Dirigida a haitianos damnificados por el huracán Matthew y a venezolanos afectados por la falta de medicamentos.
El Gobierno regional destinó el pasado año 1 millón de euros a ayuda de emergencia en distintas partes del mundo.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de dos convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y dos entidades, para la concesión de ayuda humanitaria y de emergencia a Haití y Venezuela, por un importe de 59.027 euros.
En concreto, se ha aprobado un convenio de colaboración con la asociación Bomberos Unidos sin Fronteras, para mejorar la calidad de vida de la población damnificada por el huracán Matthew en Port Salut, en el Departamento Sur de Haití, por importe de 44.000 euros y con un plazo de ejecución de 10 meses.
Asimismo, se ha autorizado un convenio con la Asociación Española Venezolana por la Democracia, por importe de 15.027 euros y un plazo de ejecución de 11 meses, para mejorar la calidad de vida y salud de la población afectada por la situación de desabastecimiento de medicamentos y material médico en Venezuela.
Durante el pasado año, la Comunidad de Madrid destinó un millón de euros para ayuda humanitaria y de emergencia, a través de 16 convenios suscritos con otras tantas entidades.
Para atender a las entidades con las que se celebraron dichos convenios, se designaron los ámbitos sectoriales y geográficos preferentes para los proyectos de 2016, teniendo en cuenta las crisis y conflictos internacionales.
De esta manera, se aprobaron proyectos para la atención de personas desplazadas y refugiadas como consecuencia de la guerra de Siria, tanto en este país como en Líbano y Jordania; y la atención a las necesidades urgentes de la población de los territorios palestinos y de los campamentos de refugiados saharauis.
Igualmente, fueron autorizados otros proyectos relacionados con las crisis alimentarias en países subsaharianos; la situación de desabastecimiento de medicamentos que afecta a Venezuela; y la atención a víctimas de catástrofes naturales, como el terremoto de Ecuador, las inundaciones en Colombia o el huracán Matthew en Haití.
La Comunidad aprueba un gasto de 42 millones para garantizar los pagos de la Justicia Gratuita
Esta partida crecería además un 16,2%, hasta 48,8 millones, al aprobarse el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 .
El Gobierno regional trabaja con los Colegios de Abogados y Procuradores para agilizar aún más la tramitación de los pagos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 42 millones de euros para garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes. Se trata del crédito inicial que se va a destinar a esta partida y que se corresponde con la cantidad contemplada en los Presupuestos para 2016 de la Comunidad que han sido prorrogados.
En todo caso, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, que actualmente se tramita en la Asamblea, prevé que la inversión destinada a Justicia Gratuita por parte del Gobierno regional crezca un 16,2%, hasta los 48,8 millones de euros. Una mejora que se sumará, además, al incremento del 32% que ya experimentó esta partida en 2016.
Los pagos para la Justicia Gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Más de 100.000 expedientees reesuelktos
Con este dinero se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. En 2016, en la Comunidad de Madrid se resolvieron 100.235 expedientes de solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
Según el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, está previsto que la partida destinada a los abogados crezca un 15%, hasta los 43 millones de euros, mientras que la de los procuradores mejore un 26,1%, hasta los 5,8 millones.
Como prioridad para este año 2017, el Gobierno regional ya está trabajando con los Colegios de Abogados y de Procuradores para acordar un procedimiento que agilizar aún más la tramitación de los pagos de la Justicia Gratuita. En la actualidad, sólo quedan pendientes los pagos correspondientes al último trimestre de 2016, en fase de comprobación previa a la elaboración del correspondiente documento contable de pago.
La asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsa el Gobierno de la Comunidad desde el inicio de la legislatura, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización de las infraestructuras judiciales.
En este sentido, a finales de 2015, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía llegó a sendos acuerdos con los Colegios de Abogados y de Procuradores para la mejora de los baremos del turno de oficio, recuperando el 20% de reducción que sufrieron en 2012, y para la actualización de determinadas tarifas que permitan una mejor retribución de los profesionales.
