La respuesta de las Iglesias locales debe partir de la escucha a las víctimas, según la Comisión Pontificia para la Protección de los menores.
Escuchar a las víctimas. Esta es la condición indispensable si la Iglesia realmente quiere luchar contra la lacra de los abusos sexuales. Así lo afirma la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, tras su asamblea plenaria celebrada en Roma del 7 al 9 de septiembre.
El Papa –según el comunicado final de este organismo consultivo vaticano– mostró su total acuerdo con este diagnóstico. La propia plenaria de la Comisión comenzó de hecho con las intervenciones de los testimonios de una mujer de América Latina que fue maltratada por un sacerdote, junto a la madre de dos víctimas adultas de los Estados Unidos.
Son mucho más que simples gestos. Según el presidente de la Comisión, el cardenal Sean Patrick O’Malley, «llevar la voz de las víctimas a todos los vértices de la Iglesia es crucial para hacer entender a todos la importancia para la Iglesia dar respuestas de manera rápida y correcta a cada situación de abuso en cualquier momento que se manifieste».
Durante la Asamblea Plenaria, un grupo de expertos presentó una serie de proyectos piloto, el primero de los cuales será en Brasil –se ha empezado a trabajar en otros similares en África y Asia– con el objetivo de «crear ambientes seguros y procesos transparentes a través de los cuales las personas que han sido abusadas puedan dar un paso adelante», según la nota final de la Comisión. La respuesta, pide la Comisión, no debe partir de análisis teóricos, sino del «input directo de las víctimas/supervivientes».
El cardeal O’Malley, presidente de la Comisión pontificia para la protección de los menores
Líneas-guía para las Iglesias locales
La atención a las víctimas de abusos no es una cuestión opcional, aclara O’Malley. En plena crisis mundial por la convergencia de escándalos en diversos países, «si la Iglesia es incapaz de responder con todo su corazón y hacer de este asunto una prioridad, todas nuestras otras actividades de evangelización, obras de caridad y educación se verán afectadas».
Por eso, en estos momentos, «esta debe ser la prioridad en la que debemos enfocarnos ahora», ha dicho el también arzobispo de Boston al portal vaticano Vaticannews.
El purpurado ha reconocido que este es un tema del que, todavía, en algunos lugares no se «habla mucho», en particular «en tierras de misión, donde la Iglesia tiene muy pocos recursos».
Uno de los retos de la Comisión es concienciar a las Iglesias locales sobre esta lacra, motivo por el cual, desde abril, los miembros de la Comisión han participado en más de 100 conferencias en todo el mundo.
La Comisión trabaja a la vez en «la elaboración de líneas guía» y el desarrollo de «instrumentos de verificación que puedan ser utilizados por las Conferencias Episcopales para medir la implementación y el cumplimiento» de estos protocolos. La idea, dice O’Malley, es que «cuando los obispos lleguen a Roma con ocasión de las visitas ad limina podrán demostrar cómo han podido poner en práctica estas líneas guía que cada Conferencia Episcopal ha realizado por encargo de la Santa Sede y del propio Santo Padre».
Imagen: Manifestación de víctimas en Australia
