El consejero de Vivienda ha comparecido hoy en la Asamblea de Madrid, donde ha defendido un gran Pacto regional de vivienda.
El Gobierno regional trabaja en la distribución de 15,9 millones de euros destinados a ayudas en vivienda.
Más de 600 inquilinos de viviendas sociales de la Comunidad se benefician de reducciones en las rentas de sus alquileres.
El Programa de Inversión Regional destina más de 130 millones de euros de gasto corriente para paliar la situación económica de los municipios afectados por el coronavirus.
12 mayo de 2020.- La Comunidad de Madrid promoverá acciones en materia de Vivienda y Administración local que ayuden a dinamizar la economía y contribuyan a una pronta recuperación de los efectos del COVID-19. Así lo ha subrayado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante su comparecencia hoy –a petición propia- en la Asamblea de Madrid.
Pérez ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo en la Consejería de Vivienda y Administración Local desde que se declaró el estado de alarma, con el objetivo de “prevenir y proteger especialmente a la población rural, ofrecer recursos sociales y económicos, en materia de vivienda y buscar alternativas para una pronta recuperación económica”.
En el ámbito de vivienda y rehabilitación, el Plan Alquila ha continuado prestando telemáticamente sus servicios mediante una campaña de intermediación entre sus más de 16.000 inquilinos, atendiendo a aquellos que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad, de manera que pudieran continuar con sus contratos de arrendamiento. Así, se han llevado a cabo 406 intermediaciones sobre un total de 2.908 consultas, además de hacerse 10.579 atenciones telemáticas de diversa índole, y otras 2.413 atenciones telefónicas.
Por su parte, la Oficina de atención Ciudadana ha atendido y resuelto 4.106 consultas de asuntos relacionados con vivienda. También se ha mantenido una constante coordinación con el Colegio de Administradores de Fincas (CAF), así como una atención a las 200.000 comunidades de vecinos de la región, en la identificación de posibles inquilinos mayores en situación de soledad, para establecer un canal de atención y seguimiento.
A pesar de las dificultades técnicas en la gestión de los expedientes durante este periodo, la Comunidad de Madrid ya ha abonado el pago a la mitad de los beneficiarios de las Ayudas al Alquiler 2019, por un importe de casi 8 millones de euros, ultimándose el abono al resto de beneficiarios pendientes de pago toda vez que se reactiven los plazos administrativos suspendidos por la situación de alarma.
Asimismo, pese a casi llevar 40 días de retraso en el abono por parte del Gobierno central de las ayudas anunciadas en materia de vivienda contenidas en el Real Decreto 11/2020, y del que Madrid recibirá tan solo 15,9 millones de euros, la Comunidad ya trabaja en el establecimiento de los requisitos de acceso y el procedimiento de otorgamiento de estas ayudas, así como en el Acuerdo de Consejo de Gobierno que autorice el gasto para hacerlas efectivas lo antes posible.
Por otra parte, sí se han transferido diligentemente los fondos correspondientes a todos los programas de Plan Estatal de Vivienda de 2020, sobre los que se ha hecho una redistribución, con lo que la Comunidad de Madrid dispondrá de otros 17,3 millones de euros para ofrecer más ayudas en materia de vivienda.
El consejero ha defendido la necesidad de abordar un gran Pacto Regional por la Vivienda, que sirva para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19. Este pacto ha sido acordado ya con los principales agentes del sector inmobiliario madrileño, y contempla aspectos como la colaboración público-privada, una fiscalidad flexible, mayor seguridad jurídica, o el apoyo a una economía social en materia de vivienda, que permitan que este sector pueda convertirse en uno de los principales motores de la reactivación económica no solo regional, sino nacional. “Para esto es fundamental convocar, tal y como ya solicitamos por dos veces al ministro José Luis Ábalos, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo”, ha enfatizado Pérez.