La Comunidad pone en marcha el Consejo de la Juventud para promover la participación de jóvenes en la gestión
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de organización y funcionamiento de este nuevo organismo.
Tendrá entre sus objetivos elaborar estudios e informes sobre las necesidades juveniles e informará a la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios sobre su actividad.
El Ejecutivo madrileño recupera así un órgano que existió hasta el año 2010, cuando desapareció por motivos presupuestarios.
Estará formado por personas de entre 18 y 30 años de asociaciones, federaciones y organizaciones juveniles, así como alumnos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, un instrumento para que los jóvenes puedan participar y realizar propuestas en los temas que les afectan.
El Consejo de la Juventud tendrá entre sus misiones elaborar estudios e informes sobre las necesidades o los intereses juveniles. Además, deberá realizar informes sobre las actuaciones que haga la Comunidad de Madrid en materia de juventud, podrá también hacer propuestas propias y será el interlocutor con otros organismos juveniles.
Este organismo existió hasta el año 2010, cuando se suspendió por motivos presupuestarios. El Ejecutivo madrileño ha conocido el decreto para que vuelva a funcionar y así facilitar la coordinación de los movimientos asociativos juveniles.
El nuevo organismo formará parte del Consejo de la Juventud de España representando a la región madrileña, fomentará la creación de Consejos Locales y promoverá la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas y con otros países. Asimismo, dará cuenta de sus actividades ante la Asamblea de Madrid y los grupos parlamentarios para fomentar la transparencia, así como la participación de los jóvenes en las actividades del Gobierno regional.
El Consejo contará con un Pleno formado por 45 vocales que elegirán al presidente y al vicepresidente. Los vocales, de entre 18 y 30 años de edad, pertenecerán a asociaciones, federaciones y organizaciones juveniles, alumnos universitarios y no universitarios, a los Consejos Locales de la Juventud y a la propia Comunidad de Madrid. También formarán parte de este órgano representantes de asociaciones relevantes que trabajen en el ámbito de la discapacidad, la inmigración, el medio ambiente o las personas LGTBI.
El Pleno se reunirá al menos una vez al año y, de forma extraordinaria, cada vez que sea necesario. Además, el Consejo de la Juventud contará con la Comisión Permanente, un órgano de carácter ejecutivo formado por el presidente, el vicepresidente, el secretario y 14 vocales, así como con grupos de trabajo que trabajarán temas puntuales de manera temporal.
Escuelas infantiles de Ajalvir, Fuenlabrada y Las Rozas se unen a la red pública de la Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la integración de estos centros en la red de escuelas públicas de la región para el próximo curso
Se incorporarán dos centros de Las Rozas con 266 plazas de 0 a 3 años, uno de Ajalvir con 76 y otro de Fuenlabrada con 68
Su integración en la red regional beneficiará a las familias de estos centros, que verán reducidas las cuotas
La red pública de centros de educación infantil alcanzará 450 centros con 42.680 plazas el próximo curso 2017/18
El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración en la red de escuelas públicas de la región a los centros ‘Juan Ramón Jiménez’ y ‘La Marazuela’ de Las Rozas, ‘La Espiga’ de Ajalvir y ‘Los Gorriones’ de Fuenlabrada, que suman 410 plazas para niños de 0 a 3 años de edad.
Todas estas escuelas son de titularidad municipal y hasta este momento se encontraban fuera de la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Son los propios ayuntamientos los que han pedido su incorporación, una medida que beneficiará a las familias de estos centros porque verán reducidas las cuotas que tendrán que pagar a partir del próximo curso escolar y podrán beneficiarse de otras ventajas, como las becas de comedor.
