte de los de los 18.490 millones de los fondos europeos que Italia dedicará a la salud a repensar la vejez.
Freno a la eutanasia
El Tribunal Constitucional italiano frenó en seco la semana pasada la propuesta para realizar un referéndum sobre la eutanasia. Según el fallo, tal y como estaba propuesta la consulta popular, «no se garantizaría la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana», por lo que los jueces la consideraron «inadmisible».
En la práctica, la iniciativa pretendía tumbar el artículo 579 del Código Penal, que actualmente sanciona a «quien causa la muerte de un hombre, con su consentimiento» con penas de entre seis y 15 años de prisión.
Los obispos italianos manifestaron en un comunicado que con esta decisión judicial se ha confirmado que la eutanasia es contraria a la Constitución, que vela por «la vida, en general, con particular referencia a las personas débiles o vulnerables».
VICTORIA ISABEL CARDIEL C. (Alfa y Omega)
Imagen: El arzobispo en su despacho
durante la entrevista con Alfa y Omega, el 15 de febrero.
(Foto: Victoria I. Cardiel).
