El Consejo de Gobierno ha aprobado 52,5 millones para compensar la bajada de tasas de este curso y el pasado.
Incluye las cantidades que han dejado de percibir por las becas ministeriales de matrícula y las bonificaciones y
exenciones en el pago de los precios públicos.
El importe destinado a cada centro se ha determinado en función de los requerimientos realizados por los rectores.
Otros 21 millones servirán para financiar el incremento de los costes de los suministros energéticos en 2023.
1 de enero 2024.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión del pasado miércoles tres acuerdos con una inversión conjunta de 73,5 millones de euros destinados a las seis universidades públicas madrileñas para que puedan seguir mejorando su actividad.
El primero de ellos destina 32.068.154 euros para suplir lo que han dejado de percibir por las becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos en el curso 2022/23. Por su parte, el segundo compensa la bajada de tasas en el periodo correspondiente a la primera mitad del curso 2023/24 con una cantidad de 20.456.293 euros.
El importe que debe percibir cada institución se ha determinado en función de lo que han requerido los propios rectores, previa comprobación por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de los datos relativos a los alumnos matriculados en estudios de grado y de máster universitario.
Igualmente, se han revisado los beneficiarios de las exenciones por el denominado tramo autonómico de las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. También los de las bonificaciones por familia numerosa en sus dos categorías – general y especial -, por discapacidad, por matrícula de honor y Premios Extraordinarios en Formación Profesional y Bachillerato, por la condición de víctima del terrorismo o de violencia de género, perceptores del Ingreso Mínimo Vital y matrículas de honor en cursos superiores.
De este modo, la Universidad de Alcalá recibirá un total de 4.346.588 euros; la Universidad Autónoma de Madrid, 7.626.351 euros; la Universidad Carlos III de Madrid, 5.374.003 euros; la Universidad Complutense de Madrid, 16.750.708 euros; la Universidad Politécnica de Madrid, 9.261.201 euros; y la Universidad Rey Juan Carlos, 9.165.589 euros.
El pago de las cantidades se realizará una vez notificada a cada universidad la orden de concesión de la subvención. Con carácter previo, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, así como presentar una declaración responsable de que no incumplen ninguna circunstancia que les impida ser beneficiarios de estas ayudas.
Esta subvención aplicada por la Comunidad de Madrid busca contrarrestar las cuantías que les ha supuesto a las universidades públicas introducir la rebaja del coste de los títulos oficiales del 20% en los estudios de Grado y del 30% en los Másteres habilitantes. Los acuerdos autorizados hoy se suman al aprobado en el anterior Consejo de Gobierno por importe de 19,2 millones de euros para compensar la bajada de precios públicos de las universidades madrileñas en el periodo correspondiente a la segunda mitad del curso 2022/23.
Inversión para los costes de los suministros
Por otra parte, el Ejecutivo regional también ha autorizado otra inversión de 21 millones de euros destinados a financiar en el ejercicio 2023 el incremento de los costes de los suministros energéticos mediante subvenciones directas a las universidades públicas. La de Alcalá recibirá 1.145.635 euros; la Autónoma, 3.371.305; la Carlos III, 1.029.536: la Complutense, 7.056.658; la Politécnica, 4.551.915, y la Rey Juan Carlos, 3.854.349.
Los pagos tienen un carácter excepcional debido a la situación provocada por la guerra de Ucrania, que ha llevado durante los dos últimos años a una hiperinflación en los precios de electricidad y gas, incidiendo de forma directa en los costes. Por este motivo, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha tomado esta decisión para garantizar la adecuada prestación de sus servicios y los niveles de máxima calidad.