La Escuela Infantil (E.I.) ‘Juan Ramón Jiménez’ de Las Rozas cuenta con 190 plazas -40 plazas para niños menores de 1 año, 70 para los de 1 año y 80 para los de 2-. Por su parte, la E.I. ‘La Marazuela’ de esta misma localidad ofrece un total de 76 plazas -8 plazas para menores de 1 año, 28 para los de 1 y 40 para los de 2 años-.
La E.I. ‘Chiquitín’ del Ayuntamiento de Ajalvir ha solicitado su cambio de nombre y pasará a denominarse ‘La Espiga’. Además, este centro se incorporará a la red pública aumentando la oferta en la región con sus 76 plazas. Asimismo, se incorporará a la red de la Comunidad de Madrid la Escuela Infantil y casa de niños ‘Los Gorriones’ de Fuenlabrada, con 68 plazas más.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el cambio de denominación de otros dos centros de primer ciclo de educación infantil que ya están en funcionamiento. Se trata de una escuela infantil del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, que pasará a llamarse ‘Soletes’, y de una casa de niños de Los Santos de la Humosa, que pasará a ser ‘Baobab’.
Las ventajas de pertenecer a la Red Pública
Con la integración de estas escuelas, la red pública de centros de educación infantil estará formada por un total de 450 centros con 42.680 plazas. De ellas 316 son escuelas infantiles -135 de titularidad de la Comunidad de Madrid y 181 de titularidad municipal-; y 134 son casas de niños -7 de titularidad de la Comunidad de Madrid y 127 municipales-.
Todas estas escuelas se benefician de los precios públicos establecidos con carácter general por la Comunidad de Madrid para el conjunto de la red pública, que este año han bajado un 20%. Asimismo, pertenecer a la red permite que las familias con menos recursos puedan beneficiarse de las becas de comedor de la Comunidad de Madrid.
Además, pueden participar en el proceso de admisión establecido por la Comunidad de Madrid, que incluye un baremo común para todas. Las escuelas de la red pública cuentan además con un programa de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales mediante los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid y reciben seguimiento por parte del Servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad destina 1,18millones a 82 plazas para personas con discapacidad física y mayores
El Consejo de Gobierno autoriza convenios con dos ayuntamientos y la prórroga de un contrato de gestión con una entidad
Permiten atención residencial a 70 mayores y 12 personas con discapacidad física y alto nivel de dependencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de dos convenios con ayuntamientos de la región y la prórroga de un contrato con una entidad, por un importe global de 1.180.096 euros, para el mantenimiento de 82 plazas atención residencial a mayores y personas con discapacidad física.
En concreto, se ha autorizado la prórroga durante un año del contrato de gestión para la atención en residencia a personas con discapacidad física con alto nivel de dependencia, en concreto 12 plazas, adjudicado a la asociación ADAMAR, por importe de 304.760 euros.
Los usuarios de esta residencia, ubicada en el distrito de Hortaleza, son personas mayores de 18 años que carecen de familiares o que no pueden ser atendidos por los mismos, por razón de su discapacidad u otras circunstancias, y que tienen reconocido grado de discapacidad por parálisis o daño cerebral, enfermedades degenerativas o cualquier otra discapacidad física o sensorial que genere alto nivel de dependencia, con necesidad de apoyo para realizar su cuidado personal.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, para articular la atención a personas mayores en la residencia municipal de esta localidad, con un gasto por importe de 625.240 euros desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017.
La Residencia de Personas Mayores Real de Rozas, de titularidad municipal, cuenta con 50 plazas y con una serie de equipamientos especializados destinados al alojamiento y atención de las personas mayores.
Igualmente, el Gobierno regional ha aprobado un gasto de 250.096 euros derivado de la deuda de modificación del convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torremocha del Jarama, para la atención a personas mayores en la residencia de este municipio. La modificación del convenio, vigente también hasta el próximo 31 de diciembre, viene derivada de la ampliación de 20 plazas (pasan de las 77 actuales a 97).
