El Consejo de Gobierno de hoy ha sido informado de los contratos realizados con carácter de emergencia.
Se dedica más de un millón de euros para la adquisición de ropa hospitalaria en los centros.
Los hospitales Príncipe de Asturias y Getafe han realizado distintas actuaciones para mejorar la atención.
16 de diciembre de 2020.- El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la firma de distintos contratos, por un total de 2.628.827,26 euros, para seguir aumentando la capacidad de la sanidad pública madrileña en el tratamiento y la prevención de la COVID-19.
Así, la Comunidad de Madrid ha invertido 1.430.827,13 euros en la adquisición de ropa hospitalaria, en distintos contratos, dado que se ha incrementado en al menos un 30% el uso de uniformes, debido tanto al aumento de trabajadores que los usan como al número de cambios que se realizan. Además, en varios hospitales se siguen protocolos que marcan el cambio de ropa tras la salida de las zonas en las que se atienden pacientes COVID-19.
También el Consejo de Gobierno ha sido informado de los distintos contratos realizados con carácter de emergencia por el Hospital Universitario Príncipe de Asturias por 109.541,55 euros, relativos a transporte sanitario y mantenimiento de aparataje médico.
Por su parte, el Hospital Universitario de Getafe ha invertido 112.828,14 euros en la realización de obras que han permitido adecuar el centro y dar una mejor atención tanto a los pacientes con COVID-19 como a todos aquellos que reciben en sus instalaciones.
Por último, se han destinado 81.537,24 euros en el suministro de mobiliario en las dependencias de la Consejería de Sanidad, en las que se han habilitado espacios para el trabajo de los profesionales que analizan los resultados de las pruebas de COVID-19 y determinan el seguimiento de los contactos de los casos positivos. A esto se añade una tercera ampliación del seguimiento telefónico de contactos COVID-19 por valor de 894.093,20 euros.
A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas, y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.
