La Comunidad de Madrid agiliza la convocatoria de selección de funcionarios interinos en la Administración de Justicia ante la falta de plazas por parte del Gobierno central. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión celebrada hoy un nuevo Decreto para nombrar al personal que ocupa temporalmente un puesto en esta área.
Madrid, 10 de septiembre 2025.- Esta norma regula el sistema de selección, nombramiento y cese del personal interino al servicio de la Administración de Justicia, ante la necesidad de realizar una nueva convocatoria de bolsas por parte del Estado, y que, en función de los principios de mérito y capacidad, garantice que el personal nombrado desempeñe sus funciones en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico implanta así una medida que vendrá a acelerar los procedimientos para reducir la temporalidad en el empleo público y garantizar a los ciudadanos el mejor servicio profesional y de calidad. Por ello, el Decreto incluye un sistema pionero de auto baremación digital para acelerar la tramitación en los procesos y formaciones específicas. Además, la nueva normativa vincula por primera vez las bolsas de interinos a los procesos selectivos, garantizando perfiles cualificados para cada puesto.
En la actualidad, aproximadamente el 26% de la plantilla de empleados de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid -7.328 puestos de trabajo en 569 centros- está compuesta por interinos. Un elevado porcentaje que muestra de la importancia de la necesidad de aportar soluciones a la escasa convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Función Pública, y que en ocasiones ha obligado a Madrid a recurrir a las Oficinas de Empleo para cubrir vacantes.
El Gobierno regional seguirá reclamando al Ejecutivo central más recursos humanos para la Administración de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó en su última memoria anual la necesidad de crear 127 plazas judiciales en la Comunidad de Madrid. El pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó la creación de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales, de las que tan solo nueve han sido destinadas a la capital.
