Garrido avanza que los ejes del Plan son el mantenimiento de las sedes, la seguridad de las personas y la reubicación de juzgados
Lanza una primera fase para atender las necesidades más urgentes en seis meses, con una inversión de 1,85 millones
Las medidas forman parte de un Plan integral para la Justicia, que incluirá actuaciones a medio y largo plazo
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Plan de choque para las infraestructuras judiciales de la región en 2017, con una inversión de 7,05 millones de euros, recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos de la región para este año remitido a la Asamblea, lo que supone multiplicar casi por cuatro la partida de 2016.
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha detallado, en rueda de prensa, la primera fase de este Plan, que atenderá las necesidades de las sedes judiciales consideradas más urgentes y que puedan adjudicarse y ejecutarse en un plazo de seis meses. Se prevé acometer más de 100 actuaciones, que beneficiarán a todos los partidos judiciales.
En esta primera fase se van a invertir 1,85 millones de euros, el 100% de las posibilidades presupuestarias que existen con los Presupuestos regionales prorrogados actualmente en vigor. El resto de las inversiones del Plan de choque se podrán acometer un vez se aprueben los Presupuestos de 2017.
Garrido ha avanzado que el Plan tiene como ejes las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes, las relacionadas con seguridad y la reubicación de las sedes judiciales que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio.
“La actuaciones del Plan de choque forman parte de un Plan integral para la Justicia, que incluirá medidas adicionales a medio y largo plazo y que se debatirá en los próximos meses en la mesa técnica de la Justicia, que se constituye el próximo lunes”, ha puntualizado el consejero.
Los técnicos de la Dirección General de Justicia han elaborado el catálogo de actuaciones previstas en esta primera fase del Plan a partir del trabajo previo realizado en la inspección de las sedes judiciales de la Comunidad y de la documentación que ya obraba en su poder. Además, han tenido en cuenta las reclamaciones planteadas por todos los decanos de la Comunidad de Madrid, así como por jueces titulares, Fiscalía, letrados o sindicatos de la Administración de Justicia.
Según ha avanzado Garrido, las actuaciones previstas en mantenimiento de sedes judiciales en la primera fase del Plan de choque se van a centrar en medidas de adecuación en materia contraincendios y de evacuación; la subsanación de deficiencias detectadas en instalaciones eléctricas y centros de transformación; la reforma o reparación de las instalaciones de climatización; y la reparación de ascensores.
También se va a proceder a pintar las sedes; a la reparación de ventanas y puertas; al arreglo de goteras y humedades y a la impermeabilización de cubiertas; así como a realizar mejoras en la ventilación y las instalaciones de iluminación.
En Madrid Capital y periferia
En Madrid capital, estas medidas se llevarán a cabo en sedes judiciales como las de Plaza Castilla, la Audiencia Provincial (tanto en la sección Civil como en la Penal), en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil o en los de Violencia sobre la Mujer, entre otras.
En Madrid periferia están previstas actuaciones del Plan de choque en sedes como las de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz o Valdemoro, entre otras.
Garrido ha apuntado que, dentro del segundo eje del Plan de choque, el de la seguridad de las personas, las medidas que se van a adoptar van a estar centradas en los planes de emergencia y autoprotección de las 71 sedes judiciales existentes en la región. En concreto, en la primera fase del Plan se va a tramitar, con carácter de urgencia, la contratación de la elaboración, revisión y actualización de estos planes, para su posterior implantación en todas las sedes.
En una segunda fase, se ejecutarán las obras necesarias para poder aplicar los planes de emergencia y autoprotección, se formará a los equipos vinculados a ellos y se realizarán los simulacros pertinentes.
Reubicación de sedes
“El tercer eje de esta primera fase de actuaciones del Plan de choque consiste en dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas sedes que sea necesario”, ha explicado Garrido. En este caso, se van a tener en cuenta aspectos como la antigüedad de los edificios, la elevada densidad de ocupación o la existencia de problemas estructurales para cumplir con la normativa de accesibilidad o con garantías de seguridad como la preservación de la identidad de las víctimas, por ejemplo.
El consejero de Presidencia y Justicia ha recordado que los edificios más representativos de la Administración de Justicia se construyeron o fueron adaptados para su uso hace más de dos décadas, por lo que no cumplen en ocasiones con las necesidades actuales de la Justicia. A ello se añade la necesidad de contar con superficie para la instalación de nuevos juzgados, la creación de nuevos órganos judiciales o la ubicación de juzgados territoriales que atiendan necesidades temporales, como la litigiosidad derivada de las cláusulas suelo.
Por todo ello, ya se está buscando nuevos inmuebles para atender estas necesidades, con el criterio de proximidad a la sede principal y garantizando las condiciones de trabajo y seguridad de quienes trabajan en la Administración de Justicia.
“Estamos trabajando con el objetivo de llevar a cabo una renovación paulatina y programada de las sedes, aun tratándose de una intervención costosa”, ha indicado Garrido.
Renovación programada
Dentro de esta renovación programada, el Plan de choque incluye la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que aglutine los distintos órdenes jurisdiccionales.
Para ello, en este primer semestre está previsto firmar sendos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de las dos localidades para la cesión de suelo donde poder ubicar las nuevas edificaciones.
También se va a buscar ubicaciones que ofrezcan una solución transitoria a la elevada ocupación de las sedes existentes en los dos municipios mientras se construyen las nuevas infraestructuras.
En Madrid capital, en los próximos meses también se va a sentar las bases para la reubicación de sedes con líneas de actuación principal: la creación de un núcleo Penal en una única zona de la ciudad, manteniendo además la sede de Plaza de Castilla; agrupación de las secciones de lo Civil y de lo Penal de la Audiencia Provincial; agrupación de los juzgados de Primera Instancia; y reubicación de las secciones de la Fiscalía que tienen una peor situación.
“En suma, en 2017 queremos sentar las bases que sirvan para mejorar las condiciones en las que se desempeña la actividad judicial, desde el punto de vista del espacio en el que ésta se desarrolla, dando primacía a la seguridad y al bienestar de quienes trabajan en las sedes judiciales”, ha resumido Garrido.
Para ello, ha recordado que, este ejercicio, el proyecto de Ley de Presupuestos de la región remitido a la Asamblea contempla un aumento del 47,3% en la inversión destinada a la modernización de las sedes judiciales. En concreto, el presupuesto previsto este ejercicio para la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales pasa de 17,8 a 26,3 millones de euros, es decir, 8,5 millones más que en 2016.
Dentro de esta Subdirección, las inversiones para la mejora de edificios, modernización de infraestructuras y mejora de la climatización (capítulo 6) se multiplican casi por cuatro y alcanzan los 7,05 millones (que se corresponden con el Plan de choque), mientras que la partida destinada a conservación, mantenimiento y limpieza (capítulo 2) crece un 19,7%, hasta los 17,8 millones de euros.
El proyecto de Presupuestos para 2017 también incluye 1,57 millones de euros adicionales que se van a destinar a renovación de mobiliario, señalización y equipos de impresión. Es decir, siete veces más que el año pasado, cuando se dedicaron 226.814 euros a este concepto, recogido en el capítulo 6 de los presupuestos de la Subdirección General de Régimen Económico.
