El contrato está dividido en cuatro lotes, cada uno de ellos destinado a un colectivo con especiales dificultades de acceder a un empleo.
El pago de las actuaciones se realizará una vez conseguida la inserción laboral del demandante de empleo.
Los servicios son gratuitos para los desempleados, que deberán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo.
La Comunidad de Madrid destinará más de 2,6 millones de euros a la contratación de agencias de colocación que colaboren con los servicios públicos de empleo para conseguir la inserción laboral de los desempleados que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. La previsión es que 4.872 personas se beneficien de estas actuaciones. La colaboración con las agencias de colocación está recogida en una de las 70 medidas de la Estrategia Madrid por el Empleo, aprobada por el Gobierno regional en consenso con los agentes sociales.
El acuerdo, aprobado en Consejo de Gobierno, fija que estas agencias realizarán labores de inserción de forma integral como orientación, información, intermediación, ayuda en la búsqueda, etc. El contrato está compuesto por cuatro lotes diferenciando a otros tantos colectivos que tienen más problemas para encontrar un trabajo: desempleados con más de un 33 % de discapacidad; desempleados en riesgo de exclusión beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI); jóvenes menores de 30 años (al menos la mitad serán jóvenes con baja cualificación); y desempleados de larga duración (que lleven más de un año en desempleo).
Los servicios son gratuitos, tanto para el trabajador como para el empleador, y el pago a la adjudicataria estará vinculado al éxito de la inserción laboral de los mismos. Y es que, casi la totalidad de la cuantía –concretamente el 85 %- se percibirá una vez hecha efectiva. El resto podrá ser abonado cuando se haya constatado que se ha trabajado con el desempleado de cara a su inserción con un máximo de 400 euros.
Se entiende que hay inserción cuando se formaliza un contrato de trabajo que se prolonga al menos hasta seis meses en un periodo de ocho. Además, en los lotes de personas con discapacidad y en exclusión se añadiría una cuantía adicional de 500 euros. Los desempleados deberán estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo, ya que este organismo es el que remitirá a las adjudicatarias la relación de desempleados a insertar.