Reducción de alquileres en la Agencia de Vivienda Social
Por otro lado, desde el inicio del confinamiento los trabajadores de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) han llevado a cabo un total de 8.856 actuaciones sociales. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la tramitación administrativa urgente para reducir la renta de alquiler a los inquilinos de viviendas sociales afectados por la pandemia.
Pueden acogerse a esta medida arrendatarios de la AVS que hayan sido despedidos o afectados por un ERTE, y los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40%. Esta ayuda ha supuesto la reducción al mínimo del precio de alquiler, mediante el pago de una cuota de 46,56 euros por la vivienda y 4,54 euros por plaza de garaje, e incidirá directamente en más de 5.000 familias que actualmente no se benefician de otras ayudas de la Agencia, lo que supondrá más de 1,3 millones de euros en ayudas directas.
La reducción que están obteniendo los inquilinos es de casi un 85% sobre la renta que estaban pagando. La Comunidad de Madrid ha atendido 8.782 requerimientos de información de posibles beneficiarios interesados, tramitando hasta la fecha 603 solicitudes, de las cuales la gran mayoría -un 75%- están destinadas a situaciones de vulnerabilidad por estar incursos en un ERTE.
Igualmente se ha establecido un periodo de carencia -equivalente a la duración del estado de alarma- en la renta de arrendamiento de locales de la AVS, para hacer frente al impacto económico y social ocasionado por el COVID-19. Esta medida afecta a 157 inmuebles, con una ayuda directa superior a 67.000 euros. Hasta la fecha se ha tramitado 91 solicitudes para su aplicación.
Atención a los 179 municipios de la región
En otro orden de cosas, la Comunidad de Madrid ha remitido hasta 22 comunicaciones informativas a todos los ayuntamientos de la región, indicándoles pautas de actuación y recomendaciones ante la pandemia del COVID-19.
Se han superado las 1.000 llamadas y consultas, trasladado todas las peticiones y necesidades de los alcaldes a la Comisión Interdepartamental y al PLATERCAM, resolviendo cuestiones como desabastecimientos de bienes de primera necesidad, peticiones de material, asistencia y desinfección en residencias, centros de salud, o instalaciones de Policía Local y Protección Civil, así como todo tipo de consultas administrativas y de gestión municipal. Más de un 80% de municipios han sido desinfectados gracias a la colaboración de los servicios municipales, la UME, voluntarios, Protección Civil, policías locales y agricultores. Muchas de estas actuaciones han contado con la coordinación del Comisionado para la Despoblación Rural.
Desde el punto de vista administrativo, se han tramitado con celeridad una serie de acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno relativos al Plan Estratégico de Subvenciones de 2020. Este programa, dotado con 8,5 millones de euros, servirá para mejorar la situación económica de los ayuntamientos madrileños.
Además, las modificaciones llevadas a cabo en el Programa de Inversión Regional (PIR) permitirán destinar más de 130 millones gasto corriente, pudiendo los consistorios dedicar las cantidades asignadas a paliar los efectos del COVID-19 en sus municipios.
Tal y como reclamó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las videoconferencias con presidentes autonómicos, es necesario que los ayuntamientos puedan utilizar el 100% del superávit de sus cuentas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.
Cañada Real Galiana
Por último, respecto a la atención dispensada en la Cañada Real Galiana, uno de los enclaves más vulnerables de la región, a través de su la figura de su comisionado, se ha facilitado la atención social, sanitaria y
educativa a los 8.000 vecinos de este área, mediante el establecimiento de un
Mando único, y en permanente contacto, colaboración y coordinación con
entidades sociales-culturales y vecinales de la zona.
Asimismo, se ha identificado a personas mayores y familias para reforzar la ayuda a estos colectivos más vulnerables, además de requerir al Estado la presencia de la UME en tareas de control y desinfección, que finamente fue resuelto por la propia Comunidad de Madrid en colaboración con agricultores locales, ante la inacción del Gobierno central.
