La ONU pone a la concertada como ejemplo de alianza público-privada en materia educativa. La UE pide que se la apoye a nivel financiero para garantizar la libertad de enseñanza.
24 de Diciembre de 2020.- En la exposición de motivos de la recién aprobada LOMLOE, más conocida como ley Celaá, se hace referencia a varios organismos internacionales –UNESCO, Unión Europa…–, para manifestar la concordancia con sus objetivos educativos. También hace suya la Agenda 2030, impulsada por la ONU. Sin embargo, ninguna de estas entidades indican el camino tomado por el Gobierno de España, que parece decidido a promover solo la educación de carácter estatal dejando de lado la demanda de los padres para escolarizar a sus hijos en la escuela concertada, que en España es mayoritariamente católica.
«Los organismos internacionales piden una educación de calidad y gratuita, pero no dicen que tenga que ofrecerse exclusivamente en centros de titularidad pública. El Gobierno se impone esta obligación. La gratuidad sí es obligatoria, pero que esta tenga que darse en centros de titularidad pública es una decisión claramente política que no se pide en ningún documento internacional». Quien habla es Ignasi Grau, director general de OIDEL, una ONG con sede en Ginebra que promueve el derecho a la educación y que tiene estatuto consultivo ante la ONU, la UNESCO y el Consejo de Europa. En concreto, Grau recuerda «la última resolución fuerte» del Parlamento Europeo sobre la libertad de educación –de junio de 2018– que, aunque no es vinculante, pedía un incremento de la financiación pública tanto en centros públicos como privados sin ánimo de lucro para garantizar la libertad de elección educativa.
Por ello, no entiende que el Gobierno se proponga solo garantizar las plazas públicas, pues lo que está haciendo es «vaciar de contenido los artículos de la Constitución Española y de los tratados internacionales relativos a la libertad de enseñanza, que pasa de ser un derecho a un privilegio al que solo podrán acceder aquellas familias con suficientes recursos». En este sentido, apunta que esta libertad es un buen indicador para mostrar la confianza de los estados en sus ciudadanos y, por tanto, que se limite a la capacidad económica de las familias «pone en entredicho esta confianza».
Para el director general de OIDEL, la LOMLOE se focaliza en un supuesto problema que «no existe desde la perspectiva educativa» —hay otros: nivel de lectura, matemáticas, abandono escolar…—, lo que le lleva a afirmar que la ley «se hace con criterios políticos que vienen de colectivos que miran con suspicacia la participación de ciertos autores no gubernamentales en lo común».
Una participación, la de la escuela de iniciativa social, que incluso recibió el respaldo en 2015 del relator especial sobre el derecho a la educación en un informe relativo a las alianzas público-privadas en el campo educativo. Realizado sobre la base de una preocupación por el rápido avance de la privatización, el entonces relator, Kinshore Singh, pone como modelo que seguir para los países en vías de desarrollo el sistema de conciertos en nuestro país.
«Cabe citar una serie de ejemplos en los que las alianzas público-privadas pueden constituir un proyecto social para el desarrollo de la educación. Por ejemplo, en España, los conciertos económicos entre las comunidades autónomas y los proveedores de educación del sector privado representan una modalidad que integra derechos y obligaciones», escribió Singh. Según Grau, esta afirmación del entonces relator está «hecha a conciencia», pues había estado varias veces en España y ya ha había hablado de este modelo en alguna conferencia. Y tiene valor, porque el informe lo hizo con mucho escepticismo sobre el papel de los actores privados.
Como Bélgica, Francia u Holanda
Otro de los avales a la educación concertada en España viene de los países de nuestro entorno. Porque el caso español no es una rara avis en Europa, como demuestra una investigación de OIDEL en 2016 que medía la libertad de enseñanza en el mundo. Dos de los indicadores –el grado de financiación pública a escuelas no gubernamentales y el número– muestran que España está en niveles parecidos a Holanda, Bélgica o Francia. De hecho, Grau recuerda que Francia es el país de Europa con más alumnos en escuelas católicas y con más centros católicos financiados por el Estado: «Es el país de la laicidad y no supone ningún problema».
También de sus estudios, asevera Grau, se puede extraer la conclusión de que este debate sobre la concertada se encuentra solo en países donde está vinculada a la Iglesia católica como España, Portugal e Italia –en general, en el resto no hay tal debate– y que la escuela concertada ha respondido mejor a los desafíos de la COVID-19.
Un nuevo clamor en las calles
Las principales arterias de 50 ciudades de nuestro país volvieron a llenarse el pasado domingo de coches para manifestar, una vez más, el rechazo a la LOMLOE. En total, según la plataforma Más Plurales, fueron cerca de un millón de personas las que demostraron que «la sociedad no se rinde ante una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española». Que la ley se haya aprobado no las va a frenar, de modo que seguirán dando la batalla y anuncian que utilizarán todos los medios democráticos a su alcance para «corregir una ley contraria a las libertades constitucionales».
Fran Otero
