La Conferencia Episcopal pone en marcha una comisión de trabajo, presidida por el obispo de Astorga, sobre la actuación en delitos a menores.
La Conferencia Episcopal Española quiere llegar a la reunión con el Papa Francisco el próximo mes de febrero con los deberes hechos. Por ello, ha decidido poner en marcha una comisión de trabajo con el objetivo de revisar y actualizar sus protocolos de actuación ante los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes o religiosos pederastas contra menores de edad.
Así lo decidió el Comité Ejecutivo en su reunión del pasado mes de septiembre y cuyo plan de trabajo se ha hecho público este martes. Esta nueva normativa «sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos», explica esta institución eclesiástica en un comunicado.
El Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de febrero una reunión con los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano.
Según explica la Conferencia Episcopal, la Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico y estará integrada por juristas de la propia Casa de la Iglesia, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y del Servicio Jurídico Civil.
Tras actualizar los protocolos de actuación ante casos de abusos sexuales a menores, la comisión trabajará «de manera interdisciplinar» en la redacción de una nueva normativa para la prevención de estos delitos.
Esta nueva normativa, –señala– que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al «Modelo de Directivas» redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.
Compromiso firme
En la nota, la Conferencia Episcopal, en nombre de toda la Iglesia española, se compromete a «cuidar, educar y proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso».
Para ello se propone «seleccionar y formar cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable».
La Conferencia Episcopal Española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
Según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.
Laura Daniele/ABC
(Foto: CEE)
